¿Qué espera Arturo Zaldívar?

¿Qué pasó?

A pesar de la gran cantidad de asuntos pendientes que tiene la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), el ministro presidente Arturo Zaldívar, aseguró que no hay intención alguna de aplazar la resolución de casos relevantes de interés público.

¿Por qué importa?

Desde finales de 2018 a la fecha se han acumulado una serie de controversias y acciones que han impugnado reformas y políticas del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, sin que hasta el momento hayan sido incluidas en la lista para ser discutidas en el Pleno de la Corte.

El contexto:

• De acuerdo con El Financiero, el máximo órgano de justicia del país tiene pendientes al menos 69 controversias constitucionales y 26 acciones de inconstitucionalidad, promovidas contra disposiciones de la 4T.

• La más reciente fue la controversia constitucional promovida por el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), en contra del acuerdo que declara como “de seguridad nacional e interés público” las obras y proyectos del gobierno federal.

Los detalles:

• Al inaugurar el primer periodo de sesiones de la Suprema Corte, el ministro Arturo Zaldívar rechazó exista alguna intención de retrasar la resolución de asuntos de interés público, como la discusión sobre la consulta de revocación de mandato por la que el INE ha solicitado mayor presupuesto a la Cámara de Diputados.

• “La cantidad de asuntos que debemos atender es enorme, por lo que no existe ninguna intencionalidad de diferir el conocimiento de asuntos relevantes, sino simplemente las cargas de trabajo propias del Tribunal Constitucional”, indicó Zaldívar Lelo de Larrea en declaraciones recabadas por Reforma.

• Inclusive, el ministro presidente explicó que hay asuntos relevantes que no han podido enlistarse para discutirse en el Pleno, debido a que los ministros encargados de la instrucción del juicio aún no han presentado su respectivo proyecto de sentencia.

• Además, se comprometió a garantizar que la Suprema Corte resuelva los asuntos en cuestión con la debida imparcialidad, “más allá de que las sentencias gusten o no, según la coyuntura política”.

Principales acciones de inconstitucionalidad promovidas contra decretos del gobierno federal:
1. Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos.
2. Reformas a Ley Orgánica de la APF (Creación de “superdelegados”).
3. Ley de la Guardia Nacional.
4. Ley Nacional del Registro de Detenciones
5. Ley General del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros
6. Ley Federal de Austeridad Republicana.
7. Nueva Ley Federal del Derecho de Autor.
8. Reformas del Código Penal Federal en materia de piratería
9. Decreto reforma diversas leyes sobre extinción de fideicomisos
10. Reforma que mantiene impuestos por enajenación de productos de gestión menstrual.
11. Reforma sobre militarización de puertos (aduanas)
12. Reforma a diversas leyes en materia de prisión preventiva oficiosa.
13. Reformas a la Ley de la Industria Eléctrica.
14. Padrón de datos biométricos.
15. Ley de la Fiscalía General de la República.
16. Reformas a la Ley de Hidrocarburos.
17. Ley Orgánica de la Armada de México.
18. Ley Federal de Consulta Popular.

NOTA: De acuerdo con un recuento de la consultora Integralia, dichas acciones fueron promovidas por la CNDH, el INAI, partidos políticos como PAN, PRI, PRD, Movimiento Ciudadano, además de senadores y diputados de minoría

Principales decretos impugnados vía controversias constitucionales:
1. Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos.
2. Presupuestos de Egresos de la Federación de los ejercicios fiscales 2019 2020, 2021 y 2022.
3. Reformas a la Ley de Coordinación Fiscal.
4. Ley de Austeridad Republicana.
5. Decreto de “militarización” de seguridad pública (Guardia Nacional).
6. Decreto de reforma diversas leyes sobre extinción de fideicomisos.
7. Decreto de eliminación de tiempos fiscales de Radio y TV.
8. Reformas a la Ley de la Industria Eléctrica.
9. Declaración de procedencia del gobernador de Tamaulipas.
10. Padrón de datos Biométricos.
11. Ley transparencia en contratación de publicidad.
12. Acuerdo infraestructura seguridad nacional e interés público (aún no es presentada, pero ya fue anunciada).

NOTA: La consultora Integralia reportó que los recursos fueron promovidos por organismos constitucionales autónomos como la CNDH, el INE, INEGI, INAI, Banco de México, IFT y Cofece, así como los gobiernos de entidades federativas como Aguascalientes, Chihuahua, Coahuila, Guanajuato, Michoacán, Tamaulipas, Nuevo León y Jalisco.