Salvando al soldado Gutiérrez

En el caso de Alejandro Gutiérrez, todas las partes han cometido algún pecado. Y todas tienen algo de razón.

¿El ex secretario general del PRI es un preso político? Sí.

¿La PGR le retiró los cargos a Gutiérrez en un momento en el que el gobierno federal está resolviendo los pendientes jurídicos de sus aliados políticos? También.

¿El gobierno de Javier Corral desacató la orden de un Tribunal Colegiado, violando el debido proceso y las garantías individuales de “La Coneja”? Sí.

¿El mismo juez federal que llevó el caso de Javier Duarte pidió el sobreseimiento del caso de Alejandro Gutiérrez a las autoridades de Chihuahua? También.

La historia es conocida: La Fiscalía de Chihuahua acusó al ex secretario general del PRI de participar en una red de corrupción que presuntamente desvió 250 millones de pesos de la tesorería estatal a las cuentas del PRI.

La trama involucra figuras de alto perfil político: A Manlio Fabio Beltrones, quien fue presidente nacional del PRI en ese momento; y a Luis Videgaray, quien en ese entonces fungía como secretario de Hacienda.

Javier Corral, el gobernador de Chihuahua, ha hecho hasta lo imposible para retener a Alejandro Gutiérrez en una prisión estatal.

Asimismo, la PGR también ha hecho lo imposible por recuperarlo, para que quede a disposición de un juez federal y no de un juez estatal, lo que implicaría su traslado a un penal controlado por el Gobierno de la República.

Corral sabe que la batalla jurídica está casi perdida. La Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió que la acusación principal del caso Gutiérrez deberá ser atendida por un juez federal. La PGR ya adelantó que le retirará los cargos imputados al ex secretario general del PRI, entre otras cosas, por las fallas que presentó el proceso de la Fiscalía de Chihuahua.

Fueron errores de primaria, como no dar acceso a las declaraciones de los testigos que inculpan a Gutiérrez o prohibirle visitas de cualquier tipo, lo que viola sus derechos.

Ante la inminente derrota jurídica, Corral ha llevado el litigio a otro frente, al campo de batalla de la opinión pública. El gobernador de Chihuahua ha hecho del caso Gutiérrez la primera prioridad de su administración. La fragilidad de los argumentos jurídicos de los fiscales estatales contrastan con la elocuencia y eficacia de la estrategia mediática de Corral.

La familia de Alejandro Gutiérrez decidió responder a las acusaciones públicas a través de una carta enviada a uno de los principales diarios de circulación nacional.

El documento, que no fue publicado por el destinatario, estipula lo siguiente: “La Fiscalía de Javier Corral no pudo presentar una sola prueba que involucrara a mi papá en el supuesto delito que cometió…Es un hecho público y notorio que Javier Corral construyó un Poder Judicial a modo para la satisfacción de sus intereses políticos (recordemos que removió ilegalmente al Tribunal Superior de Justicial y al Consejo de la Judicatura y que la Suprema Corte de Justicia de la Nación tuvo que corregirle su arbitrariedad)”.

Existe un consenso generalizado en la opinión pública y en la comentocracia respecto a que la PGR está completamente politizada. Su agenda es la del Presidente de la República. Pero lo que a muchos les parece menos obvio es que a final de cuentas será la Fiscalía del gobierno de Javier Corral la que terminará facilitando la inminente liberación de Alejandro Gutiérrez.

Nunca se sabrá si “La Coneja” fue culpable o no de los delitos que se le imputan. Eso se debe a que personajes de la vida pública, como Javier Corral, insisten en mezclar los tiempos jurídicos con los tiempos políticos.

Pese a que un juez federal ordenó su liberación, el gobierno de Chihuahua dice que Alejandro Gutiérrez permanecerá en la prisión estatal al menos hasta finales de este año.

Cuando se liberado, el caso quedará como una historia más en la que no se hizo justicia; en la que siempre hay víctimas de la lucha por el poder.  En este caso, entre Corral, el propio Presidente Peña Nieto, Beltrones, Videgaray y, probablemente, el hombre que ayudó al gobernador de Chihuahua a capturar a Gutiérrez, Miguel Ángel Osorio Chong, quien en diciembre del año pasado era el jefe máximo de la Policía Federal y uno de los aspirantes a la candidatura presidencial del PRI.