Monterrey, el gran hub del huachicol fiscal

En mayo, el FinCEN del Departamento del Tesoro de Estados Unidos publicó un amplio reporte sobre la conexión de la industria ilegal del huachicol fiscal en México con los cárteles. El documento identifica a Monterrey como un territorio en el que el crimen organizado tiene una fuerte injerencia en el negocio de contrabando de combustible.

En las últimas semanas, Nuevo León ha sido escenario de operativos que han puesto en evidencia la evolución y sofisticación del huachicol fiscal: el robo y contrabando de hidrocarburos aprovechando estructuras empresariales formales para evadir controles y aranceles.

Un reciente cateo en Cadereyta y un incendio en una planta de diésel han destapado vínculos entre empresarios con historial de investigaciones, flotas masivas de transporte y redes internacionales señaladas por autoridades de Estados Unidos.

Este reportaje explora los elementos centrales de estas operaciones: los cateos en Cadereyta, la explosión de la planta Marvic y su dueño investigado por tráfico de combustible, el informe de FinCEN, la operación de Mefra Fletes y sus vinculaciones corporativas en San Pedro Garza García.

Estos elementos refuerzan la tesis del aparato de seguridad de Estados Unidos: Monterrey es el gran hub del contrabando de hidrocarburos en México.

1. Cateos en Cadereyta: golpe a la infraestructura de huachicol fiscal.

Durante la noche del 3 y la madrugada del 4 de junio de 2025, elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y la Fiscalía General de la República (FGR) ejecutaron cateos en dos empresas ubicadas en Cadereyta Jiménez, Nuevo León. En esas instalaciones se aseguró un importante volumen de hidrocarburo y activos logísticos asociados.

Según reportes de medios locales, se decomisaron 309,000 litros de hidrocarburo presuntamente robado o “huachicol fiscal”, así como una flota de 89 tractocamiones, incluidos 4 cisterna; 54 autotanques; 10 remolques tipo Dolly; 1 grúa de carga; 2 tanques de almacenamiento; 2 plantas procesadoras de hidrocarburo y 16 vehículos particulares.

Aunque inicialmente no se informaron detenciones públicas, las autoridades indicaron que se profundiza la investigación para identificar a los propietarios, administradores y beneficiarios finales de las empresas cateadas, así como posibles vínculos con redes del crimen organizado.

Cadereyta es un nodo clave en la red de carreteras que conecta el área metropolitana de Monterrey con la frontera noreste. La presencia de plantas procesadoras y grandes volúmenes de hidrocarburo en esa localidad evidencia un alto grado de sofisticación en la cadena de distribución ilícita.

La estructura descubierta combina instalaciones de almacenamiento, plantas procesadoras y flotas de transporte que, al operar bajo la apariencia de negocios legítimos, dificultan la trazabilidad del origen del combustible.

2. Incendio en planta Marvic: un episodio revelador.

El siniestro y la investigación: El 21 de mayo de 2025, una planta de almacenamiento de diésel de la empresa Marvic en Cadereyta sufrió una explosión e incendio de gran magnitud que llamó la atención de autoridades y vecinos.

La cobertura de Noticieros Televisa indicó que el dueño de Marvic, José Víctor Pablos Vélez (alias ‘El Güero Marvic’), está bajo investigación desde 2021 por presunto tráfico de combustible desde Estados Unidos hacia México, sin pago de aranceles ni controles formales.

Vínculos corporativos y actores involucrados
Conexión con socios ligados a Mefra Fletes: Documentos societarios y fuentes consultadas por esta redacción señalan que, desde 2019, Marvic incorporó en su estructura a personas con nexos con operadores de Mefra Fletes, empresa emblemática en la investigación de huachicol fiscal. Entre estos actores figuran perfiles asociados a redes de transporte masivo de hidrocarburos.

Co-ubicación en Metropolitan Center: Tanto Mefra Fletes como operadores de la red asociada a Marvic tienen sede registrada en el Metropolitan Center, en San Pedro Garza García, desde donde se coordina logística y se dirimen transacciones financieras. Esta proximidad física facilita el intercambio de información, capital y operaciones entre empresas aparentemente independientes.

