Mentira tras mentira

Cuando la mentira se instala como instrumento de gobierno, el final infeliz es anticipado e inevitable.

Cuando los dogmas ideológicos se colocan por encima del bienestar común, el choque de los extremos sacude e incluso destruye cualquier sociedad.

Cuando el absolutismo manifestado en el gobierno de un solo hombre se entroniza, las millones de voces marginadas o silenciadas serán las que invoquen la justicia y desplieguen la nueva revolución.

Es triste aceptarlo, pero ya es insoslayable. El presidente Andrés Manuel López Obrador está haciendo de la mentira, del dogma y del absolutismo, su santísima trinidad en el uso y el ejercicio del poder presidencial.

Todo comenzó con aquella promesa de que “Juntos Haremos Historia”. Dos años de un cuestionable gobierno la frase ya transmutó a “Solo Estoy Destruyendo la Historia”.

Y a partir de ahí, insistir desde el Púlpito Presidencial en que está convertida La Mañanera, que todo lo pasado es sucio y corrupto, que todo lo nuevo es puro y honesto. Nada más falso.

La Auditoría Superior de la Federación acaba de reportar anomalías en la Cuenta Pública del 2019, por 99 mil 396 millones de pesos.

Son dineros públicos gastados en los primeros 12 meses del actual gobierno sobre los que urge una aclaración de su destino. Es el doble de lo que se le detectó al presidente Enrique Peña Nieto en su primer año.

Pero nada sorprende, porque lejos de la transparencia que el candidato López Obrador ofreció en su campaña, estamos hoy frente al gobierno que hace de la opacidad su “modus operandi” para hacer del presupuesto lo que mejor convenga a sus intereses políticos.

Y para justificar la mentira, lo mismo se vale escudarse tras los uniformes verde olivo que invocando el interés o la seguridad de la nación.

Desde los detalles y los costos de la construcción del aeropuerto de Santa Lucía, pasando por la información sobre la explosión en Tlahuelilpan, Hidalgo, hasta la supuesta negociación y compra de las vacunas contra el Covid.

Todo es guardado bajo siete llaves durante cinco años -curiosamente, hasta que termine el sexenio- para poder ocultar la ineficiencia, la impericia y la incompetencia para gobernar.

Ya es secreto a voces que Pemex y la CFE operan bajo esquemas de corrupción más burdos, menos sofisticados, que los que imponía el señalado como muy corrupto PRIAN. En Palacio Nacional lo saben, pero prefieren callarlo.

Y si buscan ejemplos más allá de Ricardo Peralta, quien fue expulsado de Aduanas y de Gobernación tras fallar en el intento golpista por perpetuar cinco años a su cuate Jaime Bonilla en Baja California, tomen el caso de Héctor Garza González.

El funcionario tamaulipeco debutó con el gobierno de la 4T como Jefe de la Unidad Administrativa de la Secretaría de Educación Pública. Como sucedió en todas las secretarías, le fue impuesto al secretario en turno por un presidente que desconfía de todos. Aun de los suyos.

Ilusionado con ser el próximo candidato de Morena al gobierno de Tamaulipas, Garza González comenzó a solicitar “apoyos económicos” para hacer su guardadito para la supuesta campaña.

Se le expulsó de la Secretaría de Educación Pública para irse exactamente al mismo puesto -a manejar los dineros- en la Secretaría de Gobernación, en donde todavía no se reponían de los estropicios del controvertido Peralta.

No había cumplido Garza González seis meses en Gobernación, cuando el tamaulipeco fue enviado como titular de la Unidad de Política de Recursos Humanos -mejor conocida como TUAF- en la Secretaría de Economía que acaba de estrenar Tatiana Clouthier.

Desde ahí, el tamaulipeco continuará engrosando su “guardadito” buscando adueñarse de otro de los estados en donde las aduanas tienen su peso político.

Y lo mismo sucede en Pemex, en donde hace unos días fue removido Miguel Ángel Lozada de la dirección de Exploración y Producción, después de ser involucrado e inhabilitado, acusado de participar en presuntos desvíos de La Estafa Maestra.

A Lozada se le imputa influir en el desvío de miles de millones de dólares, ya etiquetados en este gobierno, para pagar adeudos con grandes contratistas como Halliburton, Schlumberger, Cotemar, Typhoon, Sea Dragon, Baker Hughes, Bosnor, Perforadora Latina, Demar, Protexa y Costa Mesa, entre otros.

Esos dineros presupuestados y etiquetados fueron presuntamente desviados para cubrir cuentas de otros proveedores, para quienes sus pagos no estaban todavía autorizados. ¿Quién ordenó el cambio de jugada y a cambio de qué? Un conflicto de alcance internacional, que le podría costar el puesto al director general Octavio Romero.

Ninguno de los casos aquí mencionados -desde la opacidad de los 99 mil millones, pasando por los funcionarios que juegan a la política con el presupuesto o desvían los dineros sin pedir permiso- son imputables al pasado corrupto de los neoliberales.

Son casos, todos, de un gobierno de la Cuarta Transformación que con un gabinete en decadencia -salvo muy honrosas excepciones- esconde tras la mentira y el dogma la única verdad que hoy es válida e indiscutible: la que dicta el Presidente desde La Mañanera.