Lozoya-Ancira: ¿Por qué los busca la DEA?

Hasta la semana pasada, Javier Coello Trejo, el abogado de Emilio Lozoya, insistía en que su cliente no estaba siendo investigado en Estados Unidos. Ahora sabemos que eso no es cierto: la Agencia para el Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) solicitó a la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (UIF) colaborar en una indagatoria que tiene como principal sujeto de interés al ex director de Pemex.

La información trascendió a partir del litigio por el bloqueo de las cuentas bancarias de Lozoya que se lleva a cabo en el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa. Un oficio que ordena la revocación de la suspensión provisional de dicho bloqueo (es decir, que pide que se vuelvan a congelar las cuentas) refiere uno de los alegatos de la UIF en el caso: “La DEA está llevando a cabo una investigación por la posible comisión de actividades relacionadas con el lavado de dinero sobre algunas personas, entre las cuales destaca el hoy quejoso”, puede leerse en el documento.

El oficio representa la primer prueba pública de que las autoridades de Estados Unidos están investigando el caso Lozoya.

De acuerdo al portal La Política Online, Alonso Ancira, el dueño de Altos Hornos de México (AHMSA) que enfrenta un proceso de extradición en España relacionado con presuntas actividades de lavado de dinero, sería el otro sujeto de la investigación de la agencia antidrogas de Estados Unidos.

En México, la Fiscalía General de la República explora posibles vínculos entre una transferencia que realizó AHMSA a una cuenta vinculada a Emilio Lozoya. Información de un reportaje de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad sugiere que esta transacción se habría realizado a través de una estructura de empresas fantasma en Suiza y las Islas Vírgenes Británicas que ex directivos de Odebrecht dijeron (en una deposición oficial con la Fiscalía de Brasil) haber montado para enviar sobornos a Lozoya.

La semana pasada, un juez de control giró una orden de aprehensión en contra del ex director de Pemex, su madre, su esposa y su hermana.

¿Qué busca la DEA?

El litigio por el bloqueo de cuentas bancarias de Emilio Lozoya hizo pública la petición que hizo el gerente de Inteligencia de la DEA a la UIF para colaborar en el caso judicial de más alto perfil para el sistema político mexicano.

Esta investigación se suma a tres indagatorias internacionales de la agencia antidrogas de Estados Unidos que cuentan con un fuerte componente político, de alta relevancia para las prioridades de política exterior de la administración de Donald Trump.

Esto plantea varias preguntas: ¿Qué saben las autoridades estadounidenses del caso Lozoya que no se ha hecho público? ¿Por qué una agencia abocada primordialmente al control del tráfico de drogas pretende involucrarse en una indagatoria con fuertes implicaciones políticas en México? ¿Esta investigación es un vehículo para lograr objetivos mayores de política exterior?

Las respuestas están en el aire. Sin embargo, podrían ser contestadas de mejor manera si se pondera qué está buscando la DEA en otros casos internacionales.

El patrón de los casos internacionales de la DEA

En mayo, el Departamento de Justicia reveló que está investigando al empresario colombiano Alex Saab por su rol como proveedor del programa de importación de comida del régimen de Nicolás Maduro en Venezuela. Los fiscales estadounidenses explicaron que Saab es el sujeto principal de una indagatoria de la DEA relacionada con una “operación de gran escala para lavar dinero” y transferir recursos para comprar activos de bienes raíces en Estados Unidos.

Esto no sólo es un reflejo de los esfuerzos que está realizando la administración Trump en todos sus niveles para debilitar al gobierno de Maduro, sino que pone de relieve la vocación transnacional de la DEA y de la justicia americana. “Esta tipo de corrupción corroe las instituciones domésticas y el libre mercado; daña el comercio internacional y amenaza la seguridad nacional de toda la región”, aseguró el asistente del Fiscal General, Brian Benczkowski.

Ese mismo mes, la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York dio a conocer que la DEA está investigando una organización criminal multinacional de exportación de cocaína a Estados Unidos que estaría comandada por el Presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández. La agencia antidrogas señala al primer círculo de colaboradores de Hernández como los operadores del cártel, lo que implica un potencial rompimiento de relaciones diplomáticas con un país cuya colaboración es vital para la política de control migratorio que la administración Trump pretende implementar en América Central.

El timing en que se hicieron públicas estas investigaciones coincidió con otro anuncio importante de la DEA: la creación de una fuerza especial para combatir las actividades que realiza Hezbollah en Canadá para lavar dinero de operaciones de tráfico de drogas desde Colombia. Estados Unidos considera a Hezbollah como una organización terrorista alineada a los intereses de su principal enemigo en Medio Oriente, Irán.

En suma, las indagatorias internacionales de la DEA siguen un patrón específico: sin excepción, todos sus casos en el exterior que involucran a personas políticamente expuestas o que tienen implicaciones relevantes para la gobernabilidad de los países involucrados, se apegan a un objetivo mayor de política exterior. Entonces, ¿el caso Lozoya-Ancira es diferente?