FGR investiga “Huachi-Refinería”

Por Rodrigo Carbajal y Ramón Alberto Garza

Estas son las imágenes más recientes de lo que era la Huachi-Refinería de Nuevo León, una infraestructura clandestina que llegó a producir 10 mil barriles diarios de combustible y que ha facturado más de 5 mil millones de pesos desde que Andrés Manuel López Obrador asumió el poder. Ezequiel González Duelos y Ramiro Gándara Martínez, los dueños y operadores de la refinería, ordenaron el desmantelamiento de la instalación. ¿La razón? La red de empresas factureras que respaldan la venta de diésel en el mercado negro está en el centro de una investigación federal contra el huachicol fiscal.

Código Magenta tuvo acceso exclusivo a un oficio de la Fiscalía General de la República que nombra a 353 personas físicas, empresas transportistas, compañías comercializadoras de hidrocarburos, firmas estadounidenses y agencias aduanales como objeto de interés de una carpeta de investigación de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO). La primera empresa de la lista es Mapror de Hidrocarburos SA de CV, una compañía satélite de Energy Refinados, la firma nuclear detrás de las actividades de comercialización de la Huachi-Refinería y de la importación ilegal de crudo desde Estados Unidos. Mapror de Hidrocarburos SA de CV funge como una empresa facturera para simular transacciones de venta de diésel a favor de Energy Refinados, de acuerdo a una persona con conocimiento de la operación. Entre el 2019 y el 2026, Energy Refinados transfirió más de 154 millones de pesos a Mapror de Hidrocarburos SA de CV.

El oficio de la Fiscalía General de la República está firmado por el agente del ministerio público Jessar Gamaliel Miranda Palacios y tiene como destinatario a Edna Patricia Cepeda Morales, titular del Centro Federal de Inteligencia Criminal. El documento, fechado el 24 de septiembre de 2025, incluye a prominentes nombres de la trama del huachicol fiscal: Portacelis Oil and Gas, la firma asociada a las actividades del empresario Amílcar Olán; Ingemar SA de CV, la compañía involucrada en el trasiego de hidrocarburos a través del buque Challenge Procyon en el puerto de Tampico; Maquiladora de Lubricantes, cuyo dueño fue detenido el mes pasado como parte de un operativo contra una red de “petrofactureros”; Ikon Midstream LLC, la compañía que fue cateada en Houston a petición del FBI y de Homeland Security Investigations; Mefra Fletes, una empresa de transporte que las autoridades ligan con la red de huachicol del Cártel Jalisco Nueva Generación; entre otras compañías.

A pesar de ello, la empresa número uno de la lista es una de las terminaciones corporativas de la Huachi-Refinería de Cadereyta, Nuevo León. Es decir, un grupo de jovenes de poco más de treinta años, con conexiones políticas y criminales, se convirtióen uno de los blancos principales de la agencia de procuración de justicia del Estado mexicano. El monto de la operación, que podría alcanzar hasta 8 mil millones de pesos en ingresos en el mercado negro al año, no es para menos.

Paradójicamente, Mapror de Hidrocarburos SA de CV, la número uno de la lista de la FGR, no es la empresa más relevante dentro de la red de facturación que Energy Refinados construyó para simular operaciones. De hecho, es el eslabón menos importante. La ingeniería financiera detrás de la Huachi-Refinería se configura a partir de la relación de seis compañías. Al centro, como fachada de la operación, se encuentra Energy Refinados. Desde 2019, esta empresa nuclear ha transferido 688 millones a Comercializadora de Combustibles CMPA México SA de CV; 1,500 millones de pesos a Reciclador e Óleo; 1,913 millones de pesos a Comercializadora de Petrolíferos CMPA México; 154 millones de pesos a Mapror de Hidrocarburos SA de CV; 206 millones de pesos a Petro Servicios del Norte SA de CV; y 704 millones de pesos a diversas casas de bolsa que les permitieron comprar dólares para adquirir combustible en Estados Unidos, sin permiso de importación. Código Magenta tuvo acceso a copias de los registros fiscales de estas transacciones.

La operación implicó la compra de protección política. Reciclador e Óleo es otra compañía que, al igual que Energy Refinados, hizo una transferencia millonaria en 2023 a Servicios y Premezclados Forte, la empresa en la que Fernando Bilbao Arrieta es accionista. Bilbao Arrieta es yerno de la ex secretaria de Energía a nivel federal, Rocío Nahle. En 2024, registró ingresos ante el SAT por más de 100 millones de pesos, en su mayoría provenientes de empresas del ramo de hidrocarburos que recibieron permisos de importación o comercialización de combustible de parte de la Comisión Reguladora de Energía, en el sexenio de Andrés Manuel López Obrador. La protección a la Huachi-Refinería tenía escala local, con el padrinazgo de Marcelo Flores Serna, el delegado especial de la asamblea que instaló a Ramiro Gándara Martínez como administrador único de Energy Refinados. Flores Serna es hermano de Miguel Flores Serna, el secretario de Gobierno de la administración de Samuel García, en Nuevo León. Sin embargo, el blindaje federal se logró a través de Bilbao Arrieta.

