La guerra contra la guerra

Marcelo Ebrard y Andrés Manuel López Obrador han hecho lo que hace meses parecía imposible: traer al círculo cercano del Presidente Donald Trump a sentarse a negociar cara a cara en una casa de la Colonia Roma.

Estarán el secretario de Estado, Mike Pompeo; el yerno del presidente, Jared Kushner; el secretario del Tesoro, Steven Mnuchin; y la secretaria de Seguridad Nacional, Kirstjen Nielsen.

Las expectativas del encuentro son altas, pero podrían toparse con un problema. El equipo de Andrés Manuel López Obrador se está preparando para hacer uno de los cambios más radicales de política pública en la historia reciente del país: dejar atrás la guerra contra las drogas y transitar hacia la legalización de la mariguana y, posiblemente, de la amapola.

López Obrador ha sido uno de los grandes críticos de la guerra contra las drogas. Su campaña fue acompañada por colectivos que buscan personas desaparecidas y por los principales partidarios de la iniciativa “No más sangre”.

Pero la historia sugiere que una cosa es ser oposición, otra cosa es estar en campaña y otra muy diferente es gobernar.

En el caso de López Obrador, la idea de dejar atrás la guerra contra las drogas parece que va en serio.

La vocera de esta iniciativa ha sido nada más y nada menos que Olga Sánchez Cordero, nominada para ocupar la Secretaría de Gobernación, la cartera política más importante del gabinete.

La ex ministro de la Suprema Corte de Justicia sería la encargada de desmantelar poco a poco una política de drogas que históricamente ha sido dictada por Estados Unidos desde Washington.

Allá se diseñó la estrategia de descabezamiento de cárteles que ha sido responsable en gran medida de que la tasa de homicidios por cada cien mil habitantes pasará de 8 en 2007 a 21 en 2011.

Allá se fraguaron las negociaciones para que el ex abogado del Chapo Guzmán,  Humberto Loya Castro, se convirtiera en informante de la DEA y ayudara a derribar las organizaciones rivales del Cártel de Sinaloa.

Allá se decidió que el Departamento de Justicia avalaría el desastroso programa Rápido y Furioso, con el que miles de armas, que fueron proporcionadas indirectamente por el gobierno estadounidense,  acabaron en manos de sicarios mexicanos.

Allá se filtró la información de una operación de la DEA en un hotel Holiday Inn en Monterrey que derivó en la desaparición de personas inocentes por la negligencia de los agentes estadounidenses.

La lista de los errores y omisiones de la operación de las agencias de seguridad de Estados Unidos en México es larga.

Sin embargo, para muchos, el problema está en que la guerra contra las drogas no es una exhibición de cooperación, sino de sumisión.

Por ejemplo, en el 2011, The New York Times publicó que el gobierno estadounidense operaba bases militares en México desde las cuales se intervenían teléfonos y se interrogaba a sospechosos presuntamente relacionados con el crimen organizado.

El timing de la iniciativa de Olga Sánchez Cordero no pudo haber llegado en un momento más delicado. No sólo por la fragilidad de la renegociación de la relación bilateral México-Estados Unidos, sino porque nuestros vecinos del norte atraviesan por la peor epidemia de muertes por heroína y fentanilo en su historia, dos sustancias derivadas de la amapola.

La propuesta de la futura secretaria de Gobernación no es del todo clara. Plantea tres ejes en torno a la legalización: una política de pacificación que implica un retorno gradual del ejército a los cuarteles, una Ley de Amnistía avalada por el Congreso y nuevos lineamientos de regulación para el consumo y comercialización de las drogas.

Lo que sí está claro es que México, un país con un déficit de fuerzas de seguridad pública, ha caído en el absurdo de utilizar sus recursos humanos y fiscales para erradicar campos de mariguana cuando 25 estados de la Unión Americana ya transitaron hacia la legalización.

López Obrador y Marcelo Ebrard quieren empezar con el pie derecho su relación con el gobierno de Donald Trump. La pregunta es si se va a ignorar el elefante en la habitación: el abierto rechazo a la guerra contra las drogas al interior del nuevo gabinete mexicano.