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16 de julio 2020

Política

Los videos de Lozoya

Políticamente, esta causa judicial es percibida como un llamado a cuentas de la coalición que promovió el Pacto por México, particularmente a quienes cabildearon la aprobación de la reforma energética promulgada por el ex presidente Enrique Peña Nieto.

Por Rodrigo Carbajal

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Legalmente, la Fiscalía General de la República procesará al ex director de Pemex, Emilio Lozoya, por cargos de lavado de dinero, cohecho y asociación delictuosa vinculados a presuntos sobornos de AHMSA y Odebrecht.

Sin embargo, políticamente, esta causa judicial es percibida como un llamado a cuentas de la coalición que promovió el Pacto por México, particularmente a quienes cabildearon la aprobación de la reforma energética promulgada por el ex presidente Enrique Peña Nieto.

De acuerdo a fuentes cercanas al asunto referidas por al menos tres diarios de circulación nacional, Lozoya tendría en su poder 12 videos con al menos 16 horas de contenido, en el que se apreciaría a legisladores y operadores de los partidos políticos negociar la venta de votos para la aprobación de la reforma energética en el Congreso a cambio de sobornos. Versiones recabadas por el diario Reforma implican al chofer y al secretario particular de Lozoya en el pago de estas coimas.

Las declaraciones del fiscal general Alejandro Gertz Manero sugieren que la extradición pactada de Emilio Lozoya, quien llegará a suelo mexicana el día de mañana, fue autorizada bajo el entendimiento de que el ex director de Pemex se acogerá al criterio de oportunidad, estipulado en el artículo 256 del Código Nacional de Procedimientos Penales.

Esta figura legal privilegia la colaboración de un imputado para ofrecer información que derive en causas judiciales relacionadas de los superiores jerárquicos del funcionario. En el caso de Lozoya, estos son el ex presidente Enrique Peña Nieto, el ex secretario de Hacienda Luis Videgaray, y el ex secretario de Energía Pedro Joaquín Caldwell.

El periodista Raymundo Riva Palacio publicó en una columna de opinión esta semana que Emilio Lozoya Thalmann, padre de Emilio Lozoya Austin, entregó una carta de su hijo al fiscal Gertz Manero en la que señalaba a Enrique Peña Nieto y a Luis Videgaray como los artífices de la operación de Agro Nitrogenados, que constituye el hilo conductor de la causa judicial del ex director de Pemex.

El mensaje también habría hecho alusión a un presunto interés del entonces secretario de Agricultura y ex gobernador de Coahuila, Enrique Martínez y Martínez, en concretar la venta de esta planta, propiedad de AHMSA, a Pemex. La aseveración pone de relieve que la huella del caso Lozoya se extiende ampliamente sobre la clase gobernante que dominaba el Congreso y la burocracia federal en el sexenio de Peña Nieto.

Antes de dejar la defensa de Lozoya, el abogado Javier Coello Trejo insistió vehementemente en que su antiguo cliente jamás actuó solo. “No se movía una sola hoja de un árbol sin que el presidente lo supiera”, dijo en una entrevista televisiva en cadena nacional cuando le cuestionaron el rol de Lozoya en el caso Agro Nitrogenados.

El foco del proceso en contra del ex director de Pemex ha transitado hacia el papel que jugaron los legisladores en la aprobación de la reforma energética, así como la presión que pudo haber ejercido el gobierno federal en este sentido.

Los protagonistas de esta negociación política, que incluye a los artífices del Pacto por México y a los miembros de las comisiones de Energía y Estudios Legislativos en el Senado, contempla perfiles que siguen siendo altamente relevantes en la vida política del país: los gobernadores Francisco García Cabeza de Vaca y Francisco Domínguez; el ex senador Raúl Gracia, un cabildero permanente en la dinámica política de Nuevo León; Ernesto Gándara, que aspira a suceder a Claudia Pavlóvich en la gubernatura de Sonora; Carlos Romero Deschamps, que detenta influencia en el sindicato petrolero; Arturo Escobar, un miembro del Partido Verde convertido en aliado de la 4T; así como nombres de resonancia mediática como Ricardo Anaya, el presidente de la Cámara de Diputados que gestionó la aprobación de las reformas estructurales del sexenio anterior.

Alejandro Gertz Manero, el primer fiscal independiente del país, actuará como la llave de regulación del caso Lozoya, tomando decisiones sobre qué tanto se extenderá el “maxiproceso” y, sobre todo, a quienes.

Aunado al hilo conductor de la operación de Agro Nitrogenados, la Fiscalía General de la República tiene investigaciones abiertas sobre Emilio Lozoya en relación a la compra de Fertinal y de astilleros al gobierno de Galicia, que podrían ampliar el círculo de imputados a los miembros del consejo de administración de Pemex que aprobaron estas inversiones.

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