Los operadores de la Huachi-Refinería triangulaban operaciones con Petro Servicios del Norte SA de CV, una compañía de fletes bajo su control que cuenta con una flotilla de 300 tractocamiones con pipas valuada en 600 millones de pesos. Los activos se encuentran resguardados en un patio de Reynosa, Tamaulipas. En mayo de 2024, Petro Servicios del Norte SA de CV solicitó un permiso de transporte de hidrocarburos por “medios distintos a ducto de petrolíferos”. La Comisión Nacional de Energía le otorgó la autorización por 14 años en septiembre de ese mismo año. 

La Huachi-Refinería de Nuevo León, comandada por Ezequiel González Duelos y por Ramiro Gándara Martínez, no es una simple operación de refinación artesanal. Se trata de la máxima expresión de la economía criminal del huachicol fiscal. Los sobornos y componendas con agencias de seguridad, la protección política y los mecanismos de lavado de dinero son el retrato brutal de una nueva clase empresarial en Nuevo León que ha hecho de la criminalidad su principal negocio. Un reporte de inteligencia revisado por Código Magenta señala que, en el caso de la refinería clandestina, el petróleo crudo era recibido de tres fuentes. Las tres, vinculadas con los cárteles.

Primero, la red de Joaquín “El Chimuelo” Arzate, uno de los principales operadores de huachicol tradicional en Cadereyta. El 29 de mayo de 2026, la Fiscalía General de la República, a través de la Fiscalía Especializada de Control Regional en Nuevo León, en coordinación agencias federales y con la Secretaría de la Defensa Nacional, aseguraron más de un millón de litros de combustible clandestino. El aseguramiento fue registrado en un predio sobre el libramiento Alfonso Martínez Domínguez, a escasos kilómetros de la huachi-refinería.

Fuentes federales sostienen que el operativo fue parte de una ofensiva contra la red criminal de Joaquín Arzate. El año pasado, el brazo paramilitar de “El Chimuelo” registró importantes enfrentamientos armados con el Cártel del Noreste en Los Rayones, Nuevo León. El crecimiento económico de Arzate explica el interés del Cártel del Golfo y del Cártel Jalisco Nueva Generación en los territorios rurales de Nuevo León, de acuerdo a una fuente de inteligencia. Arzate vende el litro de crudo a la Huachi-Refinería por 2.2 pesos el litro. El producto procesado se vende en el mercado negro a 17 pesos. El margen es brutal.

El segundo proveedor más importante de crudo de la Huachi-Refinería es identificado como “un grupo criminal basado en Hidalgo, Tamaulipas”. Se refiere a la Columna Armada Pedro J. Méndez, un brazo paramilitar del Cártel del Golfo que controla diez municipios completos en Tamaulipas y que participa en operaciones de huachicol tradicional. Recientemente, su líder, Octavio Leal Moncada, fue detenido por autoridades federales en Nuevo León en relación a una orden de aprehensión por delincuencia organizada.

Finalmente, el tercer proveedor de crudo de la operación de Energy Refinados está vinculada a la red de César Morfín Morfín, alias “El Primito”, un antiguo lugarteniente del Cártel del Golfo que ahora dirige una importante red de trasiego de combustible a nombre del Cártel Jalisco Nueva Generación. Morfín fue sancionado por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos en 2025.

El gobierno de Estados Unidos considera que el huachicol fiscal se ha convertido en la segunda fuente de financiamiento de los cárteles. El mes pasado, quince agentes de Estados Unidos citaron a funcionarios mexicanos de primer nivel a una reunión en la Embajada de Washington en la Ciudad de México. Uno de los temas prioritarios del encuentro fue el combate al huachicol fiscal. Apenas el mes pasado, un senador republicano, John Cornyn de Texas, y una senadora demócrata, Jacky Rosen de Nevada, introdujeron una nueva legislación que eleva el nivel de escrutinio de las agencias de seguridad de Estados Unidos contra el contrabando de combustible hacia México.

La radiografía financiera y criminal de la Huachi-Refinería sugiere que Energy Refinados representa atinadamente ese puente entre la política, el sistema financiero y los cárteles que describen en Washington cuando se habla de huachicol y de huachicol fiscal. Este es un negocio de miles de millones de pesos al año, dinero y recursos de origen ilícito que han permitido amasar un imperio inmobiliario en San Pedro Garza García, Nuevo León. Los detalles, en el próximo capítulo de esta serie de investigación de Código Magenta.