La Suprema Corte cierra los ojos a la militarización

¿Qué pasó?

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) mantiene congelados los desafíos legales a la militarización, mientras las Fuerzas Armadas siguen ganando espacios y atribuciones en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador.

¿Por qué importa?

La militarización de la vida pública de México ha sido la principal tónica de AMLO, al entregarle a los mandos castrenses la construcción, administración y operación de obras insignia como el Tren Maya o el AIFA, así como el control de puertos y aduanas, distribución de vacunas y labores de seguridad pública por medio de la Guardia Nacional.

El contexto:

• Durante los tres años y medio que lleva de gestión el ministro presidente Arturo Zaldívar, la Suprema Corte ha postergado la discusión de diversos recursos en torno a controversias militares. Inclusive, en enero pasado, Zaldívar Lelo de Larrea afirmó que éstos se resolverían en el primer trimestre de 2022, sin que hasta ahora se vislumbre una pronta resolución.

Los detalles:

• De acuerdo con el semanario Proceso, ciudadanos, organizaciones de la sociedad civil, la oposición y la propia Comisión Nacional de los Derechos Humanos han interpuesto amparos, controversias constitucionales y acciones de inconstitucionalidad, las cuales han sido postergadas o ignoradas por la SCJN.

• Como ejemplo citan las dos acciones de inconstitucionalidad promovidas por el entonces titular de la CNDH, Luis Raúl González Pérez, en contra de la Ley Nacional del Registro de Detenciones y la Ley de la Guardia Nacional, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 27 de mayo de 2019.

• Dichas acciones fueron enviadas a la ponencia del ministro Javier Laynez Potisek, quien ya las enlistó para ser discutidas por el pleno. Sin embargo, de acuerdo con el listado consecutivo de asuntos por resolver se encuentran en el lugar 63, por lo que hasta el momento no hay una fecha fija para su discusión.

• Por lo pronto, en los hechos, el máximo tribunal del país ha avalado de facto la política de seguridad pública del presidente Andrés Manuel López Obrador, al no definir si su estrategia de militarización es contraria o no a la Constitución.

• Esto ha provocado que la influencia de las Fuerzas Armadas en la vida pública del país se vaya acrecentando, a grado tal que la Sedena se ha convertido en la nueva mayor empresa del estado, aglutinando un conglomerado de empresas que administrará más de 300 mil millones de pesos, según un estudio de la organización civil México Cómo Vamos (MCV).

• Además, mandos militares han sido propuestos para tomar las riendas de corporaciones de seguridad en estados como Culiacán, con el nombramiento de un militar activo (aún por designar) como titular de la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal.

• En el caso de Puerto Vallarta, la Secretaría de Marina anunció este martes que tomaría el control de la policía municipal, teniendo como nuevo comisario de seguridad al capitán de Fragata, Eloy Girón Alcuria. Ambos estados, morenistas.

• Por si fuera poco, se tiene previsto que en las próximas horas, el Contralmirante retirado, Carlos Ignacio Velázquez Tiscareño, Piloto Aeronaval sustituya a Carlos Morán Moguel como director del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM).

• La semana pasada, el presidente López Obrador anunció una nueva “tarea extra” para las Fuerzas Armadas: la Sedena se hará cargo de la rehabilitación del fuerte de Perote, mientras que la Marina hará lo propio con el fuerte de San Juan de Ulúa en el puerto de Veracruz.