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22 de enero 2019

Política

Odebrecht acusa

Luego de admitir que dio sobornos a exfuncionarios del gobierno mexicano, Odebrecht se queja de ser víctima de una estrategia para inhibir la investigación de los actos de corrupción que denunció y que no se han castigado por las autoridades de México

Por Lourdes González

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México y Venezuela son los únicos países en los que el caso Odebrecht no ha derivado en detenciones de alto perfil. La constructora brasileña ha aprovechado esa coyuntura para denunciar al gobierno de Enrique Peña Nieto de encubrir la investigación.

Una queja de Odebrecht, que fue presentada por Joao Henrique Andrade Araujo Horst, apoderado de la compañía, ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) hizo señalamientos contra 12 funcionarios del sexenio de Enrique Peña Nieto.

El escrito que fue citado por el diario Reforma, reveló que entre los funcionarios del pasado sexenio están los titulares de la PGR, y de la Función Pública, Alberto Elías Beltrán y Arely Gómez, respectivamente, a quienes vinculó con una estrategia para inhibir la investigación de  los actos de corrupción que denunció y de los cuales en México no ha habido sanciones.

Según el documento fechado el tres de diciembre pasado, la empresa, con base en los acuerdos con autoridades de Brasil y Estados Unidos, ha mostrado disposición de colaborar con las investigaciones de hechos de corrupción que han sido denunciados.

La constructora brasileña se quejó de que las autoridades mexicanas sólo iniciaron indagatorias administrativas y sanciones a Odebrecht, por temas que son absolutamente ajenos a las investigaciones de cohecho.

De acuerdo con la denuncia, la Secretaría de la Función Pública inició investigaciones en su contra sin incluir a los funcionarios, usó pruebas ilícitas, le sancionó sin tener facultades, le impuso dobles multas y no citó testigos de descargo.

El proceso que enfrenta Odebrecht ante las autoridades mexicanas involucra a la Constructora Norberto Odebrecht (CON), así como a Odebrecht Ingeniería y Construcción Internacional de México y sus ejecutivos, a quienes se les inició ocho procedimientos administrativos de sanción, de los cuales dos se acumularon y al final quedaron seis.

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