La venganza de Kiki Camarena

El asesinato de Kiki Camarena cambió para siempre la relación del aparato de seguridad de Estados Unidos con el gobierno de México, aunque este ya no es el mismo país de 1985.

Cuando el mapa del narcotráfico estaba dominado por el Cártel de Guadalajara, las consecuencias del secuestro, tortura y asesinato de un agente de la DEA en territorio mexicano, siguen siendo determinantes para la llamada guerra contra las  drogas, una política que ha dejado más de 100 mil muertos en México en la última década.

Prueba de ello es que Rafael Caro Quintero, a quien se le atribuye el asesinato de Kiki Camarena, sigue siendo el narcotraficante más buscado por la DEA.

El gobierno de Estados Unidos ofrece una recompensa de 20 millones de dólares por información que lleve a su captura, el doble de la recompensa que ofrecen por el líder del Cártel Jalisco Nueva Generación, Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho” y 5 millones de dólares más que la recompensa por Ismael “El Mayo” Zambada, líder del Cártel de Sinaloa.

Rafael Caro Quintero está de regreso en la escena criminal mexicana; agencias de inteligencia en México y Estados Unidos lo conectan con la fundación del Cártel de Caborca y con la explosión de la violencia en Sonora, donde la tasa de homicidios ha escalado a 46.6 personas por cada 100 mil habitantes, una de las cifras más altas del mundo.

Sin embargo, este no es el interés primario de la DEA, a pesar de que el conflicto del Cártel de Caborca con los Salazar, una célula del Cártel de Sinaloa ligada a la influencia de los hijos de Joaquín “El Chapo” Guzmán, es fundamental para entender la nueva dinámica del crimen organizado en México.

Ray Donovan, titular de la DEA en la administración de Donald Trump, lo dijo de manera clara y explícita: “esto es algo personal, la prioridad número uno es Rafael Caro Quintero porque mató a uno de nuestros agentes”… Esta es la venganza policial de Kiki Camarena.

Pero hay otra venganza más significativa: la venganza legal. Horas antes de recibir al presidente Andrés Manuel López Obrador en la Casa Blanca, Joe Biden firmó la Ley “Jaime Zapata y Víctor Ávila” para la protección de agentes y empleados federales.

Se trata de una de las piezas legislativas de mayor impacto para la relación bilateral México-Estados Unidos en materia de seguridad. La ley hace posible que el Departamento de Justicia pueda procesar a quienes asesinen o intenten asesinar a agentes estadounidenses en el extranjero.

Se le nombró Ley “Jaime Zapata y Víctor Ávila” en honor a los agentes especiales del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE por sus siglas en inglés) que fueron atacados en San Luis Potosí en febrero de 2011. Zapata murió por las heridas de bala de este episodio.

Una corte federal de apelaciones de Estados Unidos desechó los cargos de asesinato, bajo el argumento de que no tenían jurisdicción sobre este tipo de crímenes. La ley que firmó ayer (jueves) el presidente Joe Biden cambia esto.

La nueva política representa una reacción a la Ley de Seguridad Nacional promovida en México por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, la cual limita fuertemente la presencia de agentes extranjeros en suelo mexicano. Esta ley significa uno de los puntos de mayor tensión en la relación bilateral.