Relevancia para el huachicol fiscal
El incendio destapó no sólo riesgos de seguridad para la población cercana, sino que reveló la magnitud de almacenamiento de combustible irregular. Fuentes consultadas refieren que el volumen de diésel implicado excede ampliamente el consumo declarado, lo cual indica que parte importante se destina a mercados ilegales o al contrabando hacia Estados Unidos.

El historial de Pablos Vélez y los vínculos empresariales sugieren una estrategia replicada: utilizar instalaciones industriales como puntos de consolidación para flotas de camiones cisterna que distribuyen combustible sin controles aduanales ni tributarios.

3. Alerta FinCEN: Monterrey, centro de huachicol fiscal y lavado.

Contexto del informe: El 1 de mayo de 2025, la Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) de EE. UU. emitió la alerta FIN-2025-Alert002, en coordinación con OFAC, DEA, FBI y HSI, advirtiendo a instituciones financieras sobre las tipologías de smuggling de crudo y huachicol fiscal vinculado a cárteles mexicanos. En dicho documento, Monterrey aparece como uno de los “hubs” de almacenamiento y distribución de combustible robado o importado irregularmente.

Indicadores clave en Monterrey
Infraestructura y geografía: Monterrey se ubica en un corredor que conecta Altamira (puerto clave para importaciones) y la frontera noreste. Los combustibles -gasolina y diésel- suelen concentrarse en centros de distribución en la región metropolitana antes de su traslado a destinos finales o al contrabando hacia EE. UU.

Empresas fachada y flotas masivas: FinCEN advierte sobre empresas que registran importaciones de productos no petrolíferos o manipulan documentación para evitar aranceles, usando “front companies” y “shell companies” que operan desde edificios corporativos de lujo.

Patrones de lavado de activos: Las instituciones financieras deben identificar y reportar (SAR con clave “FIN-2025-OILSMUGGLING”) transacciones inusuales que involucren cuentas empresariales o personales vinculadas a redes de transporte y logística de combustibles, en montos y frecuencias incompatibles con operaciones legítimas declaradas.

4. Mefra Fletes y la estructuración corporativa del huachicol fiscal.

Perfil y operaciones
Fundación y actores clave: Constituida en 2015 (con orígenes documentados en Guadalajara), Mefra Fletes ha sido señalada desde 2019 por su presunta participación en contrabando de diésel y gasolina. Bajo la figura de Roberto Blanco Cantú (“Roberto Brown”), ha construido una flota con más de 300 tractocamiones y 600 pipas, con presencia en al menos 15 estados.

Sede corporativa en Metropolitan Center: Desde el piso 50 del Metropolitan Center en San Pedro Garza García, se coordinan importaciones fraudulentas, documentaciones alteradas y movimientos masivos de hidrocarburos. Esta ubicación otorga prestigio aparente y dificulta la detección de operaciones ilícitas.

Investigaciones y decomisos: Operativos federales de marzo y abril de 2025 han vinculado a Mefra Fletes con decomisos de hasta 18 millones de litros de diésel en puertos como Altamira y Ensenada, así como con redes de contrabando que involucran al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y al Cártel del Golfo.

5. Conclusión.

Los cateos en Cadereyta y la explosión en la planta Marvic han desenmascarado parte de la compleja red de huachicol fiscal que opera en Nuevo León, con epicentro en Monterrey y proyecciones hacia Estados Unidos. El informe de FinCEN subraya la gravedad del fenómeno a nivel transfronterizo, mientras que la investigación sobre Mefra Fletes revela cómo empresarios jóvenes, desde oficinas de lujo en el Metropolitan Center, articularon flotas masivas y vínculos con cárteles. Desmantelar estas estructuras exige un enfoque integral: inteligencia financiera, auditorías rigurosas, cooperación internacional y voluntad institucional para aplicar sanciones severas. El costo de no actuar con contundencia se traduce en pérdida de ingresos, fortalecimiento de redes criminales y riesgos para la seguridad de la población.