Las huellas de Morena

No podía saberse: la nueva Suprema Corte de Justicia de la Nación tiene estampada la huella de Morena. Los nueve candidatos que se perfilan como ministros del máximo tribunal fueron postulados por el Poder Ejecutivo o por una decisión conjunta del Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo. Llevan el visto bueno de Arturo Zaldívar, de Claudia Sheinbaum y de Andrés Manuel López Obrador. El conteo del Instituto Nacional Electoral indica que ningún candidato postulado por el Poder Judicial tenía la menor posibilidad de ganar. En los hechos, la Elección Judicial fue una simulación de la democracia. Los acordeones difundidos por el oficialismo ratifican que la historia ya estaba escrita. El “dedazo” de la 4T que sepulta a la República.

Hugo Aguilar, Lenia Batres, Yasmín Esquivel, Loretta Ortiz, Sara Irene Herrerías, María Estela Ríos, Giovanni Figueroa, Irving Espinosa y Arístides Guerrero llevarán togas teñidas de guinda. Morena, finalmente, ha capturado al último contrapeso que se interponía con la construcción de un régimen de partido hegemónico. En la nueva Corte, el gobierno nunca pierde.

El cambio político más profundo en la historia de la joven democracia mexicana fue avalado por una secuencia de asaltos a la Constitución: la captura del INE y del Tribunal Electoral; un cuestionado fallo que garantizó la sobrerrepresentación de la 4T en el Congreso; la extorsión, soborno o intimidación de cuatro senadores de oposición y una Elección Judicial marcada por una abstención del 87 por ciento. El solo pacto de Adán Augusto López con la familia Yunes es motivo suficiente para descalificar el proceso.

Además, la organización civil Defensorxs documentó, ampliamente, la operación de compra de votos, el condicionamiento de programas sociales, el reparto de acordeones y la “asistencia” de observadores electorales para dictarle la boleta a los adultos mayores. El cambio de régimen apenas requirió de 12.8 millones de votos para controlar la totalidad del Poder Judicial y del 54 por ciento de los votos para obtener la mayoría calificada en el Poder Legislativo. La compra de la República fue una ganga.

Fareed Zakaria, el prominente periodista y analista internacional de CNN, argumenta que la Reforma Judicial coloca a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, a la par de sus homólogos de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, y de Israel, Benjamín Netnayahu. Los tres jefes de Estado han promovido ataques frontales contra el Poder Judicial para quitarle límites a la expansión del Poder Ejecutivo. La 4T ha seguido al pie de la letra el manual del autoritarismo.

Sin embargo, Zakaria comete una imprecisión. No es Claudia Sheinbaum quien es equiparable a Erdogan o Netanyahu. El artífice de la Reforma Judicial se llama Andrés Manuel López Obrador. Salvo el caso de Sara Irene Herrerías, funcionaria de Derechos Humanos en la Fiscalía General de la República, el resto de los nuevos ministros tienen mayor afinidad con el ex presidente. La nueva Corte tendrá un tufo transexenal.

De hecho, la Reforma Judicial no era parte del programa original de gobierno de López Obrador. Prueba de ello fue la nominación a la Suprema Corte de dos perfiles que han defendido la Constitución a cabalidad: Margarita Ríos Farjat y Juan Luis González Alcántara Carrancá. En un acto de congruencia, ambos renunciaron a sus pensiones. No se prestaron a la farsa de una elección simulada.

