La alianza de los cárteles mexicanos con los mercenarios de Colombia

La aparición de ex combatientes colombianos -muchos con experiencia en conflictos armados y manejo de explosivos- en la guerra de los cárteles en México ha encendido alarmas en diversos ámbitos de seguridad nacional y relaciones internacionales.

Informes recientes de medios como Los Angeles Times  documentan casos de reclutamiento engañoso y coacción, así como la detención de ciudadanos colombianos implicados en ataques violentos contra fuerzas militares mexicanas. Estos desarrollos profundizan la complejidad de la violencia en regiones como Michoacán, donde cárteles como el Jalisco Nueva Generación (CJNG) y grupos rivales intensifican sus tácticas paramilitares.

A la vez, plantean interrogantes sobre la respuesta del gobierno mexicano, la cooperación con Colombia y la postura de Estados Unidos ante la posibilidad de intervenciones más directas.

La transformación de la guerra contra el narcotráfico hacia escenarios de carácter casi bélico -con explosivos improvisados, “narco-minas” y tácticas de guerrilla urbana- refleja un desequilibrio creciente entre fuerzas del Estado y grupos criminales. En este contexto, el uso de mercenarios extranjeros marca un escalón adicional en la profesionalización violenta de las organizaciones delictivas.

Contexto histórico y disputas en Michoacán

• Michoacán ha sido epicentro de disputas entre el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y células rivales derivadas de la desintegración de grupos previos, como Los Caballeros Templarios. La pugna por controlar rutas de narcotráfico, economías ilícitas locales (huachicol, extorsión, trata) y territorios de producción ha evolucionado hacia tácticas paramilitares: uso de vehículos blindados improvisados (“monstruos”), drones de reconocimiento y explosivos caseros, conocidos como “narco-minas”.

• En este contexto, la eventual incorporación de ex soldados colombianos -con experiencia real en conflictos armados- intensifica la profesionalización de la violencia y representa un reto adicional para las fuerzas de seguridad.

Modalidades de reclutamiento y coacción

• Según testimonios recogidos por Los Angeles Times, ex combatientes colombianos han sido atraídos con promesas de empleos bien remunerados en el extranjero (por ejemplo, sueldos de alrededor de 3,000 dólares mensuales frente a ingresos mucho menores en Colombia), reclutamiento que se difunde a través de redes informales e incluso plataformas digitales.

• Al arribar a México, muchos describen la confiscación de sus teléfonos y documentos, el traslado a campamentos aislados y la coacción -a menudo con amenazas contra sus familias- para obligarlos a fabricar explosivos, entrenar sicarios o participar directamente en combates. Estas dinámicas revelan fallas en los mecanismos de detección en puntos de entrada y subrayan la necesidad de reforzar controles migratorios con enfoque de riesgo.

Escalada paramilitar: uso de explosivos y tácticas de guerrilla

• La aparición de “narco-minas” en Michoacán ha cobrado vidas de miembros del Ejército y de la Guardia Nacional. Un ataque reciente con minas antipersona causó la muerte de ocho efectivos mexicanos, y en ese operativo se detuvo a doce ciudadanos colombianos, de los cuales nueve habrían sido exmilitares.

• Además, fuentes indican que la fabricación de estos artefactos requiere conocimientos técnicos específicos, asociados a la experiencia en conflictos armados, lo que sugiere la participación de veteranos extranjeros en su diseño y ejecución. Asimismo, la adopción de drones para reconocimiento y colocación de cargas explosivas incrementa la complejidad de la amenaza, obligando a las fuerzas nacionales a desarrollar capacidades de contrainteligencia electrónica y unidades especializadas en desactivación de explosivos.

Comentarios oficiales: Secretaría de Seguridad y arresto de 12 colombianos

• El Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana de México, Omar García Harfuch, confirmó la detención de doce ciudadanos colombianos -nueve ex militares y tres con entrenamiento bélico- vinculados a la colocación de una “narco-mina” que cobró la vida de ocho elementos de la Guardia Nacional o del Ejército en Michoacán.

• García Harfuch enfatizó que este fenómeno evidencia la capacidad de los cárteles para ampliar redes de violencia transnacional y la necesidad de coordinarse estrechamente con autoridades colombianas para identificar y frenar rutas de reclutamiento.

• Asimismo, mencionó que las autoridades migratorias mexicanas han rechazado la entrada de decenas de colombianos en semanas recientes tras detectar posibles vínculos con organizaciones criminales, estrategia que busca desarticular flujos de personas vulnerables al engaño.

Cooperación bilateral México-Colombia y salvaguardias consulares

Ante el hallazgo de ex combatientes engañados o coaccionados, México y Colombia han fortalecido canales de comunicación diplomáticos y de seguridad. El gobierno colombiano ha ofrecido asistencia consular a los detenidos para esclarecer circunstancias y evitar violaciones a derechos humanos, mientras que México revisa protocolos migratorios y de inteligencia en puertos de entrada. Esta colaboración incluye intercambio de información sobre ex soldados vulnerables, alertas tempranas de ofertas laborales sospechosas y posibles investigaciones compartidas para procesar a reclutadores tanto en Colombia como en territorio mexicano.

Reflexiones de Derek Maltz y debate sobre intervención extranjera

• El ex director interino de la DEA, Derek Maltz, declaró que la implicación de veteranos colombianos en la fabricación de explosivos y entrenamiento de sicarios “fortalece el caso” para que Estados Unidos considere acciones más agresivas, incluso militares, contra cárteles en México.

• Estas declaraciones reabren la controversia sobre la soberanía mexicana y el riesgo diplomático de permitir o promover ataques en territorio nacional. El gobierno de México ha rechazado con firmeza cualquier intervención armada extranjera, subrayando la historia de resistencias ante injerencias foráneas y la importancia de soluciones multilaterales -inteligencia compartida, cooperación judicial y mecanismos de lucha contra lavado de dinero- antes que intervenciones militares directas.