La PGR siempre pierde

La liberación de Elba Esther Gordillo puso de relieve una de las realidades más evidentes de nuestra vida pública: la Procuraduría General de la República es una institución ineficiente, corrupta y capturada por los intereses políticos del gobierno en turno.

 Más allá de las interpretaciones políticas de este suceso, la opinión pública y la comentocracia encontraron en la PGR a un culpable común.  A los ojos del país, los fiscales mexicanos fueron incapaces de construir un caso exitoso en contra de quien es percibida como una de las figuras más corruptas del sistema político mexicano.

La Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público documentó montos, cuentas bancarias, operadores y transferencias del presunto desvío de fondos de un fideicomiso del Sindicato Nacional de los Trabajadores de la Educación a favor de Elba Esther Gordillo. A pesar de ello, la PGR perdió los cuatro casos que abrió en contra de “La Maestra”. Los fiscales no pudieron comprobar los delitos imputados de fraude fiscal, delincuencia organizada ni lavado de dinero.

A pregunta expresa del periodista Ciro Gómez Leyva, Olga Sánchez Cordero, ex ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y propuesta para dirigir la Secretaría de Gobernación en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, dijo que el caso de la PGR “no estaba bien armado”.

Una derrota tras otra

Esta derrota en tribunales marca un precedente peligroso. Los casos de alto perfil que lleva el Estado mexicano en contra de ex gobernadores o miembros de la delincuencia organizada tienen un común denominador: se basan en acusaciones de lavado de dinero o fraude fiscal, lo cual, como en el caso de Elba Esther Gordillo, implica la colaboración de la PGR con la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda.

Los resultados no han sido alentadores. Andrés Granier, el ex gobernador de Tabasco preso en la Torre Médica del penal de Tepepan, ganó un amparo en agosto del año pasado por el delito imputado de defraudación fiscal. En junio de este año, obtuvo otro amparo por el delito imputado de peculado.

Son reveses importantes para los fiscales mexicanos, considerando que su situación es similar a la de Gordillo, quien obtuvo su libertad a base de concesiones graduales de amparos.

En el caso de Guillermo Padrés, el ex gobernador de Sonora que se encuentra preso, un juez federal dijo que la PGR no pudo comprobar acciones de lavado de dinero ni fraude fiscal. De acuerdo a versiones extraoficiales cercanas a la situación, su liberación es prácticamente inminente.

La PGR tampoco ha podido cerrar el caso de Armando Reynoso Femat, el ex gobernador de Aguascalientes que es señalado explícitamente de recibir financiamiento ilegal de parte de Luis Carlos Castillo, un ex contratista gubernamental que hoy es un testigo protegido de los fiscales del Distrito Sur de Texas.

Asimismo, el caso federal en contra de César Duarte, el ex gobernador de Chihuahua, es incierto. El del ex gobernador de Tamaulipas, Tomás Yarrington, fue cedido a la jurisdicción de los fiscales en Estados Unidos, quienes obtuvieron su extradición desde Italia.

En suma, la incapacidad de la PGR para cerrar casos de alto perfil que cuenten con elementos aportados por la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público son parte de un patrón sistémico.

Independientemente de si el Procurador General de la República se llama Jesús Murillo Karam, Raúl Cervantes Andrade o Alberto Elías Beltrán; las deficiencias de los fiscales mexicanos son la regla, no la excepción.

Es en este contexto, y a la luz del contraste que ha evidenciado el caso Odebrehct con otras fiscalías de  América Latina, que la sociedad civil pide, de una vez por todas, construir una #FiscalíaQueSirva.