Reforma administrativa: un cheque en blanco para la 4T

¿Qué pasó?

Con base en un criterio de “interés público”, Presidencia envió una iniciativa de ley a la Cámara de Diputados que ofrece facultades discrecionales al gobierno federal para terminar contratos, limitar indemnizaciones, revocar actos administrativos y controlar licitaciones públicas.

¿Por qué importa?

El proyecto de decreto pretende modificar 23 leyes “para fortalecer a la Administración Pública Federal (APF)”, lo que permitiría al gobierno federal terminar de manera anticipada y unilateral un contrato, sin resarcimiento de daños.

El contexto:

La iniciativa en cuestión arribó a San Lázaro el pasado 24 de marzo y debido a que no requiere mayoría calificada, la bancada de Morena y sus aliados no tendrán problemas en aprobarla en las próximas semanas.

Los detalles:

• En general, la propuesta enviada a la Cámara de Diputados y firmada por el presidente Andrés Manuel López Obrador prevé incluir “obligatoriamente” en todos los contratos nacionales, tanto de adquisiciones como de obra pública, una “Cláusula Exorbitante” o de terminación anticipada.

• “Salvo en los casos previstos en otras leyes, no procede el resarcimiento de daños o perjuicios cuando: La revocación o terminación anticipada se motive en hechos o actos de interés público, general o social, o en la preservación de los bienes comunes, o en la seguridad o integridad de las personas e instituciones nacionales”, se lee en el proyecto de artículo 11 Bis para la Ley Federal de Procedimientos Administrativos, replicado por Reforma.

• Dentro de la exposición de motivos se argumenta que dicha reforma contribuirá al cumplimiento de tres objetivos: dar marcha atrás a posibles actos de corrupción; prevenir actos lesivos al interés público o que pudieran causar un daño al Erario y fortalecer la Administración Pública Federal.

• La iniciativa presidencial también busca poner límites a los montos relacionados con el pago de indemnizaciones -como resultado de procedimientos jurisdiccionales o arbitrales- y evitar “reclamaciones fraudulentas o desproporcionadas” en contra del Estado mexicano, tanto en tribunales arbitrales nacionales como extranjeros.

• “En 2020, en procedimientos de arbitraje contra el Estado mexicano iniciados en años anteriores, se ordenó el pago de cerca de 4 mil 271 millones de pesos, a valor actual, como indemnización a empresas privadas, suma que equivale a 10 veces el presupuesto de la Dirección General de Epidemiología de la Secretaría de Salud para ese año”, añade la iniciativa en referencia a estudios de organizaciones civiles que han revisado el tema en cuestión.

• De acuerdo con reportes de El Economista, la iniciativa contiene citas del Nobel de Economía, Joseph Stiglitz y una lectura crítica informada de la corriente de pensamiento ‘New Public Management’, donde se afirma que más allá de las formas, en el fondo “la apuesta es darle más poder al Estado mexicano, más facultades al Ejecutivo Federal y una mayor vulnerabilidad de los particulares frente a los actos de Estado”.