La guerra del aluminio

La presidenta Claudia Sheinbaum enfrenta una fuerte presión del gobierno de los Estados Unidos. El presidente Donald Trump estaría elevando las exigencias para que entregue a la justicia a uno o dos empresarios que presumiblemente estarían introduciendo a México aluminio de contrabando -principalmente de China- para colocarlo de manera triangulada como materia prima o productos terminados “de origen mexicano” en el mercado norteamericano.

Se trataría de un esquema similar al del “huachicol fiscal”, el combustible que ingresa a México de contrabando -sin pagar impuestos- y que inunda con su bajo precio las gasolineras, en una competencia desleal que lesiona las finanzas de Pemex y que deja multimillonarias ganancias a quienes controlan ese mercado ilegal.

En el caso del aluminio, se trataría de la introducción bajo el esquema de importación temporal -para procesarse en México y devolverlo al extranjero- que jamás regresaría a su destino y acabaría siendo colocado en el mercado nacional e internacional sin pagar los impuestos. Como si fuera aluminio “Made in Mexico”.

Esa maniobra habría desplazado del mercado a grandes productores y distribuidores de aluminio -principalmente norteamericanos y canadienses- que solían surtir a los grandes consumidores mexicanos. Son personajes presumiblemente cercanos a la Casa Blanca los que estarían ejerciendo fuertes presiones para que se exhiban y se castigue hasta con cárcel a los productores o distribuidores mexicanos que presuntamente cometen ese ilícito, que saca del juego a productores norteamericanos de aluminio de un mercado que está valorado en unos 10 mil millones de dólares anuales.

Ese aluminio es altamente demandado, lo mismo en la fabricación de latas para refrescos o cerveza que para cancelería, perfiles para ventanas, pero, sobre todo, para los grandes consumos en la industria automotriz, desde monoblocks para motores, pasando por rines hasta carrocerías.

Las presiones de los productores norteamericanos son de tal magnitud, dentro del círculo más cercano al presidente Trump, que aún por encima de su promesa de posponer el debate de los aranceles hasta el 2 de abril, el inquilino de la Casa Blanca sorprendió al mundo al decretar la semana pasada un arancel del 25 por ciento al acero y al aluminio que Estados Unidos importa no sólo de México, sino de China y Canadá.

Se tiene conocimiento que, para satisfacer el apetito de castigo norteamericano sobre algunos productores de aluminio mexicanos, el Sistema de Administración Tributaria (SAT) estaría acelerando investigaciones fiscales sobre los principales importadores de aluminio en México. La estrategia es hacer compulsas para detectar diferenciales entre lo que producen nacionalmente, lo que exportan del extranjero y lo que acaban por reportar como ventas. Tratan de encontrar discrepancias que pongan en evidencia ese contrabando para asestar un castigo ejemplar.

La principal irregularidad que se investiga es el no retorno de aluminio importado temporalmente, al amparo del programa IMMEX, que consiste en introducir aluminio del extranjero por cierto tiempo y una vez procesado, regresarlo.

Lo que el SAT estaría tratando de localizar son distribuidores de aluminio que, al amparo de empresas fachada, estarían operando esas triangulaciones que violentarían los tratados comerciales con Estados Unidos y Canadá. Se trataría de contribuyentes no localizados, de quienes se presume operan como centros de lavado de dinero, puesto que sus operaciones serían ficticias, sólo de manera documental. Una de esas empresas estaría ubicada en Chihuahua y se le estarían adjudicando 20 mil millones de pesos de créditos fiscales por importaciones de aluminio no declaradas.

Algunos analistas, sin embargo, estiman que los montos de las importaciones no dan el margen para esas cantidades, considerando que las ventas totales de aluminio procedente de México a Estados Unidos apenas alcanzan los 10 mil millones de dólares, aunque si se contabiliza la “chatarra” podrían alcanzar los 23 mil millones de dólares.

De ahí la presunción de que la persecución fiscal va más allá de una disputa de aranceles y podría presumirse que se trata de una operación política diseñada, desde Estados Unidos, con el fin de que productores y distribuidores norteamericanos se adueñen de segmentos estratégicos del mercado mexicano que controla hoy ese valioso metal no ferroso.

¿Cederá la presidenta Claudia Sheinbaum a entregar, en una de sus próximas conferencias mañaneras, a un empresario del aluminio como condición para consumar otras negociaciones arancelarias con la Casa Blanca? La guerra por el control del aluminio apenas empieza. Y está atrapada en la guerra de los aranceles.