La Ley Lozoya

La situación es inédita: el ex Presidente que acaba de dejar el poder, su primer director de Pemex y uno de los empresarios mexicanos más importantes de los últimos treinta años están fuera del país por temor a repercusiones judiciales.

Enrique Peña Nieto está en Madrid. Emilio Lozoya, que tiene dos órdenes de aprehensión en su contra, en Alemania. Y Alonso Ancira, el dueño de Altos Hornos de México, enfrenta un caso de lavado de dinero en España.

El hecho de que estos personajes de alto perfil de la política mexicana se encuentren en el exterior exhibe un común denominador: su presunta participación en los negocios que se hicieron en la frontera del conflicto de interés de ex funcionarios convertidos en empresarios y viceversa.

Ésta es la razón por la que se habría aprobado la Ley Lozoya, una reforma al artículo 24 de la Ley Federal de Austeridad Republicana que impide que los servidores públicos ocupen puestos en empresas que hayan supervisado, regulado o tenido información privilegiada en el ejercicio de su cargo público, salvo que hubiesen

¿Por qué la Ley Lozoya? Porque éste es el nombre que se cruza en los cuatro escándalos corporativos de conflicto de interés más prominentes del gobierno de Enrique Peña Nieto: Agro Nitrogenados, Fertinal, Odebrecht y OHL.

Emilio Lozoya: un retrato del conflicto de interés en México

El caso Lozoya es emblemático para entender el problema de captura regulatoria del Estado mexicano y por qué la puerta giratoria entre gobierno y empresas se presta para hacer negocios al amparo del poder o para obtener ventajas competitivas a partir de conexiones políticas.

Antes de llegar a Pemex, Lozoya fue miembro del Consejo de Administración de OHL México. Esto no solo se tradujo en contratos de servicios e infraestructura para una firma que jamás había tenido una relación comercial con la petrolera mexicana; sino que se concretó una agenda particular en una empresa pública: Lozoya nombró al director de finanzas de OHL México, Mario Beauregard, como el nuevo director de finanzas de Pemex.

También designó a Arturo Henríquez Autrey como director de Procura y Abastecimiento, hoy Pemex Transformación Industrial. Aquí el conflicto de interés fue doble: este ex funcionario es uno de los principales accionistas de Altos Hornos de México, la empresa que, según la Auditoría Superior de la Federación, vendió Agro Nitrogenados a Pemex en estado chatarra por 275 millones de dólares.

Además, Henríquez Autrey estaba vinculado a Oceanografía, el contratista de Pemex que defraudó a Banamex por más de 400 millones de dólares.

Es verdad, la reforma al artículo 24 de la Ley Federal de Austeridad Republicana no habría evitado las irregularidades en las que incurrió la administración de Emilio Lozoya en Pemex.

Sin embargo, su nombramiento fue la culminación de una tradición de más de dos décadas en la que, prácticamente sin excepción, todos los ex directores de Pemex incurrieron en un conflicto de interés después de dejar el servicio público.

Y todos, prácticamente sin excepción, intentaron capitalizar esta información privilegiada en las oportunidades de negocio que surgieron a partir de la reforma energética promulgada por el gobierno de Enrique Peña Nieto.

Los conflictos de interés de los ex directores de Pemex: cuatro ejemplos

El sexenio de Ernesto Zedillo inauguró la tradición de la puerta giratoria de Pemex. El primer director de la paraestatal en esta administración fue Adrián Lajous, quien dejó su cargo público en 1999. Tres años después, ya se había incorporado a Schlumberger, uno de los contratistas de servicios más importantes de la compañía petrolera mexicana.

En el 2006, Lajous entró al Consejo de Administración de Ternium, una empresa que fue parte del consorcio Odebrecht-Arendal-Techint que construyó la obra de infraestructura energética más importante del sexenio anterior: el gasoducto Los Ramones II, una obra de 900 millones de dólares.

Rogelio Montemayor, el segundo director de Pemex de la administración de Ernesto Zedillo, es otro caso emblemático porque incurrió en conflictos de interés relacionados con el sector petrolero antes y después de ser el CEO de la paraestatal.

