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20 de abril 2021

Política

¿Qué pasó con Lozoya?

Alonso Ancira está libre. El presunto fraude de Fertinal no se ha judicializado. El caso Odebrecht solo ha derivado en una sola vinculación a proceso, la de Jorge Luis Lavalle. ¿Esto amerita la inmunidad judicial para Emilio Lozoya, testigo estrella de la FGR?

Por Redacción Magenta

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¿Qué pasó?

El empresario Alonso Ancira, ex dueño de Altos Hornos de México (AHMSA), consiguió su libertad después de comprometerse a pagar 216.6 millones de dólares (mdd) como reparación del daño por la compra-venta de Agronitrogenados, cuando Emilio Lozoya era director de Pemex.

¿Por qué importa?

  • De manera paralela, el acuerdo de 635 mdd de Pemex-Fertinal está siendo investigado en relación a un presunto fraude contable y operación de lavado de dinero en México y Estados Unidos, de acuerdo con el Wall Street Journal, que involucraría al ex director y ex socio mayoritario de Fertinal, Fabio Covarrubias Piffer.
  • Hasta el momento, el caso no se ha judicializado y tampoco hay personas imputadas. Sólo basta mencionar que Édgar Torres Garrido, ex asesor de Emilio Lozoya y ex director de Pemex Fertilizantes, fue inhabilitado y multado con 25 millones de pesos por la Secretaría de la Función Pública.

¿Y en el caso de Odebrecht?

  • El tiempo se le acaba a la Fiscalía General de la República (FGR) y la paciencia también, pues a más de un año de la detención de Lozoya por el caso Odebrecht, apenas se había podido vincular a proceso a Alonso Ancira y recientemente al ex senador panista Jorge Luis Lavalle Maury, quien todavía sigue preso.
  • De los más de 70 ex funcionarios, políticos y ex legisladores, entre los que se encuentran tres ex presidentes y tres actuales gobernadores, denunciados el año pasado por Lozoya Austin, apenas el de Lavalle ha sido judicializado, por lo que según reportes, el fiscal Alejandro Gertz Manero “no está feliz”.

El contexto:

  • Emilio Lozoya fue detenido el 12 de febrero del año pasado, en una residencia de lujo ubicada en Málaga, España. Tras pasar cinco meses en una cárcel de Madrid, fue extraditado a México, a donde llegó el 17 de julio y desde entonces, a la fecha, no se ha resuelto su situación legal por los crímenes que se le imputan.
  • En tanto, Ancira arribó a México a principios de febrero y se le imputó prisión preventiva acusado de lavado de dinero, cohecho y defraudación fiscal. Hoy está libre tras llegar a un acuerdo con Pemex y la FGR con el pago de 216.6 mdd.
  • En el caso de Lavalle Maury, este fue vinculado a proceso por los delitos de asociación delictuosa, cohecho y lavado de dinero, sin derecho a fianza, por lo que actualmente se encuentra recluido en prisión. El próximo 13 de julio se realizará una nueva audiencia para desahogar las investigaciones complementarias.

Los detalles:

  • De acuerdo con el periodista Raymundo Riva Palacio, el llamado ‘testigo estrella’ de la FGR, Emilio Lozoya no está dando los resultados esperados, por lo que el fiscal Alejandro Gertz Manero alista una nueva estrategia para dar un golpe de timón al caso.
  • Según Riva Palacio, la detención del ex senador panista, Jorge Luis Lavalle, se dio “después de actos ilegítimos y probablemente ilegales” para mantenerlo en prisión a fin de poder convencerlo “de que se acoja al criterio de oportunidad y denuncie a sus correligionarios, porque lo entregado por Lozoya no es suficiente”.
  • Lo anterior se logró después que de manera ilegal, el hermano del ex director de Pemex, Juan Jesús Lozoya, difundiera en redes sociales un video en el que se veía a Rafael Caraveo, colaborador muy cercano al ex senador, recibiendo bolsas de dinero, presuntamente para compensar a legisladores del PAN por la aprobación de la Reforma Energética de 2013.
  • “La estrategia estaba condicionada al manejo mediático del caso, que le permitiera al presidente capitalizar políticamente las acusaciones. Las cosas, sin embargo, se salieron de control, por acciones unilaterales de Lozoya, como el caso del video”, refirió Riva Palacio en su columna de El Financiero.
  • Por ahora, la desconfianza de Gertz sobre Lozoya ha ido en aumento y se le agotan las opciones para poder acogerse al criterio de oportunidad, pues el artículo 256 del Código Nacional de Procedimientos Penales dicta que para hacer efectivo este instrumento se necesita denunciar un delito más grave del que se está acusado, situación que al momento no se ha cumplido en el caso Lozoya.
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