La Corte contra la prisión preventiva: el legado de Zaldívar

¿Qué pasó?

El mandato de Arturo Zaldívar como presidente de la Suprema Corte se acerca a su final (concluye el 31 de diciembre de 2022). El ministro busca dejar un legado progresista con decisiones como la regulación de la prisión preventiva oficiosa.

¿Por qué importa?

• En el último lustro, la Suprema Corte ha emitido fallos notables que han marcado un precedente judicial en todo el país, en temas como la libertad de género, el aborto o la objeción de conciencia del personal médico en dicha materia, convirtiéndose en un organismo de corte progresista.

• Ahora, el máximo tribunal del país discutirá la constitucionalidad de la prisión preventiva oficiosa, un mecanismo que, de acuerdo a grupos progresistas, representa un lastre para el sistema judicial mexicano.

El contexto:

La ponencia se centra en el amparo en revisión 96/2022, donde los ministros deliberarán sobre la inconvencionalidad de la prisión preventiva, la cual si bien es contemplada en la Constitución, ésta contraviene el derecho internacional en materia de derechos humanos.

Los detalles:

• Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), reveló que en los próximos días, el Pleno del máximo tribunal discutirá si la prisión preventiva de oficio es o no inconvencional y, por consiguiente, se deberá dejar de aplicar.

• “Estos asuntos son de una enorme relevancia, pueden cambiar la historia de la vida de miles de personas y pueden cambiar también el paradigma sobre el que se ha asentado la persecución de los delitos en México desde hace muchas décadas”, expresó el ministro en conferencia de prensa, cuyas declaraciones fueron recabadas por Proceso.

• El ministro Luis María Aguilar Morales será el ponente de un proyecto en el que se buscará resolver la acción de inconstitucionalidad presentada contra la reforma en materia fiscal, en la que se agregaron delitos como el lavado de dinero al catálogo de aquellos que ameritan prisión preventiva de oficio.

• Zaldívar Lelo de Larrea agregó que, en caso de que el Pleno declare por mayoría calificada que la prisión preventiva de oficio es inconvencional (es decir, que atente contra la protección internacional de derechos humanos), dicha medida ya no podrá ser aplicada en todos los tribunales del país.

• Al respecto, Miguel Ángel Antemate Mendoza, defensor de derechos humanos, refirió que la Suprema Corte tiene la facultad de apegarse a un estándar o parámetro convencional sin declarar inválidas las reformas constitucionales.

• “En algunas ocasiones, la Corte ha sostenido que, si una disposición convencional protege los derechos de las personas de mejor manera que el texto constitucional, entonces, debe optarse por ésta”, afirmó Antemate en el blog jurídico del portal Nexos.

• En ese sentido, Arturo Zaldívar añadió que para respetar la convencionalidad de las normas es necesario realizar una interpretación de la figura de la prisión preventiva de oficio para ampliar el derecho de libertad de las personas vinculadas a proceso penal, en lugar de restringirlo por completo.

• “Si tengo un artículo 1°, que establece que tengo que interpretar pro personae, tengo un artículo o un bagaje de artículos de la Convención Americana, que amplían los derechos de libertad y tengo un artículo 19 (constitucional) que tiene la misma jerarquía que restringe la libertad ¿cuál aplico?

• “Entonces, más que declarar inconstitucional la Constitución, es declarar inconvencional o inaplicables estos artículos porque son contrarios a otros artículos que también son Constitución”, indicó el ministro presidente, al tiempo de recordar que él mismo ha sostenido que la prisión preventiva de oficio ha llegado a ser inconvencional en diversos asuntos.