En 1992, cuando era Senador y uno de los políticos más cercanos al Presidente Carlos Salinas de Gortari, su familia se asoció con Altos Hornos de México para obtener la privatización de Agro Nitrogenados.

Ese año, también se asoció con Fabio Covarrubias para adquirir Fertinal, una empresa que fue recomprada por el gobierno en el sexenio de Enrique Peña Nieto por 635 millones de dólares en un estado de quiebra inminente.

Cuando Montemayor dejó Pemex en el año 2000, se dedicó a diseñar el Clúster de Energía Coahuila, una entidad privada abocada a la explotación de campos de gas y petróleo shale en el norte del país.

La transición democrática no cambió el status quo de conflicto de interés en Pemex. Luis Ramírez Corzo, quien fue director general de la petrolera entre el 2004 y el 2006, fundó, posteriormente, Oro Negro. La compañía fue incorporada en asociación con Gonzalo Gil White, el hijo del secretario de Hacienda de la administración de Vicente Fox.

Esta empresa de servicios petroleros es vista como una radiografía de los intereses de la élite política en Pemex: Oro Negro enfrenta un proceso de concurso mercantil y un litigio de mil millones de dólares con Pemex y el empresario David Martínez, accionista de SeaDrill, por la terminación de cinco contratos de perforación. El caso exhibe acusaciones cruzadas de sobornos a altos funcionarios de la petrolera paraestatal.

Para Ramírez Corzo, esto podría ser un deja vu, ya que fue acusado de favorecer a Oceanografía a petición de los hijos de Martha Sahagún de Fox durante su gestión en Pemex.

En el sexenio de Felipe Calderón las cosas no fueron diferentes. Juan José Suárez Coppel se unió a Jacobs Engineering Group cuando dejó la dirección de Pemex en el 2012. De acuerdo a La Jornada, este grupo empresarial obtuvo contratos de servicios en la paraestatal por 2,500 millones de dólares entre 2011 y 2013. Es decir, durante e inmediatamente después de la gestión de Suárez Coppel como CEO.

La Ley Lozoya no es una panacea

La Ley Lozoya no está exenta de polémica. Las bancadas del PAN y de Movimiento Ciudadano en el Senado anunciaron que van a litigar esta reforma en la Suprema Corte de justicia porque consideran que es violatoria del Artículo 5 Constitucional.

Además, Alejandra Palacios, la Comisionada Presidente de la Comisión Federal de Competencia Económica, argumenta que con esta Ley “el gobierno se perderá la posibilidad de atraer y retener talento especializado en áreas de regulación”.

Son puntos válidos, pero hay quiénes ven la urgencia de cerrar los conflictos de interés que se realizan en detrimento del Estado a partir de la puerta giratoria. Este mecanismo es referido como el modus operandi de quienes hacen negocios en México en la intersección de la política y la iniciativa privada.

No sólo son los directores de Pemex. La práctica se extiende a lo largo y ancho de toda la administración del sector público. Un ejemplo es el caso de Georgina Kessel, la ex secretaria de Energía del gobierno de Felipe Calderón.

En el 2013, el Congreso pidió investigar la adhesión de Kessel como consejera externa de Iberdrola, la compañía energética española cuya subsidiaria en México obtuvo contratos por al menos 450 millones de dólares con Pemex en el 2012. La ez secretaria de Energía se incorporó a la empresa apenas cinco meses después de que terminó su cargo público en la administración de Calderón.

Otro ejemplo está en el caso del juicio de arbitraje más importante en la historia de la CFE, un litigio de 899 millones de dólares por el uso del gasoducto marino Texas-Tuxpan. Una de las contrapartes de la empresa paraestatal es Ienova, cuyo director general es Carlos Ruiz Sacristán. Este ex funcionario fue secretario de Comunicaciones y Transportes, director de Pemex y consejero de OHL México.

Pero ésta parece ser apenas la punta del iceberg en la extensa puerta giratoria mexicana, en la que surgen nombres como el de Luis Téllez o compañías como Blackrock, KKR y PMI.

La cuestión de fondo es si esta modificación al artículo 24 de la Ley Federal de Austeridad Republicana es el mecanismo adecuado para desincentivar los conflictos de interés de ex funcionarios públicos.