¿Y los drones, apá…?

Qué bueno que el gobierno de la Cuarta Transformación esté exhibiendo las millonarias compras de aeronaves de los últimos sexenios, comenzando por el ya famoso y muy rifado avión presidencial.

Qué bueno también que entre esas investigaciones se incluyan las de los jets y helicópteros que la PGR compró en los felices días del procurador José Murillo Karam.

Pero aprovechando la vuelta, no estaría de más que ampliaran esa investigación para buscar el paradero de 13 drones marca UAV Hermes 900 Male y UAV Hermes 450 adquiridos tanto en el sexenio de Felipe Calderón como en el de Enrique Peña Nieto.

Esos drones que supuestamente incursionarían en sofisticadas operaciones de inteligencia, fueron comprados en su mayoría bajo asignación directa a la empresa israelí Elbit Systems y pagados con los presupuestos de la Secretaría de la Defensa, la de Marina, la Policía Federal, la Fiscalía General y el CISEN.

Su costo oficial fue de 13 millones 100 mil dólares cada uno de los modelos más completos, aunque en el mercado podían ser adquiridos –nuevos- en poco más de 9 millones de dólares cada uno. Sin duda se repite el patrón del sobreprecio aparecido en las aeronaves de la procuraduría de Murillo Karam.

A lo mejor si investigara esas compras, el gobierno de la Cuarta Transformación descubriría que la mayoría fueron hechas por una cofradía de familiares de Secretarios de Estado y de altos funcionarios judiciales de las últimas dos administraciones federales.

Aprovechando esas conexiones de tan alto nivel de la que gozaban los gestores consanguíneos, pudieron abrir los picaportes del presupuesto para hacer de la adquisición de esos drones un negocio muy rentable.

Pero la novedad es que hoy la mayoría de esos drones ya no aparecen en posesión de las dependencias que las adquirieron o a las que se las compraron.

Lo que se sabe es alguien decidió trasladar su propiedad a particulares, quienes estarían ofreciendo con ellos un servicio de outsourcing, esa palabra tan de moda que explica que las dependencias paguen por fuera -a privados- los servicios que tendrían que darse con el equipo propietario.

Lo que nadie sabe es quién -y en qué momento- decidió que esas sofisticadas y muy costosas tecnologías para trabajos de inteligencia se entregaran a manos privadas. ¿A cambio de qué?

Menos aún, quiénes fueron los compradores, quién hizo la licitación, a qué precio fueron adquiridos y si esos compradores asumieron la contratación del personal tan especializado para el manejo de esos equipos de tecnología tan avanzada.

El cuestionamiento incluye conocer la tarifa por hora que las dependencias que ayer los tenían en propiedad le están pagando al nuevo dueño privado.

Y sobre todo qué administración –la anterior o la actual- fue la que hizo la transferencia a manos privadas de esos drones.

No estamos hablando de una erogación menor del presupuesto nacional. El monto podría alcanzar más de dos mil millones, de acuerdo a los contratos de compra y mantenimiento; un 80 por ciento del precio de venta del controvertido avión presidencial.

¿No podría el gobierno de la Cuarta Transformación recuperar esos multimillonarios drones para que sirvan al propósito para el que se compraron?

Si no se puede, pues cuando menos anunciarlos como reintegros en la rifa del avión presidencial.