Ley Ingrid: una demanda por la dignidad

¿Qué pasó?

La reforma al artículo 225 del Código Penal Federal, bautizada como ‘Ley Ingrid’ fue aprobada por unanimidad en la Cámara de Diputados y contempla hasta 10 años de prisión para quien difunda información o imágenes de personas vinculadas a procesos penales.

¿Por qué importa?

La Ley Ingrid busca acabar con la revictimización y violencia institucional que sufren las mujeres en México, donde a diario son asesinadas 10 mujeres, una cifra que está lejos de disminuir. Tan sólo en 2021 se reportó el homicidio de más de 3 mil mujeres, de las cuales, una tercera parte fue clasificada como feminicidio.

El contexto:

Con 470 votos a favor sin votos en contra ni abstenciones, la Cámara de Diputados aprobó la reforma al Código Penal Federal en su artículo 225, que ahora castigará a funcionarios públicos y ciudadanos que “fotografíen, difundan, distribuyan, publiquen o comercialicen imágenes, audios, documentos o cualquier tipo de información personal de la víctima de una investigación penal”, sobre todo cuando se trate de un feminicidio.

Los detalles:

• Ingrid Escamilla Vargas fue víctima de feminicidio en 2020, presuntamente a manos de su pareja Erick Francisco ‘N’, quien confesó a la policía haberla asesinado tras una discusión doméstica, en su domicilio de la colonia Vallejo en la alcaldía Gustavo A. Madero.

• A dos años del homicidio, el caso sigue empantanado en la Fiscalía de la Ciudad de México por falta de pruebas. Sin embargo, la Ley Ingrid supone un avance en la lucha por erradicar la revictimización y violencia institucional contra la mujer mexicana.

• “Es indispensable marcar un antes y un después (del caso de Ingrid Escamilla). Que se tipifiquen y castiguen esas conductas que tiene la intención de causar perjuicio, especialmente contra mujeres víctimas de feminicidio”, expresó al respecto la diputada de Morena, Laura Imelda Pérez Segura, encargada de proponer la iniciativa.

• La discusión pública se originó a raíz de la difusión de imágenes del homicidio de Ingrid Escamilla (de ahí que la ley adoptara su nombre), por parte de la policía capitalina, lo que derivó en protestas de varios colectivos feministas, luego que varios medios de comunicación las replicaran en sus portadas.

• Ahora, la nueva legislación contempla penas de cuatro a 10 años de prisión y una multa de 100 a 150 días a quienes distribuyan cualquier tipo de material visual y por cualquier medio, conforme a la modificación realizada al artículo 225. Dicha sanción se incrementa en un 33% cuando las víctimas sean mujeres, adolescentes, niñas, niños o personas con discapacidad.

• “Nos ha permeado de una sensación de inseguridad permanente, así como la desconfianza por la constante revictimización hacía el sistema de administración de justicia. Tal fue el caso de Ingrid Escamilla Vargas, víctima de feminicidio y de una difusión indebida de imágenes que vulneraban su derecho a la identidad, a la dignidad y a la privacidad”, agregó Pérez Segura, respecto a la injustificable “normalización” de la violencia de género que prevalece en el país.

• De acuerdo con el diario El País, aunque el caso de Ingrid no ha llegado a juicio y las audiencias se han retrasado por la pandemia, la Fiscalía de la CDMX investigó en su momento a seis agentes tras la filtración de las imágenes. Sólo uno -de los primeros en llegar a la escena del crimen- fue apartado de su cargo y acusado por el delito de ejercicio ilegal del servicio público.