Los expedientes de EU otorgan poder de veto a Omar García Harfuch

La acusación de Gran Jurado que la Corte del Distrito Sur de Nueva York presentó en contra de Rubén Rocha Moya y de nueve funcionarios y ex funcionarios del gobierno de Sinaloa plantea un cambio de paradigma en el sistema político mexicano: ahora, el gobierno de Estados Unidos tendrá un poder de veto en la designación de las candidaturas relevantes del proceso electoral mexicano. Esto incluye, preponderantemente, a los procesos internos de Morena para definir a sus representantes en las elecciones a la gubernatura de 2027.

El discurso inaugural de Ariadna Montiel como nueva dirigente nacional del partido en el poder es un reflejo de esta realidad. “Los corruptos no tienen cabida en Morena”, declaró Montiel ante un auditorio repleto de gobernadores, senadores, diputados y más de 1,800 militantes. En la audiencia podrían identificarse a actores políticos que han sido señalados por agencias de inteligencia norteamericanas como potenciales objetivos del Departamento de Justicia de Estados Unidos.

Esto fue una admisión de que los acuerdos de la antigua dirigencia nacional, presidida por Luisa María Alcalde y operada por Andrés Manuel López Beltrán, están rotos. La llegada de Montiel a la Presidencia del partido y de Citlalli Hernández a la Comisión Nacional de Elecciones sugieren un juego nuevo.

Sin embargo, la piedra de toque, el filtro de las candidaturas, será el aparato de inteligencia a cargo de Omar García Harfuch, secretario de Seguridad Ciudadana. Se trata de un cambio mayúsculo en el balance de poder en México. A pesar de que García Harfuch ha colonizado espacios en la Fiscalía General de la República, el Centro Nacional de Inteligencia, la Unidad de Inteligencia Financiera e incuso en Pemex Logística, el secretario de Seguridad Ciudadano prácticamente no tenía representación en el terreno político. El veto estadounidense le otorga nuevas prerrogativas. 

Sinaloa representa un caso emblemático de cómo el gobierno de Estados Unidos está bloqueando a candidatos incómodos de cara a los comicios de 2027. La acusación contra Rocha Moya, gobernador en funciones de Sinaloa, alcanza también a sus dos principales opciones para sucederlo en el poder: Enrique Inzunza, senador de Morena y ex secretario de Gobierno estatal, y Juan de Dios Gámez Mendívil, alcalde con licencia de Culiacán y ahijado predilecto de Rocha Moya.

La elección de 2027 implica que se renovará el poder en estados críticos en términos de seguridad nacional, particularmente en la franja del Pacífico. El veto implícito de Washington obligaría a Morena a revisar las acusaciones de Grecia Quiroz, viuda de Carlos Manzo en contra de Raúl Morón, potencial candidato a la gubernatura de Michoacán. Esto también coloca bajo escrutinio a figuras como Cruz Pérez Cuéllar, precandidato a la gubernatura de Chihuahua, o al senador Eugenio Segura y al ex titular de Aduanas, Rafael Marín Moliendo, quienes disputan la candidatura del oficialismo a la gubernatura de Quintana Roo.

Todd Blanche, fiscal General interino de Estados Unidos, declaró  que es inminente la presentación de nuevas acusaciones de Gran Jurado contra políticos mexicanos que están bajo sospecha de tener vínculos con el crimen organizado. Es decir, bajo sospechas fundadas que han pasado por el tamiz de un grupo de ciudadanos norteamericanos que avalan como “causa probable” el paquete de evidencias del Departamento de Justicia.

En la mayoría de los casos, estos expedientes han sido alimentados por el testimonio de gran parte de los 92 capos de los cárteles que han sido expulsados de México a Estados Unidos para ser juzgados  en tribunales norteamericanos. “Continuaremos haciendo eso”, respondió Blanche a News Nation sobre una pregunta respecto a si habrá nuevas causas judiciales contra funcionarios de México.