La doble vida de Google en México

Que en México exista un caso de presunta corrupción que involucre a funcionarios de gobierno y a alguna empresa privada, no sorprende a nadie. Pero que esa empresa sea nada más y nada menos que el gigante tecnológico Google, eso sí que llama la atención. 

Esta es la historia de la llamada ‘doble vida’ de Google en México.

Acostumbrado a lidiar con casos difíciles y de alto perfil a lo largo de su carrera, el abogado mexicano Ulrich Richter ha puesto tras las cuerdas a la quinta compañía más grande del mundo, de acuerdo con su valor en el mercado. Y es que el penalista se convirtió en marzo pasado en la primera persona -en todo el mundo- en obtener una sentencia favorable contra Google por daño moral.

Ese caso aún no termina, pero abrió el camino para que el equipo legal encabezado por Richter pusiera la lupa en las actividades que ha desempeñado el gigante tecnológico en México.

«Y encontramos a una serie de contratos, que son las famosas adjudicaciones directas, que había obtenido Google a través de sus empresas mexicanas, Google Operaciones México.»

En particular, un contrato entre la Procuraduría en Defensa del Contribuyente y Google Operaciones México, por un monto de poco más de 500 mil pesos, el cual carecía de los estudios de mercado que exige la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

Hoy, ese caso ya está siendo investigado por la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, la cual integró una carpeta por el posible delito de uso ilícito de atribuciones y facultades por parte de la Prodecon. Y las implicaciones podrían tener alcances internacionales.

“Es la primera vez en la historia del gigante tecnológico en sus 20, 21, 22 años, en donde se le vincula, se le relaciona, se le toca, se le menciona, en un expediente vinculado a un tema de corrupción.»

Según explica Richter en entrevista con Código Magenta, primero que nada, este descubrimiento contradijo lo asegurado anteriormente en una declaración jurada por el entonces secretario suplente de administración del Consejo de Google, Mathew Sucherman, quien había asegurado que el gigante no contaba con una sede en México, por lo que resultaba imposible demandarle ante la justicia mexicana.

«Y que esto es importante, porque si no tuvieras oficina en México, pues en primer lugar, cómo puedes licitar, cómo puedes darle cumplimiento a una licitación.»

Entonces es aquí donde vemos que es la doble vida de Google, ¿no? Por un lado existo para vender publicidad, por un lado existo para obtener adjudicaciones directas y obtener ingresos. Pero por el otro lado no existo cuando me van a juzgar por un procedimiento de lo que sale en mi plataforma, pero tampoco existo para las cuestiones impositivas porque no tengo domicilio aquí, pero también no me vas a encontrar para una cuestión monopólica. Entonces no existo para cosas legales importantes y sí existo para acrecentar mis ingresos de venta de publicidad.”

Más allá de este punto en específico, lo que Richter encontró fue un sospechoso modus operandi que figuraría a una serie de dependencias gubernamentales durante el sexenio del presidente Enrique Peña Nieto, así como a la entonces Coordinadora de Estrategia Digital de la Presidencia de la República, la hoy senadora por el Partido Verde, Alejandra Lagunes Soto Ruiz. Quien, curiosamente, se había desempeñado entre 2005 y 2008 como directora de ventas de Google México.

«Y para nosotros sí es muy importante este tema porque estamos dando puntual seguimiento al actuar de una empresa que le aplica una ley anticorrupción americana muy rígida y que le aplica un compliance muy rígido por ser una empresa emisora de la bolsa de valores de los Estados Unidos».

Richter se refiere a la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero, la FCPA por sus siglas en inglés, esa Ley que ha hecho caer a muchos gigantes corporativos ante el Departamento de Justicia de Estados Unidos.

El asunto se vuelve doblemente relevante considerando que Google es uno de los objetivos políticos de la retórica anti monopólica de la administración de Joe Biden y que enfrenta litigios importantes en materia de competencia en tribunales estadounidenses y europeos.

Es decir, México podría significar un nuevo frente legal para el futuro de una compañía de 1.7 billones de dólares.

En ese sentido, Richter comenta que la senadora Alejandra Lagunes tendría mucho que aportar para entender lo sucedido entre Google México y el Gobierno Federal durante el gobierno de Enrique Peña Nieto.

“¿Cuál era su intervención en todo este tema de la publicidad? Si tuvo ella algún conflicto de intereses, si no tuvo un conflicto de intereses. Porque te quiero dar otro dato: en ese momento, quien era director general de Google México, Esteban Cattaruzzi, fue relevado, y hoy -bueno, no sabemos si hoy- pero fue enviado a una oficina muy lejos de nuestro país en Dubai. Y yo te podría decir: ¿por qué enviar al director que estaba en México en Dubai?.»

Hoy, Alejandra Lagunas -como Senadora de la República- cuenta con un fuero que la protege ante posibles implicaciones judiciales vinculadas con este u otros casos.

Sin embargo, su papel como antigua Coordinadora de Estrategia Digital de la Presidencia amerita que las autoridades investigadoras en México exijan que la actual legisladora rinda cuentas sobre su previa labor, señala el abogado.

Para Richter, el momento histórico que vive México, no se puede desaprovechar.

«A lo mejor en otro tipo de administración, si hubiera seguido el señor Meade, estaría protegiendo a algunos intereses de gente relacionada con la empresa, con este gigante tecnológico. Pero es parte de este cambio que ha venido, de esta situación, donde pues aquí tú lo sabes, pues la historia se cuenta con los propios documentos, donde la empresa, o el gigante tecnológico Google, se ha topado con jueces valientes, con ministerios públicos valientes y con jueces que no se han intimidado ante el oráculo de la inteligencia artificial.»