30 de noviembre 2023
Política
Samuel García empuja una narrativa legal con medias verdades
El gobernador desconoció la designación que hizo el Congreso de Nuevo León de Luis Enrique Orozco como sucesor interino
Por Redacción Magenta
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Samuel García desconoció la designación que hizo el Congreso de Nuevo León de Luis Enrique Orozco como gobernador interino.
El gobernador argumenta que el ex vicefiscal estatal es inelegible y que la mayoría del PRI y del PAN en el Poder Legislativo viola “sentencias y suspensiones” otorgadas para que se designe a una persona afín a Movimiento Ciudadano.
García está empujando una narrativa legal con medias verdades.
La primera parte de este argumento es discutible, de acuerdo a especialistas legales consultados por Código Magenta. El Artículo 118 de la constitución de Nuevo León estipula que son inelegibles para ser candidatos a gobernador los funcionarios del estado. Esta prohibición depende de una interpretación respecto a si este criterio se extiende a la definición del perfil del gobernador interino. No obstante, la restricción también inhabilitaría a Javier Navarro, el secretario de Gobierno que García pretende imponer como encargado de despacho.
La segunda parte del argumento de García es engañosa. Contrario a lo que sostiene el gobernador, las resoluciones que han emitido el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y la Suprema Corte de Justicia de la Nación no establecen ninguna obligación para que el interino sea un perfil vinculado a Movimiento Ciudadano.
Sin embargo, esta semana, Gabriel Domínguez Barrios, juez Tercero de Distrito en Materia de Trabajo de la Ciudad de México, concedió una suspensión provisional a Javier Navarro para que quede como encargado de despacho. La decisión estableció que el Congreso tuvo que haber designado al gobernador interino por unanimidad. La constitución estatal y las resoluciones que la Suprema Corte y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación han emitido al respecto no estipulan este requisito.
Javier Tejado, analista legal, argumenta que el hecho de que un juez laboral de la Ciudad de México interprete una sentencia de un asunto electoral que ya fue definido por el TEPJF y la Suprema Corte “es un escándalo” que debe ser atendido por el Consejo de la Judicatura Federal.