La antesala del apagón

No podemos engañarnos. La Reforma Eléctrica promulgada en el sexenio de Enrique Peña Nieto propició que algunas empresas generadoras de energía -en colusión con corruptos funcionarios públicos- abusaran de los contratos y buscaran sacar ganancias ilícitas.

Pero fueron algunas, no todas.  Y por esas pocas que abusaron, hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador promueve la cancelación de todos los acuerdos, el desconocimiento de todas las inversiones e intenta decretar una re-nacionalización de la industria eléctrica.

Eso equivale a que un doctor detecte un lunar en una pierna y dos en la otra, y que lejos de extirparlos con una pequeña cirugía, decida que tiene que amputarle ambas piernas al paciente. Es absurdo, torpe y excesivo.

Pero esa es, en pocas palabras, la iniciativa de la Ley Eléctrica que el mandatario mexicano sometió ya al Congreso de la Unión para darle marcha atrás a todo lo firmado con empresas nacionales y extranjeras durante el peñismo.

La propuesta presidencial es draconiana. Se cancelan todos los permisos de generación de energía y los contratos de compra-venta de electricidad ya otorgados y se desaparecen todas las solicitudes pendientes de resolución.

Ya no podrán, las empresas privadas, vender su generación eléctrica directamente. Todo tendrá que hacerse a través de la CFE.

Y para que no existan dudas, también se cancelan todos los organismos reguladores de la industria eléctrica.

Estamos de facto en un decreto de re-nacionalización de la industria eléctrica que le traerá enormes dolores de cabeza a México, por la irresponsabilidad del gobierno de la Cuarta Transformación.

Primero, porque al incumplir los contratos ya firmados con generadores privados, lo que se vendrá será una catarata de litigios millonarios.

Lo menos que reclamarán es que se les pague el retorno de sus inversiones canceladas sin negociación, de manera unilateral. Otro caso como el de la cancelación del aeropuerto de la Ciudad de México.

Segundo, porque al desaparecer la Comisión Nacional de Hidrocarburos y la Comisión Reguladora de Energía, la Secretaría de Energía de Rocío Nahle se apropia de todas las decisiones, no solo del sector eléctrico, sino de todo el sector energético, incluyendo el petróleo.

Tercero, porque tratándose de una reforma constitucional, a Morena y sus aliados -el Verde y el PT- les faltarán 57 votos para la mayoría, lo que obligará al PRI -con 70 legisladores- y a Movimiento Ciudadano -con 23- a definirse. Se unen al presidente López Obrador o se enfrentan para parar el atropello.

Cuarto, porque como cereza en el pastel, el presidente López Obrador anunció la nacionalización de las minas de litio -un mineral vital para la producción de baterías eléctricas-. Para todo fin práctico, solo el gobierno tendrá el derecho de explotación de un mineral de excesiva demanda con las nuevas tecnologías.

La condena de los organismos privados, con el Consejo Coordinador Empresarial al frente, no se dejó esperar. El rechazo es unánime, calificado como un retroceso que tendrá un elevadísimo costo, no solo para México, sino para la producción nacional y para los consumidores de energía eléctrica.

Para México, porque será un duro golpe a la confianza de los inversionistas nacionales y extranjeros, que ven cómo una decisión presidencial invalida las firmas de acuerdos pactados hace años, lo que garantizaba el nivel de inversiones por miles de millones de dólares.

Para la producción nacional, porque volveremos al esquema de un solo proveedor de energía eléctrica, con la elevada posibilidad de que -ante la falta de competencia- los precios de la energía se eleven restándole competitividad, sin ceder a una realidad: el monopolio es altamente improductivo y la escasez de la energía eléctrica podría reaparecer.

Y para los consumidores comerciales y residenciales, porque la opción de sus posibilidades de comprar y vender electricidad a través de la instalación de celadas solares, e incluso energía eólica, se verán lesionadas.

Peor aún, no existe bajo -los actuales esquemas de escasez de fondos pública- la manera de que la CFE hoy, sola con su monopolio, pueda elevar la generación necesaria de energía eléctrica para satisfacer el futuro inmediato, a precios competitivos con el mercado internacional.

Será un debate de terremoto, sobre todo si se considera que con esta contrareforma se estrena el secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O.

El ministro con amplia reputación internacional habría dicho el 2 de septiembre, en una videoconferencia con inversionistas internacionales, que “la agenda fuerte de reformas constitucionales del presidente ya estaba satisfecha” y que no se vislumbraban nuevos “cambios fuertes”.

Está claro que ni quienes cohabitan con el presidente en Palacio Nacional sabían el tsunami energético que estaba en gestación.

Será una disputa agria, larga y muy costosa. Pero, sobre todo, un retroceso que pudo evitarse si el gobierno sancionara a los que se excedieron, sin castigar a quienes sí venían cumpliendo. Estamos en la antesala de un gran apagón.