Presidente, no calles

El presidente Andrés Manuel López Obrador está obligado a salir públicamente y condenar el crimen a la democracia en Baja California.

El que Jaime Bonilla y su partido Morena lograran manipular al Congreso local para extenderle de dos a cinco años el período de gobierno es un atentado contra el voto ciudadano.

Es por eso, que el inquilino del Palacio Nacional no puede excusarse y dejarle “a las autoridades correspondientes” el destrabar el conflicto político en que lo involucraron los suyos.

Porque Jaime Bonilla es de Morena, su partido, que dirige Yeickol Polevnsky y quien por las evidencias avaló la colusión para consumar lo que no solo es condenable sino indefendible.

Una y otra vez, en inumerables casos similares de colusión política, el presidente López Obrador recurre a la justa frase de “será legal, pero no es moral”.

Y en el caso del asalto a la democracia en Baja California, el pasar por encima de la voluntad del pueblo, comprando las voluntades de la mediocre oposición que sobrevive en este país para hacerle un favorcito a Morena, ni es legal y mucho menos es moral.

Y aquí Yeickol Polevnsky tiene mucho que aclarar. Si no fue cómplice tendría que sacudirse al presidente de Morena en Baja California y lejos de apoyar con declaraciones de humo, condenar abiertamente el pacto inconfesable.

Porque si Morena tenía solo tres diputados locales en el congreso bajacaliforniano, estaba muy lejos de operar en solitario el voto ilegal y la ampliación del mandato de su gobernador.

Y si la oposición era mayoría, la única respuesta al servilismo y docilidad de los legisladores priistas y
panistas, es que sus votos fueron comprados con favores –políticos, personales o económicos- para favorecer a quien de facto es su rival.

¿Se consultó este aberrante entreguismo con los líderes Claudia Ruiz Massieu, del PRI, y Marko Cortés, del PAN? No lo creemos.

Sería muy estúpido, políticamente hablando, que el PRI y el PAN renunciaran a recuperar en dos años el poder en Baja California, para regalarle tres años más en la silla al gobernador morenista.

Por donde se le vea, la decisión a favor de Jaime Bonilla es un contrasentido. Ni Morena, ni el PRI, ni el PAN, ganan exhibiéndose como una triada conspiratoria contra la voluntad ciudadana.

Pero quien más sale perjudicado con esta infame charada es el presidente Andrés Manuel López Obrador y su gobierno de la Cuarta Transformación.

Primero, porque obliga al mandatario a entrar como árbitro moral en algo que a todas luces es inmoral. Si juró como presidente defender el Estado de Derecho, esto está muy chueco.

Y si guarda silencio cómplice, dejará correr la especie muy difundida por sus detractores, de que tiene tentaciones de prolongar su estadía en Palacio Nacional.

Y segundo, porque el debate de Baja California sepulta su logro de retirar a Carlos Lomelí como superdelegado en Jalisco, que vino a demostrar que sí escucha.

Sea como fuere, el presidente López Obrador no puede callar. Está obligado salir a condenar y obligar desde su poder a regresar el reloj para que en Baja California se respete la voluntad popular.

Hasta ahora las únicas voces sensatas son las de Porfirio Muñoz Ledo y Tatiana Clouthier, quienes llaman a darle marcha atrás al absurdo o de lo contrario, como justamente propone el legislador, decretar la desaparición de poderes en Baja California.

No basta que en una mañanera el presidente López Obrador se deslindara de la oscura negociación. Como jefe de la nación, pero sobre todo líder moral de Morena, es obligado que condene. Sería un pésimo augurio si no lo hiciera.