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28 de febrero 2026

2 de diciembre 2025

Política

La acusación de 125 mdp contra Marinsa sacude viejos intereses en Pemex

La FGR busca la extinción de cuentas de la compañía por presunto lavado de dinero por unos 125 millones de pesos

Por Redacción Magenta

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¿Qué pasó?

  • La solicitud de extinción de dominio deriva de una investigación por presunto lavado y huachicol: dictámenes contables de la propia FGR y reportes de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) detectaron movimientos por más de 22 mil millones de pesos entre 2019 y 2022 cuyo origen no está documentado como lícito.
  • La ofensiva contra Marinsa ocurre en plena transición en la FGR tras la salida de Alejandro Gertz Manero y la llegada de Ernestina Godoy como encargada de despacho, en un momento en que el gobierno de Claudia Sheinbaum promete una nueva etapa en el combate a la corrupción y en el control de redes opacas alrededor de Pemex.
  • El procedimiento de extinción de dominio se presentó originalmente en 2024 ante el Juzgado Tercero de Extinción de Dominio y hoy se tramita en el Juzgado Primero, que publicó un edicto para que acreedores y terceros interesados comparezcan y reclamen derechos sobre los recursos asegurados.
  • Marinsa ha respondido con una batería de amparos ante jueces de Campeche, mientras varios acreedores buscan el desbloqueo de las cuentas. Si los jueces avalan la extinción, el dinero pasaría al Estado sin que exista una sentencia penal condenatoria previa.
  • Pese a los bloqueos financieros y las investigaciones, Pemex siguió adjudicando contratos a Marinsa y a su filial Enermar: en junio de 2023 les otorgó de forma directa dos contratos por 160 millones de pesos para transporte en la Sonda de Campeche, después de que su área jurídica primero ordenó vetar a la empresa por incumplimientos y luego levantó el veto un mes más tarde.

¿Por qué importa?

  • Marinsa no es un proveedor marginal, sino una contratista tradicional de Pemex: forma parte de Grupo Cemza, opera una flota de barcos de servicios petroleros en nueve países y solo en 2019 acumuló contratos por más de 12 mil millones de pesos.
  • La cantidad bajo extinción (125 mdp) es mínima frente al volumen total de operaciones bajo sospecha: dictámenes oficiales hablan de más de 22 mil millones de pesos en depósitos sin origen lícito y de un total de alrededor de 30,500 millones de pesos revisados, de los que solo una parte tiene origen aclarado. El contraste abre la pregunta de si el Estado está dispuesto a ir al fondo del caso o solo a asegurar una fracción simbólica.

Los detalles:

  • La UIF identificó patrones típicos de esquemas de lavado y huachicol fiscal. Se detectaron movimientos inusuales entre cuentas del mismo grupo empresarial, contratos de crédito simples liquidados en tiempos atípicamente cortos y transferencias internas que no se explican por la operación normal de una naviera.
  • El SAT también se sumó a la indagatoria por posibles delitos de defraudación fiscal y operaciones con recursos de procedencia ilícita, al revisar transferencias en efectivo y movimientos entre empresas relacionadas que podrían encajar en simulación de operaciones.
  • El caso incluye un expediente emblemático: el buque “Go Canopus”, operado por Marinsa y decomisado en 2020 con unos 450,000 litros de combustible presuntamente ilegal. Una denuncia anónima en 2022 obligó a reabrir la carpeta, que había sido cerrada temporalmente por la FGR.
  • Las medidas financieras han alcanzado a varias empresas del grupo: la UIF bloqueó en 2023 cuentas de Marinsa, de Zavala Solís y de compañías ligadas a Grupo Cemza -como Maren Marine Energy, Marinsa Turismo, Enermar, Júpiter Suministros, Reparaciones Navales Zavala y la prestadora de servicios Presco-; varios de esos bloqueos han sido revertidos por jueces federales mediante amparos.

El contexto:

  • Marinsa es parte de Grupo Cemza, con sede en Ciudad del Carmen, Campeche, y opera una flota de ocho barcos de servicios petroleros con presencia en nueve países. Su condición de “favorita de Pemex” se refleja en la concentración de contratos multimillonarios durante el sexenio anterior.
  • Diversas investigaciones periodísticas han documentado los vínculos comerciales de Marinsa con familiares del expresidente Andrés Manuel López Obrador, incluido un contrato por 231 millones de pesos con la empresa de Felipa Obrador Olán y la relación con sus sobrinas Adriana e Isabel Obrador Garrido Cuesta, así como con el empresario Amado Yáñez Osuna, ex dueño de Oceanografía.
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