¿Nexos de Morena con el Cártel de Sinaloa?

¿Qué pasó?

Una investigación de la Secretaría de la Defensa Nacional citada por el portal Eme Equis revela presuntos vínculos del senador José Ramón Enríquez con un operador que responde a las órdenes de un clan asociado a Ismael “Mayo” Zambada, uno de los fundadores del Cártel de Sinaloa.

¿Por qué importa?

El caso ligado al senador Enríquez Herrera no sería el primer nexo de Morena con este cártel. Reportes citados por el periodista Héctor de Mauleón refieren que grupos del crimen organizado secuestraron a miembros del PRI durante la jornada electoral en la que el morenista Rubén Rocha Moya resultó ganador.

El contexto:

• En enero pasado, la coalición PRI-PAN-PRD presentó un reporte ante la OEA y la CIDH sobre la presunta intervención del crimen organizado en las elecciones federales de 2021. En el expediente se denuncia la imposición de candidatos, el uso de la violencia como mecanismo de presión y la operación territorial de los cárteles de la droga.

• Previo al proceso electoral, el hoy ex gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles, dijo tener pruebas de que el triunfo de Morena en el estado se había fraguado con ayuda del crimen organizado.

Los detalles:

• Un reporte del portal Eme Equis dio a conocer la investigación realizada por la Secretaría de la Defensa Nacional, en la que se cita al senador por Morena, José Ramón Enríquez, como cómplice del clan de los Cabrera Sarabia.

• Dicha organización criminal, que se habría ganado la confianza de los fundadores del Cártel de Sinaloa (Joaquín “El Chapo” Guzmán e Ismael “El Mayo” Zambada) para el trasiego de heroína y marihuana, tendría como “modus operandi” el cooptar a políticos de alto nivel tanto de Durango como de Chihuahua.

• Según el documento de la Sedena, en poder de Eme Equis, el grupo estaría integrado por los hermanos Felipe (alias “El Inge”, “El Ingeniero”, “El Señor de la Sierra” y “El Rey de la Heroína”), preso en Estados Unidos desde 2011; Alberto, Alejandro y José Luis, “El 300”, este último, actual cabecilla de la banda.

• Sin embargo, Gerardo Soberanes Ortiz, alias “El G-1”, era el principal operador de la familia Cabrera Sarabia y quien fuera presentado en julio de 2016 como “su compadre” por el hoy senador José Ramón Enríquez Herrera, luego de que este ganara la elección como presidente municipal de Durango.

• La investigación federal refiere que siendo alcalde electo, Enríquez Herrera convocó a panistas, perredistas y hasta militantes de Movimiento Ciudadano a una reunión de trabajo en el Hospital de Especialidades, ubicado en el centro de la capital duranguense.

• En ella se encontraba Alma Leticia Reyes Guerra, quien tras el asesinato de su padre y candidato a presidente municipal en San Dima, ocupó dicho cargo tres años antes. Según sus declaraciones, José Ramón Enríquez presentó al “G-1” como uno de los principales financiadores de las campañas de los citados políticos.

• Sin precisar una fecha, la indagatoria de la Sedena agrega que el vínculo entre el “G-1” y Enríquez Herrera se remonta desde que este último fuera ex secretario de Salud en Durango y recibiera del primero un préstamo para concluir la construcción del mencionado hospital de Especialidades.

• Asimismo, personal de inteligencia documentó en octubre de 2018 que el hoy morenista recibió a la esposa del “G-1”, en el Aeropuerto Internacional ‘General Guadalupe Victoria’ de la ciudad de Durango.

• En el mismo expediente se menciona que tres mantas que fueron colocadas los días 14 y 16 de octubre de ese mismo año, en las que se mencionaba la llegada del crimen organizado a Durango, fueron “supervisadas” por patrullas del municipio que ya gobernaba José Ramón Enríquez.

• El reportaje de Eme Equis detalla que el “G-1” le exigió al legislador morenista -que fue “bajado” por Mario Delgado para contender a la gubernatura de Durango este año- colocar a Cecilia Soto Mendoza como directora municipal de Seguridad Pública para velar por los intereses del Cártel de Sinaloa.

• “Según el diagrama elaborado por los órganos de inteligencia criminal militar, la colusión de autoridades alcanzaría a la actual fiscal general del estado, Ruth Medina Alemán, y a Celina López Carrera, vicefiscal de Control Interno Análisis y Evaluación de la fiscalía estatal”, se refiere en el reportaje.