No obstante, algo cambió en el semblante del presidente López Obrador cuando la Suprema Corte declaró la inconstitucionalidad de la Reforma Eléctrica y de la Reforma a la Guardia Nacional. Ahí nació el proyecto para capturar a la Corte. Antes de morir, Porfirio Muñoz Ledo advirtió que López Obrador se convirtió en una víctima del adagio de Lord Acton: “El poder corrompe, pero el poder absoluto corrompe absolutamente”. No es casualidad que la ira del ex presidente contra el Poder Judicial tuviera su origen en dos fallos que trastocaron intereses del más alto nivel: la condición de monopolio de Pemex y CFE, las dos empresas que son epicentro de negocios privados de la cúpula política de la 4T, y la autorización legal de la militarización de la seguridad pública. La presencia de elementos del Ejército en la sesión del Consejo General del INE del 1 de junio y la influencia del dinero del huachicol fiscal en la Elección Judicial subrayan el origen del problema y le dan la razón a Diego Valadés. El constitucionalista mexicano argumenta que la Reforma Judicial desencadenó a los poderes fácticos.

En octubre, González Alcántara presentó un proyecto para resolver una acción de inconstitucionalidad que pretendía invalidar la Reforma Judicial. Aunque la sentencia fue frenada por el voto del ministro Alberto Pérez Dayán, a quien hoy ubican como un futuro miembro del cuerpo diplomático mexicano, las palabras del ministro fueron casi proféticas: “No existe la certeza para la ciudadanía sobre los perfiles que se le presentarán en una lista masiva y bajo un sistema que no ofrece, tampoco, garantías para que se emita un voto informado”, se lee en el proyecto de sentencia. “En esta última instancia, no existe certeza para las personas sobre los perfiles de las personas juzgadoras que, el día de mañana, impartirán justicia y dirimirán conflictos sobre sus derechos, sus obligaciones y sus libertades”, continúa.

En el proyecto de sentencia se concluye que “aún sin analizar la mera elección popular como un método compatible con el régimen democrático y republicano para la elección de personas juzgadoras, es claro que tanto el sistema de postulación de candidaturas como el sistema de listas generado para la votación corrompen los fundamentos de nuestra República representativa y democrática”. Tenía razón: el Comité de Evaluación que presidieron el ex ministro, Arturo Zaldívar, y el abogado privado del ex presidente, Javier Quijano Baz, tuvo el privilegio de escoger las candidaturas idóneas entre un ‘pool’ de más de 55 mil candidatos. La destitución anticipada del polémico abogado panista Roberto Gil Zuarth fue evidencia de que se trató de un proceso politizado.

La Reforma Judicial no mejora la impartición de justicia a nivel de ras de suelo y deja abierta la puerta a la injerencia del crimen organizado en los tribunales. Ahora, más que nunca.  Un caso ejemplifica este riesgo: Tania Contreras López, quien tiene vínculos familiares con personajes asociados a la Columna Armada Pedro J. Méndez y al negocio del huachicol fiscal, lidera las preferencias para el Supremo Tribunal de Justicia de Tamaulipas. Se trata de la beneficiaria de un esquema de difusión de acordeones desde el poder. A pesar de sus conexiones, o precisamente gracias a ellas, fue que el oficialismo movilizó al aparto gubernamental para promover su candidatura.

Las consecuencias de la nueva composición del Poder Judicial apenas están por conocerse. En el caso de la Suprema Corte, se espera una recomposición total de la interpretación y las sentencias. Hugo Aguilar será el nuevo presidente del máximo tribunal. El perfil de quien ha sido un defensor jurídico de los pueblos originarios durante décadas anticipa un clima mucho menos adecuado para la inversión. Desde la izquierda, argumentan que esto no necesariamente es negativo. ¿Aguilar ganó por méritos propios, por ser el favorito de la 4T o por ser el primer nombre de la lista en la parte superior de las boletas?

A pesar del inminente giro a la izquierda en la Suprema Corte, hay intereses corporativos que ya empiezan a rodear a las togas de la 4T. La injerencia de Lenia Batres en asuntos como la demanda de las hermanas Garza Delgado contra Santander o el crédito fiscal de Grupo Salinas van a marcar la línea. Con la nueva Corte, el T-MEC pende de un hilo.

El desaire de la ciudadanía a la Elección Judicial, la de mayor abstención en la historia reciente del país, demuestra que el proceso fue un fiasco, un desastre y una simulación. No podía saberse.