Rocío Nahle y el negocio de los 33 mil millones de dólares

La Secretaría de Energía, Rocío Nahle, está obligada a explicar por qué el gobierno de Andrés Manuel López Obrador está gastando 8 mil millones de dólares en construir la refinería de Dos Bocas, un proyecto que pretende garantizar la autosuficiencia energética y porque, a la vez, su oficina emitió ocho permisos exclusivos para que Pemex PMI pueda importar gasolina durante los próximos 20 años.

“Y con Dos Bocas, pues tener la autosuficiencia, nos va a faltar un poco, pero tenemos que producir nuestra gasolina en el país”.

El discurso de la secretaria de Energía exhibe una profunda contradicción por dos razones: número uno, porque Rocío Nahle habla de garantizar la autosuficiencia energética, como un medio para ajustar la balanza comercial del país, cuando prácticamente nadie considera que esto sea un riesgo macroeconómico relevante para México ni la Secretaría Hacienda ni el Banco de México, tampoco el Fondo Monetario internacional o algún banco de inversión.

Y número dos, porque el objetivo de autosuficiencia energética no está respaldado con acciones concretas de política pública, está sucediendo todo lo contrario. La Secretaría de Energía se ha convertido en la facilitadora de uno los negocios discrecionales del sector más importantes del sexenio Andrés Manuel López Obrador.

Tal como lo documentó el analista energético, vicepresidente de FTI Consulting, Pablo Zárate, el 24 abril de 2020, cuando muchas de las actividades regulatorias de la Secretaría de Energía estaban suspendidas por la pandemia, el despacho que dirige Rocío Nahle emitió ocho permisos para importar gasolina por 20 años.

Se trata de un contrato exclusivo a favor de PMI, el brazo comercial privado de Pemex. Formalmente, esta compañía no le rinde cuentas al consejo de administración de la petrolera, a la Secretaría de Energía, ni a la Secretaría de Hacienda, porque está incorporada como una empresa privada.

Durante años, PMI ha sido cuestionada por su opacidad, particularmente por su falta de transparencia en el negocio multimillonario de intermediación para la exportación de petróleo crudo y de su papel en operaciones como la compra fraudulenta de Agronitrogenados, que Pemex hizo AHMSA y a su presidente Alonso Ancira Elizondo.

Los ocho permisos que le fueron autorizados a PMI consideran un volumen de 900 mil barriles diarios; es decir, que una sola compañía tiene el visto bueno del gobierno mexicano para importar un volumen equivalente a 1.25 veces la demanda nacional de gasolinas. Estamos hablando de un negocio 33 mil millones de dólares al año.

La situación es todavía más grave dado que la Secretaría de Energía emitió un acuerdo en 2019 para limitar al mínimo la emisión de permisos de importación de gasolina a entidades privadas. Ese año, el gobierno de López Obrador sólo emitió una nueva autorización para Windstar Energy Resources, una compañía con sede fiscal en Ciudad Juárez, Chihuahua.

La Comisión Federal de Competencia (Cofece) ha levantado la voz para denunciar estas inminentes prácticas monopólicas, facilitadas desde la Secretaría de Energía.

Alejandra Palacios, comisionada presidente de la Cofece, argumentó que en el corto plazo, la falta de voluntad política del despacho de Rocío Nahle sólo podría ser contrarrestado con un pronunciamiento directo de la Secretaría de Economía, que ahora es presidida por Tatiana Clouthier y que incluye algunos asesores afines a las políticas de Alfonso Romo, ex Jefe de la Oficina de la Presidencia y un rival de la política de nacionalismo energético promovida por Nahle, Manuel Bartlett y Octavio Romero.

El conflicto de interés, la discrecionalidad, la falta de transparencia y la tendencia a favorecer el poder monopólico de las compañías del Estado, no son un caso exclusivo del negocio de importación de gasolinas, son la marca constante de la política energética del gobierno de Andrés Manuel López Obrador.