Samuel, ¿cambio de dueño?

¿Cómo se puede castigar a quien mata a la vaca, sin darle también su castigo a quien le agarra la pata?

Eso pregúntenlo al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, después de conocer su resolución sobre el controvertido caso del origen y destino de los dineros en la campaña del gobernador electo de Nuevo León.

Después de largas deliberaciones, el magistrado ponente José Luis Vargas confirmó que Movimiento Ciudadano sí se benefició “de manera dolosa” de las transferencias millonarias e indebidas realizadas por la familia de Samuel García. La primicia la dio Milenio Diario.

Incluso, en su redacción, acepta que se orquestaron toda una serie de actos de simulación para triangular esos 14 millones de pesos al Comité Ejecutivo Nacional y a la campaña para la gubernatura.

Pero resulta que el magistrado Vargas concluye que esa responsabilidad “fue exclusiva” del Partido Naranja, pero no  del candidato ni de su familia. ¿Perdón? ¿En dónde nos perdimos?

Sin duda, por eso cinco de los siete magistrados del Tribunal Electoral, acabaron por rechazar la resolución y regresar al INE el expediente para que determine el alcance de las ilegalidades cometidas por Samuel García y su familia.

Aunque, al final del día, acabaron por proteger al gobernador electo de Nuevo León porque todos acordaron no dar vista de las ilegalidades a la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales.

Pero no hay forma de esconder el ilícito. Si el dinero sale de una empresa propiedad del padre y del candidato, si ese dinero se le entrega a la madre y a los hermanos del candidato y ellos sirven como testaferros -dicho por el INE- para enviar el dinero a Movimiento Ciudadano, solo existe una pregunta.

¿Cómo se puede concluir que la responsabilidad solo recae en el partido, que para librarla tendría que pagar una multa de 28 millones 53 mil pesos?

Movimiento Ciudadano, como partido, solo fue el receptor de esos dineros, pero no es el responsable de orquestar todo el entramado financiero para transferir los 14 millones de pesos a sus arcas.

Probado está, con Bancos identificados, cantidad de transferencias y montos de las mismas, que todo el enjuague para simular y triangular el envío del dinero vino de la propia familia del candidato y ahora gobernador electo.

¿Va a resultar, ahora, que todos ellos son unos Santos Barones y unas Santas Damas de la Caridad que fueron sorprendidos por el nefasto liderazgo de Movimiento Ciudadano, que dicho sea de paso, les regresó en especie a la campaña de Samuel García la mitad de esos dineros?

La sentencia del Instituto Nacional Electoral fue clara y contundente. En el envío y recepción de esos dineros de las empresas de la familia García Sepúlveda existió dolo, triangulaciones, simulaciones y testaferros.

El dolo no solo puede ser imputable al partido, pues las triangulaciones, las simulaciones y por supuesto los llamados testaferros no son otros que la madre y los hermanos de Samuel García.

Por eso no cuadra que el Tribunal Electoral acabe declarando que no puede votar sobre la posible anulación de la elección de Nuevo León.

Porque saca de la investigación y releva de toda culpabilidad a quienes le agarraron la pata a la vaca que mató su partido, Movimiento Ciudadano.

Pero el cuento de Nuevo León no termina en la muy cuestionable resolución. Faltará cerrar el círculo con la petición que hizo el mismo Instituto Nacional Electoral de revisar de dónde sacaron las empresas de la familia García Sepúlveda los dineros que le enviaron a Movimiento Ciudadano.

Tendrán que dar parte al SAT, a la Unidad de Inteligencia Financiera, a la Fiscalía General de la República y a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Ellos tendrán que determinar si ese dinero es de origen lícito o no. Ya hay suficientes avances al respecto.

Mientras tanto, más que la confirmación de un gobernador electo, estaríamos ante el nacimiento de un gobernador rehén, cuyo despeño y futuro dependerán de que esa espada de Damocles, que es revelar el origen de los dineros, no termine por cortarle la cabeza, ya sentado en la silla estatal.

Hoy el ratificado gobernador electo, Samuel García, será un gobernador muy útil para el presidente Andrés Manuel López Obrador y poco confiable para Movimiento Ciudadano. Y ni qué decir para los empresarios regiomontanos que lo apadrinaron y que ya se sentían sus dueños.

Pero lo más alarmante es que, con su resolución sobre el caso Nuevo León, el Tribunal Electoral deja abierta la puerta para sentar jurisprudencia de que cualquiera puede meter dinero en las campañas, porque el castigado siempre será el partido, sin nulidad de la elección, con una simple multa. Y eso despeja el camino para los narco-candidatos. ¿O no?