Rocha, libre; Ruffo, en prisión

Raúl Rocha Cantú y Ernesto Ruffo Appel tienen algo en común: ambos enfrentan acusaciones federales ligadas al huachicol fiscal. La diferencia es que el primero, un operador de los gobiernos de la Cuarta Transformación, está libre en Europa. El segundo, un ex gobernador panista de Baja California, se encuentra recluido en el Penal del Altiplano. Rocha Cantú obtuvo un amparo a modo que le permitió salir del país con total impunidad. Ruffo Appel ni siquiera tuvo el derecho a que su audiencia de imputación fuera pública, como la ordena la ley. Este contraste brutal exhibe que la justicia mexicana tiene dos criterios diferentes para procesar casos de presunta delincuencia organizada de alto perfil. La Cuarta Transformación acude a la máxima mexicana: “A los amigos, justicia y gracia; a los enemigos, la ley a secas”.

Raúl Rocha Cantú, el empresario de casinos que desde la Dirección de Juegos y Sorteos de la Secretaría de Gobernación construyó una de las redes de tráfico de influencias más poderosas del sexenio de Andrés Manuel López Obrador, esconde dos grandes secretos. El primero, el más obvio, es el de su paradero. Aunque no lo parezca, Rocha Cantú es un prófugo de la justicia. El segundo secreto, sin embargo, es el más importante: el manejo de una estructura de más de 50 casinos a lo largo y ancho de todo el país que fueron utilizados por el crimen organizado como un mecanismo de lavado de dinero.

Una decena de ex funcionarios, empresarios casineros y personas del círculo cercano de Rocha Cantú confirmaron a Código Magenta la ruta financiera y las maniobras políticas detrás de esta red. Un empresario de Tamaulipas, que asegura haber sido extorsionado por funcionarios de Gobernación comandados por Rocha Cantú, describe a esta constelación de casinos como uno de los mayores esquemas de blanqueo de capitales en todo México, una empresa al servicio de los cárteles en Tamaulipas, Sinaloa y Jalisco. Esa es la razón detrás de su impunidad, agrega una fuente de inteligencia.

¿Quién protege al “señor de los casinos”? La pregunta es obligada después de que el fin de semana emergió un video en el que Rocha Cantú aparece en el Boulevar Des Moulins, en Montecarlo, portando un reloj Patek Philippe con un valor superior a los 2 millones de pesos. Una estampa de total impunidad. De acuerdo al periódico Reforma, las imágenes fueron tomadas por la cuenta de Instagram “Class of Palm Beach”, cuando Rocha Cantú contaba con el blindaje del aparato judicial mexicano. En enero de 2026, Mario Jorge Melo Cardoso, Juez Primero de Distrito en Materia Penal de Nuevo León, le concedió un amparo para restituirle su condición como testigo protegido de la Fiscalía General de la República, un status que le fue garantizado por el ex fiscal Alejandro Gertz Manero, días antes de que presentara su renuncia. Este punto es fundamental porque existe la duda fundada de si el gobierno de México solicitó la emisión de una ficha roja de Interpol. De otro modo, Rocha Cantú habría sido aprehendido desde diciembre de 2025, cuando ingresó a Francia y fue captado en el Bar Vendome del Hotel Ritz en París. ¿Quién facilitó su salida de México y por qué?

La influencia de Rocha Cantú en los gobiernos de Morena es innegable. En Bucareli, se instaló como el jefe de facto de la Dirección de Juegos y Sorteos en colusión con el entonces subsecretario de Gobernación, Ricardo Peralta Saucedo, quien antes fungió como el primer administrador General de Aduanas del gobierno de López Obrador y quien entregó a Julio Carmona, hermano de Sergio Carmona, “El Rey del Huachicol”, el control de la Aduana de Reynosa.

La huella del “señor de los casinos” en el gobierno de López Obrador era amplia y profunda: Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad reportó que la Fiscalía General de la República asignó 30 contratos de servicios de seguridad por un monto total de 300 millones de pesos a SEICSA, una empresa que fue parte de la red de Rocha Cantú. El gobierno le encargó la custodia de las aduanas de Reynosa, Guaymas y Nogales. Adicionalmente, la Secretaría de Marina asignó contratos de seguridad del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México por 1,194 millones de pesos a SERPROSEP SA de CV y a Armour King SA de CV. Según MCCI, las firmas tuvieron como accionistas a Jorge Enrique Alberts Ponce, alias “Yoryi”, y a Sandalio Alfonso Sainz de la Maza Zúñiga, señalados por la Fiscalía General de la República como miembros de la organización criminal encabezada por Raúl Rocha Cantú. La dirección de ambas compañías es Séneca 350 en la Colonia Polanco, inmueble que es propiedad del hijo de Julia Abdalá Lemus, pareja de Manuel Bartlett. ¿Casualidad de la política o negocio pactado?

El caso de Rocha Cantú se ha convertido en un foco de discusión dentro de la 4T. El empresario regiomontano, ex dueño del Casino Royale y principal accionista del certamen Miss Universo, regresó a la escena pública cuando se revelaron sus presuntos nexos con Bernardo Bosch, alto ejecutivo de Pemex y padre de Fátima Bosch, la ganadora de Miss Universo. Días más tarde, la FGR hizo pública la acusación de delincuencia organizada en modalidad de tráfico de armas y trasiego de hidrocarburos contra Rocha Cantú. La trama está ligada al “Cártel de La Barredora”, la organización criminal con sede en Tabasco que presidía Hernán Bermúdez Requena, el ex secretario de Seguridad Pública estatal de la administración de Adán Augusto López. Una de las compañías al centro de la investigación federal por huachicol fiscal es Tabasco Capital SA de CV, una firma con importantes conexiones a empresarios del sector de hidrocarburos en Nuevo León.

En el gobierno de Claudia Sheinbaum y en la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Omar García Harfuch existe inconformidad con el manejo del caso Rocha Cantú y con la protección cabildeada por operadores políticos en el sexenio anterior. Recientemente, un juez revocó el amparo que se concedió al “señor de los casinos” para restituirle su condición de testigo protegido. No solo eso, la FGR anunció nuevos cargos contra Rocha Cantú por operaciones con recursos de procedencia ilícita. La Fiscalía lo acusa de dirigir una red de lavado por cientos de millones de pesos mediante más de 500 cuentas bancarias.

¿Esto implica que se acabó el manto de impunidad para Rocha Cantú? Eso está por verse. Por mucho menos que eso, por ser accionista de una empresa que otorgó su permiso de importación de hidrocarburos a terceros, Ernesto Ruffo Appel está en prisión. El proceso contra el ex gobernador panista ha sido totalmente irregular. Por su avanzada edad, debería seguir su causa desde prisión domiciliaria. En cambio, la presidenta de la República alienta el caso contra Ruffo desde la conferencia mañanera y la fiscal Ernestina Godoy lo etiqueta como la mente maestra detrás de la “mayor operación de huachicol fiscal” en México. Independientemente de que se deslinden responsabilidades contra Ruffo, esta declaración es falsa. Los verdaderos dueños y operadores siguen libres. Son intocables; igual que “el señor de los casinos”. Rocha y Ruffo: la diferencia es brutal.