La clase política cierra filas con la prisión preventiva oficiosa

¿Qué pasó?

Los 32 gobernadores del país firmaron un desplegado en el que solicitan a la Suprema Corte de Justicia que no desaparezca la prisión preventiva oficiosa, una herramienta jurídica que mantiene en prisión a miles de personas sin sentencia.

¿Por qué importa?

• Este es el reflejo más significativo de que la clase política mexicana ha cerrado filas en torno a una herramienta jurídica que no es convencional, de acuerdo a la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

• En los hechos, la prisión preventiva oficiosa se ha vuelto un mecanismo que permite a las fiscalías un alto grado de impunidad, patente en investigaciones judiciales negligentes o expedientes construidos de manera equivocada.

El contexto:

• El 39 por ciento de la población penitenciaria no cuenta con sentencia, de acuerdo a datos del INEGI recabados en el 2022. En el caso de las mujeres, la mitad no cuenta con sentencia y una de cada tres lleva más de dos años esperando la finalización de su proceso judicial.

• Recientemente, el ministro de la Suprema Corte, Juan Luis González Alcántara Carrancá publicó una reflexión sobre la prisión preventiva oficiosa. Concluyó que la crítica al uso de esta herramienta obedece a que se utiliza de manera automática. Además, argumentó que es importante que México se apegue a los estándares internacionales que protegen los derechos humanos, como el de la Corte Interamericana.