Juez laboral de la Ciudad de México ordena a Fuerza Civil evitar toma de posesión de gobernador interino de Nuevo León

¿Qué pasó?

• Un juzgado laboral de la Ciudad de México concedió una suspensión que ordena a Fuerza Civil defender la imposición de Javier Navarro, secretario de Gobierno de Nuevo León, como encargado de despacho de la gubernatura.

• La decisión también exige a la Secretaría de Seguridad Pública evitar que Luis Enrique Orozco, el gobernador interino designado por el Congreso local para el periodo de seis meses posterior al 2 de diciembre, tome posesión.

• El oficio publicado por Gabriel Domínguez Barrios, juez Tercero de Distrito en Materia de Trabajo de la Ciudad de México, está dirigido expresamente a Gerardo Palacio Pámanes, secretario de Seguridad Pública.

¿Por qué importa?

• La suspensión coloca a Fuerza Civil en una posición de conflicto con la policía ministerial, el cuerpo de seguridad que desalojó a la turba que irrumpió en el Congreso y que permitió reanudar la sesión en la que Orozco fue designado como gobernador interino.

• Este recurso legal acerca a Nuevo León a una situación en la que, a partir del 2 de diciembre, dos poderes en conflicto proclamarán a gobernadores legítimos distintos.

• Ante la inminente crisis constitucional, el Senado podría, con una decisión de mayoría calificada, declarar la disolución de poderes en Nuevo León. En este escenario, la Cámara de Diputados tendría que elegir a un gobernador provisional.

El contexto:

La suspensión representa una extensión de la protección “de los derechos políticos” que un juez laboral de la Ciudad de México emitió a favor de Navarro el miércoles en la mañana.

Los detalles:

• Samuel García, gobernador de Nuevo León, y Navarro insisten en que esta suspensión permite que Navarro asuma como encargado de despacho del Poder Ejecutivo de Nuevo León el 2 de diciembre.

• Dicha suspensión establece que el Congreso tuvo que haber designado al gobernador interino por unanimidad y con base en un criterio que favoreciera a un perfil afín a Movimiento Ciudadano. La constitución estatal y las resoluciones que la Suprema Corte y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación han emitido al respecto no estipulan ninguno de estos requisitos.

• Javier Tejado, analista legal, argumenta que el hecho de que un juez laboral de la Ciudad de México interprete una sentencia de un asunto electoral que ya fue definido por el TEPJF y la Suprema Corte “es un escándalo” que debe ser atendido por el Consejo de la Judicatura Federal.