Le falló al Presidente “el golpe” a la Corte

“¿Qué creen? Me equivoqué”. No se confundan. Esta no es una confesión de humildad del presidente Andrés Manuel López Obrador. Es el lamento de un jefe de Estado, autoritario, que reconoce un intento golpista sobre la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pero falló.

El inquilino de Palacio Nacional arremetió el viernes contra los cuatro ministros de la Corte que él propuso durante lo que va de su gestión y con los que esperaba que se cumplieran sus deseos para modificar leyes que, a su leal saber y entender, le ayudarían a facilitar la llamada Cuarta Transformación.

“Me equivoqué, porque hice propuestas, pero ya una vez que propuse, ya por el cargo o porque cambiaron de parecer, ya no están pensando en el proyecto de transformación y en hacer justicia; ya actúan más en función de los mecanismos jurídicos”.

Por sus declaraciones, el presidente López Obrador esperaba que aquellos que recibieron el favor de su postulación acabaran siendo no juristas congruentes que emitieran sus dictámenes de manera independiente, sino empleados al servicio de sus intereses políticos. Si así lo fueran, ¿para qué se necesita a la Suprema Corte? ¿Dónde queda el equilibro de poderes?

El mandatario siente que, tanto Margarita Ríos-Farjat y Yasmín Esquivel, como Loretta Ortiz y Juan Luis González Alcántara -a quienes promovió para ser ministros del supremo tribunal judicial- le fallaron e incluso se le voltearon.

¿De verdad esperaba el presidente semejante acto de docilidad, servilismo e incondicionalidad de los cuatro nuevos magistrados, propuestos a partir de su llegada a Palacio Nacional en 2018?

Con esta confesión, el presidente López Obrador exhibe, una vez más, su esquizofrenia política entre lo que presume que es y lo que de verdad es. Una bipolaridad que alarma, porque lejos de ser lo que él siempre dice ser -un demócrata- se instala sin remordimientos ni culpas en el terreno de dictador que lo quiere controlar todo, con sus formas, a su manera.

Al diablo con las instituciones, al diablo con la separación de los poderes. En el inconsciente presidencial solo existe espacio para adueñarse, lo mismo del Congreso que de la Suprema Corte. Cooptar a los poderes legislativo y judicial para cerrar con el poder ejecutivo, que él detenta, el cerco de la Santísima Trinidad política.

Y por qué no, como epílogo, asestar el golpe que ya está más que anunciado: la intentona por modificar radicalmente o incluso desaparecer el Instituto Nacional Electoral. Someter al árbitro de las elecciones.

Ya se vio también la semana pasada, cuando a lo largo de tres días consecutivos, el presidente López Obrador arremetió también contra los jueces y magistrados del poder judicial, a quienes acusó -sin hacer distinciones- de corruptos.

En medio del debate sobre la propuesta de desaparecer la llamada prisión preventiva oficiosa, que mantiene a detenidos por años sin acusar sentencia, el inquilino de Palacio Nacional prometió que entregará a la Suprema Corte de Justicia de la Nación los expedientes completos de los jueces que estarían involucrados en presuntos actos de corrupción.

“La mayor parte de los integrantes del poder judicial no son gentes caracterizadas por la honestidad, o sea, hablando en plata, no resisten cañonazos, no resisten las tentaciones o son representantes de grupos de intereses creados. No representan al pueblo…”, expresó el mandatario el pasado 30 de agosto.

La receta lopezobradorista es simple. Si los magistrados de la Corte o los jueces están a favor de mis propuestas, son justos y honestos. Si van en contra de lo que yo pretendo promover, son corruptos y reciben “cañonazos” de billetes. Así de sencillo.

Por supuesto que nadie ignoramos que el alto nivel de corrupción en el sistema judicial es alto. Pero de ahí, a que el mandatario se lance contra todos, sin especificar nombres, fractura irreparablemente al Sistema Judicial.

La respuesta de protesta de más de mil 600 jueces que integran la Asociación Nacional de Magistrados y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación no se hizo esperar y le exigieron al titular del Ejecutivo el respeto a la división de poderes.

Lo curioso es que, a pesar de tan graves acusaciones, el presidente de la Suprema Corte y también titular del Consejo de la Judicatura Federal, el ministro Arturo Zaldívar, no ha hecho pronunciamiento alguno para apoyar o para censurar las declaraciones presidenciales.

¿Y qué dicen de esta visión tan particular del presidente López Obrador los organismos judiciales, las cámaras empresariales, las universidades y los organismos internacionales? ¿Guardarán también el silencio cómplice?

Si en todo su derecho, el mandatario dice “¿Qué creen? Me equivoqué”, los ciudadanos demócratas, los que promovemos la auténtica separación de poderes, también tenemos derecho a decir sobre la elección del presidente: “¿Qué creen? Nos equivocamos”.