Maduro, Duarte y Segalmex

¿Qué tienen en común uno de los mayores casos de evasión de sanciones del gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela con una red de empresas vinculadas a la llamada Operación Safiro, la cual desvió cientos de millones de pesos para presuntamente inyectarlos a campañas políticas del PRI en México?

La respuesta es Segalmex, un organismo descentralizado perteneciente a la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural -y creado por el presidente Andrés Manuel López Obrador- el cual hoy ha sido exhibido por haber otorgado en la presente administración contratos por casi 800 millones de pesos a una red de compañías cuyos accionistas han participado anteriormente en empresas fantasma y en desvíos multimillonarios.

Su objetivo en el papel es el de “favorecer la productividad agroalimentaria, su distribución en beneficio de la población más rezagada del país y brindar alimentos de calidad nutricional, a precios accesibles”.

Sin embargo, queda evidenciado que Seguridad Alimentaria Mexicana -dirigida por el viejo ex priista Ignacio Ovalle- es una caja negra que más que a la población “más rezagada del país”, pareciera en su lugar estar alimentado a oscuras redes de compañías vinculadas con firmas extranjeras y con empresas fantasma nacionales. Y todo, durante la llamada Cuarta Transformación.

Este lunes, una investigación realizada por Mexicanos en Contra de la Corrupción y la Impunidad reveló que, en apenas dos años, Segalmex dio contratos por 797 millones de pesos a seis empresas para la supuesta compra de de costales de polipropileno, tarimas, insecticidas, raticidas, lonas blancas y cubrebocas.

Estas compañías, según pudo constatar el medio, ostentan a accionistas que, de acuerdo al SAT, han participado anteriormente en empresas fantasma y en desvíos millonarios del ISSSTE y de la Secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano.

De acuerdo con el equipo de investigación periodística, todos los contratos otorgados a esa red fueron firmados durante la gestión del entonces director de Administración y Finanzas, René Gavira Segreste, quien fue cesado de sus funciones en junio de 2020 entre acusaciones de corrupción. Pero quien -al día de hoy- no enfrenta ninguna acusación penal de la cual se tenga conocimiento.

Además del tema en cuestión, en la que se ve involucrado el actual gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, el caso pone de relieve un modus operandi en el cual una red de empresas vinculadas a Segalmex funge como actor clave en el probable desvío multimillonario de recursos públicos.

Primero, porque fue este organismo descentralizado de la Secretaría de Agricultura, el que le vendió más de 200 toneladas de maíz a la empresa Libre Abordo, la cual, a su vez, habría intercambiado esta supuesta “ayuda humanitaria” a una empresa estatal venezolana, por 30 millones de barriles de petróleo.

Un intercambio estimado en unos 200 millones de euros, según cálculos realizados por el diario El País, y que habría contado con el visto bueno de nada más y nada menos que el segundo al mando de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Maximiliano Reyes.

Se trató de una operación encubierta para ayudar al régimen de Nicolás Maduro a evadir las sanciones financieras de Washington. De acuerdo a fuentes cercanas al asunto, el caso generó un fuerte desencuentro entre el gobierno de Joe Biden y el de Andrés Manuel López Obrador (por estar Maduro inmiscuido en el caso).

Pero también existe otro caso de desvío multimillonario que involucra a Seguridad Alimentaria Mexicana. Y ese es la famosa Operación Safiro, un enorme entramado revelado igualmente por Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad, en el cual se desviaron fondos públicos principalmente desde Chihuahua, pero también desde Sonora, Colima, Durango, Estado de México, Morelos y de la delegación Milpa Alta de la Ciudad de México, para el presunto financiamiento de campañas electorales del PRI.

Y es que, una de las empresas utilizadas en la red de Segalmex, de nombre Professional Bright XRW,
comparte el mismo domicilio con Abastecedora Cofex, con la cual el Congreso de Morelos desvió millones de pesos, según reportó MCCI en 2018, como parte de las revelaciones de la Operación Safiro.

Y que, cabe mencionar, figuraba al ex funcionario de Hacienda, Isaac Gamboa Lozano, asesinado en esa misma entidad el 21 de mayo de 2020.

Como queda evidenciado, los desvíos multimillonarios desde Segalmex hacia oscuras redes de empresas fantasma no son un caso aislado, sino que apuntan a un profundo -e histórico- entramado de corrupción, que, de seguirle la pista, pudiera tener implicaciones monumentales.