Morena expande prisión preventiva oficiosa

¿Qué pasó?
La mayoría calificada de Morena y sus aliados se volvió a imponer en el Senado: se aprobó la prisión preventiva oficiosa para los delitos de extorsión, producción de fentanilo y uso de falsos comprobantes fiscales. El decreto fue aprobado, también, con el voto de siete senadores del PAN.

¿Por qué importa?
La iniciativa refuerza el uso de la prisión preventiva oficiosa como el principal instrumento del sistema penal mexicano. Organizaciones de la sociedad civil y miembros de la oposición critican que se trata de una medida inconvencional y violatoria de los derechos humanos, puesto que le otorga al Estado la facultad de privar de la libertad a ciudadanos sin un juicio de por medio y sin tener que presentar pruebas que acrediten su acusación.

El contexto:
• Claudia Anaya, senadora del PRI, instó al gobierno mexicano a acatar la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que ordena la eliminación del arraigo y la modificación de la prisión preventiva oficiosa en México.

• “¿Por qué? Porque violenta la presunción de inocencia, porque se debe de utilizar de manera excepcional y porque debe ser la última opción de las medidas cautelares a usar”, dijo Anaya en el Senado.

Los detalles:
• Andrea Chávez, senadora de Morena, utilizó argumentos engañosos y falsos para defender el uso de esta figura legal: “Todos los delitos, estos particularmente que estamos discutiendo, que generan enormes réditos económicos, ya garantizan el peligro de fuga dentro de estos delincuentes”.

• La declaración de Chávez omite la presunción de inocencia. Lisa Sánchez, directora de México Unido Contra la Delincuencia, le dijo al portal Animal Político que “el problema en la prisión preventiva oficiosa es que se activa desde la vinculación a proceso, cuando la fiscalía supone que una persona cometió un delito, pero no se ha probado que lo cometió y por la sola suposición se le priva de la libertad. La fiscalía no ha probado que la persona haya cometido el delito”.

• La prisión preventiva oficiosa fue incluida en la Constitución en el 2008, en el sexenio de Felipe Calderón, en el punto más álgido de la política conocida como “la guerra contra las drogas”. Desde entonces, se ha ampliado el catálogo de delitos que ameritan esta medida cautelar.

• De acuerdo a un estudio de Intersecta, el 70 por ciento de las personas a las que se les dicta prisión preventiva oficiosa están en condiciones de pobreza.