¿Qué sigue en el caso Gutiérrez?

El caso de Alejandro Gutiérrez prometía ser la primer ficha de un largo dominó de corrupción que desencadenaría una sucesión de eventos judiciales similar al “Lava Jato” en Brasil.

Sin embargo, el proceso legal que enfrenta el ex secretario general adjunto del PRI por la presunta triangulación de 250 millones de pesos de la Tesorería del gobierno de Chihuahua a cuentas vinculadas con ese partido quedó prácticamente cerrado.

La PGR retiró los cargos contra Gutiérrez, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público se deslindó del caso y el Poder Judicial de la Federación resolvió que el gobierno de Chihuahua no tiene carácter de parte en el proceso.

La administración de Javier Corral se quedó sin opciones legales dentro del país. Por eso, el gobernador de Chihuahua anunció que acudirá ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para acusar la obstrucción de la justicia de parte de la PGR y el Presidente Enrique Peña Nieto en el caso Gutiérrez.

Durante los nueve meses en los que el ex secretario general adjunto del PRI estuvo internado en un penal de Chihuahua, Corral denunció que existía un complot en el gobierno federal para liberar a Gutiérrez.

Uno de los argumentos centrales del gobernador fue que el mismo juez que ordenó la liberación de Alejandro Gutiérrez, Marco Antonio Fuentes Tapia, fue quién sentenció a Javier Duarte. Anteriormente, Corral había expresado su descontento por el hecho de que el juez Gerardo Moreno García, quién emitió la resolución de sobreseimiento del caso Gutiérrez, fue el mismo que originalmente atendió el juicio del ex gobernador de Veracruz.

Para Corral, estas no son meras coincidencias políticas; son la prueba fehaciente de que la liberación de Alejandro Gutiérrez fue cabildeada desde el más alto nivel político.

No obstante, la defensa de “la Coneja” insiste en que la Fiscalía de Chihuahua nunca presentó evidencia que sostuviera su acusación. Más aún, el abogado Antonio Collado calificó a su cliente como un preso político que fue víctima de las arbitrariedades y abuso de poder del gobernador Corral. Incluso se denunció que Alejandro Gutiérrez fue torturado física y psicológicamente.

Collado ha sido enfático en que su cliente se reserva el derecho a tomar acciones legales contra el gobernador de Chihuahua, el Fiscal General del Estado y el director del penal en el que Gutiérrez estuvo internado.

Los abogados del ex secretario general adjunto del PRI pidieron desde hace meses la nulidad del proceso en contra de Alejandro Gutiérrez porque los fiscales ocultaron la identidad de testigos protegidos, no presentaron actas constitutivas de las empresas que supuestamente recibieron dinero del erario, violentaron el principio de exacta aplicación de la ley penal y omitieron ministerialmente la explicación de cómo se involucró “la Coneja” en un esquema de desvíos.

Alejandro Gutiérrez todavía tiene un caso abierto por el presunto peculado de 1.7 millones de pesos por servicios no prestados de la empresa “Jet Combustibles SA de CV”. Antonio Collado, su abogado, refirió que, al igual que el caso del que ya fue exonerado, esta acusación solo se basa en la declaración de testigos protegidos. Además, sostiene que no hay evidencia que relacione a Gutiérrez con esta empresa.

Aunque está utilizando un geo-localizador, “la Coneja” se encuentra en libertad en un domicilio de Chihuahua. Las autoridades le han prohibido salir del estado de manera indefinida.