La Corte se prepara para blindar a Cabeza de Vaca

¿Qué pasó?

Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) se alista para blindar al gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, toda vez que el proyecto del ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá propone declarar inválida la orden de aprehensión en su contra.

¿Por qué importa?

• El Congreso estatal reclama que, jurídicamente, el poder legislativo federal invadió su competencia en relación al establecimiento de inmunidad judicial para García Cabeza de Vaca.

• El proceso de desafuero del gobernador de Tamaulipas comenzó a inicios de 2021, tras una imputación realizada por la Fiscalía General de la República, acusándolo de presunto lavado de dinero, asociación delictuosa y defraudación fiscal. En el fondo, la estrategia legal del Congreso local busca evitar su detención.

El contexto:

A solicitud del ministro González Alcántara Carrancá, la Primera Sala de la SCJN aplazó el 1 de junio -para este miércoles- la discusión de dos controversias constitucionales con las cuales el Congreso de Tamaulipas busca evitar el desafuero de García Cabeza de Vaca y ser encarcelado por los delitos que le imputan.

Los detalles:

• De acuerdo con el portal Animal Político, que tuvo acceso al proyecto de sentencia que la Primera Sala buscará resolver este miércoles de manera definitiva, el ministro González Alcántara Carrancá considera que la FGR y el juez que autorizó la orden de captura contra el gobernador de Tamaulipas violaron la Constitución.

• Además, refiere que ambas instancias federales suplantaron indebidamente las facultades del Congreso de Tamaulipas e ignoraron la autonomía del estado al iniciar una persecución contra un funcionario con fuero, por lo que dicho proceso debe invalidarse de inmediato.

• Para González Alcántara Carrancá, el gobernador García Cabeza de Vaca continúa gozando de la inmunidad constitucional, debido a que el Congreso local no homologó la declaratoria de procedencia solicitada por la Cámara de Diputados en abril del año pasado, por lo que no se pudo completar el proceso de desafuero.

• “Además de la violación directa a la esfera competencial prevista en la Constitución federal para el Congreso local, la actuación de ambas autoridades (la FGR y el juez) equivale a suplantar al poder actor en la decisión última sobre la inmunidad procesal de la que goza el gobernador del estado de Tamaulipas… por ello, se declara la invalidez de los actos impugnados en la presente controversia constitucional”, refiere el ministro González Alcántara Carrancá, en referencia a la violación del artículo 111 de la Constitución, que le otorga una doble protección a funcionarios estatales, precisamente para protegerlos de decisiones unilaterales del poder federal, como se plantea en este caso.

• El proyecto pretende solucionar el conflicto a partir de la determinación de si, en efecto, el artículo 111 de la Constitución da la facultad a los congresos locales de autorizar o no el desafuero de un funcionario estatal, a petición de la autoridad federal.

• Una vez resuelto el punto anterior, la Primera Sala procederá a verificar si a raíz de dicha conclusión la actuación de Fiscalía General de la República (FGR) y el juez que autorizó la orden de aprehensión fue válida, con apego a la Constitución.

• “Le corresponde a las legislaturas estatales la decisión final sobre si retirar la inmunidad procesal de los servidores públicos en el ámbito estatal. Es el Congreso local quien evalúa y decide, de manera definitiva, si es procedente remover la inmunidad procesal de la que goza el servidor público mientras ejerce su cargo, en respeto de la soberanía interna de las entidades federativas, pues serán éstas las que sufrirán las consecuencias en caso de verse irrumpida la función pública respectiva.

• “Al considerar que el titular del Poder Ejecutivo de Tamaulipas es susceptible de ser imputado por la comisión de delitos federales, las autoridades demandadas no solo desconocen y vulneran las facultades del Congreso local; además, se sustituyen en este pues el despliegue de sus facultades en contra del titular del Poder Ejecutivo local implica una decisión precedente: la determinación de que el gobernador es susceptible de ser procesado penalmente”, se agrega en el proyecto, revelado por Animal Político.

• Entre sus alegatos, la FGR citó que no retirar el fuero a Cabeza de Vaca era un acto de impunidad; sin embargo, el ministro González Alcántara Carrancá refiere que nada impide a los fiscales llevar a cabo las investigaciones pertinentes contra un funcionario. La única condición es que deben proceder en su contra hasta el término de su inmunidad procesal, es decir, hasta que concluya su mandato.

• “Una vez concluido este, nada impide al Ministerio Público proceder penalmente en contra del servidor público local”, sentencia el proyecto, que para ser aprobado requiere el voto de al menos tres de los cinco ministros que integran la Primera Sala.