La Mara Verde

Por décadas, en El Salvador se dejó crecer una pandilla dedicada a la extorsión, el contrabando, secuestro, robo y narcotráfico. Alcanzó tal poder que se transformó en una organización criminal, azote en todo Centroamérica, conocida mundialmente como La Mara Salvatrucha.

En México comienza a extenderse el poder y la ambición de otra “Mara”, esta de color verde, y viene con el apellido Lezama. Es la gobernadora de Quintana Roo, una entidad estratégica por su posición como el principal destino turístico no sólo de México, sino del Caribe. Once millones de turistas al año. Los intereses que se mueven en torno a Cancún, Playa del Carmen, Isla Mujeres y Tulum son enormes. Y así, los miles de millones en obras públicas, con sus respectivos acuerdos en lo oscurito.

En el papel, Mara Lezama gobierna Quintana Roo bajo las siglas de Morena. En la realidad, cogobierna de la mano del Partido Verde, que tienen en esa entidad su enclave de acuerdos económicos con los que se les agradece a “los niños verdes” su apoyo incondicional para lograr, en el Congreso, la “mayoría calificada” que le cede el Poder Legislativo a la Cuarta Transformación. Una concesión sellada en la máxima de la política de “amor con negocios se paga”. Para nadie es un secreto que, en Quintana Roo, el que parte y dispone de la agenda política y de obras es Jorge Emilio González. El infausto “Niño Verde” es el jefe máximo, el poder tras el trono de La Mara Verde.

Y entre las más recientes intromisiones de esta pandilla plagada históricamente de corrupción está la amenaza de confiscar el sistema de agua potable que surte a 11 poblaciones de Quintana Roo, incluyendo Cancún, Playa del Carmen e Isla Mujeres. Este sistema, que lleva por nombre Aguakan, fue creado en 1993 con fondos privados de Afores que desde entonces invirtieron 8 mil 800 millones de pesos en sus redes, no sólo en el sistema potabilizador, sino de tratamiento de aguas negras.

Esa operación privada le ha generado al estado de Quintana Roo beneficios por cerca de 8 mil 500 millones de pesos, además de 5 mil 500 millones de pesos en impuestos. En comparación, los dividendos pagados a los fondos privados que crearon el sistema apenas alcanzan en ese mismo periodo los mil 900 millones. La realidad es que todas las utilidades se han reinvertido para hacerle frente al descomunal crecimiento de ese paraíso turístico.

Pero, de pronto, a la Mara Verde se le metió entre ceja y ceja la urgencia de estatizar el sistema privado Aguakan. Y podrían hacerlo si se apegaran a lineamientos legales y financieros. Pero sólo están dispuestos a pagar 4 mil 500 millones de pesos por todo el sistema, cuando su valuación supera los 20 mil millones de pesos.

Eso ya desató una guerra en la que la Mara Verde no sólo rechaza sentarse a la mesa de las negociaciones, sino que exige -como cualquier pandilla mafiosa- que la compra sea bajo sus condiciones y al precio que ellos imponen, sin valuaciones de por medio, sin mesa de negociación y sin considerar que los fondos invertidos son de un puñado de Afores que tienen estatutos financieros muy rígidos para responder al control oficial bajo el que operan. Entre estas afores están XXI Banorte, Banamex, Sura y Afore Principal. Y esos fondos de dineros privados, del ahorro de los trabajadores, por ningún motivo van a permitir que se les despoje de sus inversiones de 32 años.

La gobernadora Mara Lezama ha hecho del intento de comprar Aguakan toda una cruzada. Dice que dan mal servicio, que son caros, que por eso los tiene que poner contra la pared. Pero lo cierto es que cobran lo mismo que se paga en otras poblaciones como Holbox y Tulum, que no tienen Aguakan, y cuyo servicio es de menor calidad en el servicio.

Pero este no es el primer zarpazo de la Mara Verde sobre empresas privadas que brindan servicios públicos. Hace unos años, esa misma pandilla política, le canceló la concesión de la recolección de basura en Cancún a la empresa Inteligencia México. La guerra escaló hasta que lograron privar de su libertad a su dueño, Carlos Canabal, quien acabó en una prisión no de Quintana Roo, sino de Nuevo León, donde bajo curiosos acuerdos se pudo operar el favor político a los “niños verdes”. José Emilio González fue el que “apadrinó” la nueva concesión al consorcio Red Ambiental.

Por eso es muy ad hoc el calificativo de La Mara Verde. Porque al igual que las pandillas criminales centroamericanas flagelan como caciques a la ciudadanía, a empresarios y a hoteleros que, indefensos, no tienen otra salida que ceder a sus exigencias y entregar sus concesiones a cambio de nada.

No estaría de más que el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum patrocinara -de la mano de la Secretaria de Hacienda- un peritaje y una valuación profesional para dirimir este -hasta ahora- fallido intento de despojo y de extorsión.

Y, sobre todo, que la gobernadora Mara Lezama deje en claro si lo que busca es que su gobierno tome el control de tan vital servicio o si se lo quiere entregar a amigos suyos y de sus “niños verdes”, quienes están listos para hacer negocios poco transparentes con esa Mara Verde.