La red de Maduro en México sobrevivió a la 4T

¿Qué pasó?

De acuerdo con una investigación de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), entre 2019 y 2020, ocho empresas mexicanas utilizaron una estructura criminal -ligada al colombiano Alex Saab, presunto testaferro de Nicolás Maduro- para enviar alimentos a Venezuela por un monto de 64 millones de dólares.

¿Por qué importa?

• Dicha red de importadoras reemplazó a la que habían estado administrando operadores financieros del chavismo, como Saab y Samark López Bello, a través de tres compañías: Group Grand Limited, Asasi Food y Postar Intertrade, ligada a este último.

• Las operaciones de las tres empresas se suspendieron en 2018, luego de que investigaciones periodísticas destaparan el escándalo de corrupción que involucró una estafa de venta de cajas con despensas a un sobreprecio de 112 por ciento para los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP) de Venezuela.

El contexto:

• Alex Nain Saab Morán fue arrestado en junio de 2020, en Cabo Verde, luego de que el avión privado en el que viajaba hiciera una escala, procedente de Teherán y con destino a Caracas. La semana pasada fue extraditado a Estados Unidos y está siendo juzgado en Miami.

• La Unidad de Inteligencia Financiera interpuso cinco denuncias ante la FGR contra 25 personas vinculadas a la presunta red de lavado de dinero que Saab operó en México. Las autoridades calculan que el volumen de transacciones  ilegales fue de 156 millones de dólares.

Los detalles:

• Según detalla MCCI, a través de registros de comercio exterior, durante los primeros dos años de Andrés Manuel López Obrador surgió en México esta nueva red de importadoras, señaladas de servir como intermediarias de empresarios cercanos al presidente Nicolás Maduro y a la vicepresidenta Delcy Rodríguez.

• Entre 2019 y 2020, ocho empresas mexicanas asentadas en los estados de Nuevo León, Baja California, Zacatecas, Veracruz, Guanajuato y el área metropolitana de la Ciudad de México usaron una estructura de al menos 13 importadoras, mismas que fueron creadas en Hong Kong, Panamá, Uruguay e Islas Vírgenes Británicas.

• Fue en junio de 2020 que esta segunda red de envío de alimentos a Venezuela dejó de operar, luego de que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunciara el inicio de una investigación sobre una supuesta “red secreta” al servicio de Maduro, que buscaba evadir sanciones por lavado de dinero.

• Entre la docena de empresas intermediarias que surgieron en 2019 para continuar con el envío de alimentos a Venezuela se cuentan Gardfield Trading Limited de Hong Kong; Agrostar Supply Corp. de las Islas Vírgenes Británicas; La Jacinta y Verlimax SA, estas dos últimas de Uruguay.

• Conforme a los registros consultados por MCCI, Agrostar Supply sirvió de intermediaria de Limari SA de CV, compañía con sede en el Estado de México y que en 2019 fue identificada por el SAT como empresa “fantasma” o facturera.

• Esto no le impidió documentar supuestos envíos de alimentos a Venezuela por 1.5 millones de dólares. Lo mismo sucedió con La Jacinta, que fue usada por otra facturera, B-Eminent, al registrar operaciones por 1.4 millones de dólares el mismo año.

• La red de importadoras no sólo sirvió para llevar a cabo operaciones simuladas de factureras, sino que también empleada por otras empresas como Integradora de Productores del Estado de México (IPEM) y la Empacadora Abeto SA de CV.

• Sus accionistas incluyen a Patricia Mundarain Guzmán (acusada de participar en un esquema de desvío de fondos públicos en Venezuela) y a Esneidy Mayerling Villanueva Medina, esposa del ex alcalde chavista Jhonnathan Teodoro Marín Sanguino (acusado de corrupción).

• De hecho, Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad documentó en agosto pasado que una de las tres empresas que Marín Sanguino constituyó junto a su esposa (Neurova Life) recibió este año un contrato por adjudicación directa del gobierno federal para abastecer de 361 mil cubrebocas al IMSS.

• En el caso de la Empacadora Abeto, filial de IPEM, recibió subsidios por 13.8 millones de pesos por parte de la Sagarpa, según reveló un informe de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), correspondiente a la Cuenta Pública 2011. Asimismo, presentó 41 facturas electrónicas, presuntamente falsas, para justificar la comercialización de miles de toneladas de frijol
• Fruverloz es otra empresa acusada por la ASF de desviar 35 millones de pesos de recursos públicos, a través de un contrato firmado con Segalmex en 2019. MCCI reveló en julio pasado que dicha empresa formaba parte de una red operada por un “facturero”, que también recibió contratos por 800 millones de pesos, pero entre 2019 y 2020.