La ofensiva de Rubio contra Venezuela es una lección para México

El pasado 27 de julio de 2025, el Secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, publicó en la red social X un mensaje contundente: “Maduro no es el presidente de Venezuela y su régimen no es el gobierno legítimo. Maduro es el líder del Cártel de los Soles, una organización narcoterrorista que se ha apoderado de un país”. Esta acusación, formulada apenas dos días después de que el Departamento del Tesoro incluyera al Cártel de los Soles en la lista de Nacionales Especialmente Designados (SDN), busca reforzar la narrativa de que el propio Estado venezolano está implicado en redes de tráfico de drogas y terrorismo.

En paralelo, el subsecretario de Estado, Christopher Landau, aprovechó su intervención ante la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos (OEA) para denunciar el “descarado fraude electoral” del 28 de julio de 2024, cuyas “actas validadas por la comunidad internacional” apuntan a una victoria de la oposición, no al “nuevo mandato” de Maduro. Landau cuestionó también la “inacción” de la OEA frente a violaciones sistemáticas de normas democráticas, advirtiendo que Estados Unidos revisa su permanencia en organismos multilaterales que no cumplan con su misión de proteger la democracia.

Desde enero de 2025, el gobierno de Estados Unidos no reconoce los resultados de las elecciones presidenciales de julio de 2024 en Venezuela, calificándolos de ilegítimos y señalando la ausencia de datos oficiales transparentes. Para Washington, la reelección de Maduro carece de sustento democrático y contraviene los principios de transparencia e imparcialidad de los comicios.

En Venezuela, la líder opositora María Corina Machado respaldó las críticas de Landau y recordó que “los venezolanos llevan años denunciando el colapso de las instituciones democráticas”. Machado celebró que la OEA recupere su papel en defensa de los derechos humanos y advirtió sobre la “traición” de quienes, en su opinión, han mirado hacia otra parte mientras el régimen consolida su poder mediante la represión y la manipulación electoral.

Más allá del impacto directo en la crisis venezolana, estas declaraciones de la diplomacia estadounidense podrían alterar sensiblemente la relación con México. El pasado junio, el gobierno de Donald Trump presionó a la administración de Claudia Sheinbaum para que investigue y procese a políticos mexicanos con supuestos vínculos al crimen organizado, incluso con miras a su extradición a Estados Unidos si existieran cargos pendientes. Aunque la Secretaría de Relaciones Exteriores negó haber recibido tal solicitud, calificándola de “fake news”, el episodio dejó expuesta la tensión entre la exigencia de Washington por mano dura contra la corrupción y el compromiso de México con su soberanía y autonomía judicial.

En este contexto, el énfasis de la Casa Blanca en calificar a un jefe de Estado ajeno como líder de un narcocártel envía una señal clara: la política exterior estadounidense bajo la administración Trump descansa en criterios de máxima presión contra regímenes percibidos como corruptos o autoritarios. Para México, acostumbrado a coordinar esfuerzos de seguridad bilateral, esta retórica podría traducirse en un replanteamiento de la cooperación en materia de judicialización de casos de corrupción y narcotráfico. La insistencia en extradiciones y procesos penales a políticos mexicanos, ya sean reales o supuestos, amenaza con erosionar la confianza mutua y dificultar acuerdos en áreas tan sensibles como la migración, el combate al fentanilo y el control fronterizo.

En suma, las duras acusaciones de Rubio y Landau contra el régimen de Maduro no sólo profundizan la crisis diplomática con Caracas, sino que reconfiguran el tablero de la política exterior norteamericana en América Latina. Para México, el desafío será equilibrar la voluntad de conservar una relación estratégica con Estados Unidos y, al mismo tiempo, preservar su autonomía y principios de no subordinación ante presiones de corte judicial y político.