La derrota de Samuel García en la Suprema Corte

¿Qué pasó?

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ordenó al gobernador Samuel García publicar las reformas aprobadas en el Congreso de Nuevo León, lo que representa un duro revés en tribunales para el mandatario, en medio de una disputa política con la oposición.

¿Por qué importa?

• La crisis política ha paralizado al gobierno de Nuevo León. El gobernador Samuel García se ha rehusado a publicar cientos de reformas aprobadas por el Congreso local. Además, el conflicto ha frenado el flujo de recursos destinados al gasto municipal.

• Durante meses, políticos de oposición han denunciado el presunto acoso de las autoridades estatales contra sus negocios y sus familias a través de inspecciones laborales, citatorios fiscales y suspensiones ambientales.

El contexto:

• La coalición PRI-PAN acusa que el gobernador está extorsionando a los presidentes municipales, liberando recursos solo a los alcaldes que acepten cambiar su lealtad política favor de Movimiento Ciudadano.

• Samuel García niega las acusaciones, pero ha mantenido un discurso rígido respecto a que no negociará con quienes él considera son los poderes fácticos detrás de la oposición: Francisco Cienfuegos y Zeferino Salgado, operadores del PRI y del PAN, respectivamente.

• Por ello, en marzo pasado, el mandatario emecista presentó una controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia -admitida bajo el expediente 262/2023- en contra de los decretos 340, 341 y 342, pese a que fueron aprobados por el Congreso de Nuevo León en tiempo y forma.

Los detalles:

• Sin embargo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó negarle la suspensión al gobernador Samuel García, al considerar que de concederse tal “se afectarían instituciones fundamentales del orden jurídico mexicano, cuyas bases y principios derivan de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos”.

• Además, el máximo tribunal del país consideró que evitar la publicación de los decretos citados en el periódico oficial del estado “obstaculizaría la debida conducción del procedimiento legislativo de creación y modificación de reformas constitucionales en dicho Estado y, por tanto, se pondría en peligro una institución fundamental del orden jurídico mexicano, pues se paralizaría el procedimiento legislativo”.

• En consecuencia, el Ministro Instructor ordenó a García Sepúlveda a cumplir con su obligación constitucional de publicar los decretos legislativos 340, 341 y 342, los cuales contienen reformas a la Constitución local que fueron aprobadas “legítimamente”; el no hacerlo, constituiría una violación al procedimiento legislativo.

• “El gobernador Samuel García ha sido sistemáticamente omiso en publicar en el Periódico Oficial decretos legislativos aprobados por el Congreso estatal, por lo que el Poder Legislativo ha tenido que encontrar mecanismos alternos para cumplir con su función, garantizando la publicidad de las leyes y reformas que se aprueban, agotando siempre el trámite que deba hacerse ante el Ejecutivo”, se lee en un comunicado emitido por el máximo tribunal de justicia del país.