Investigación del Caso Ayotzinapa: el derrumbe de la credibilidad

¿Qué pasó?

• El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) descalificó 181 de las 467 capturas de pantalla utilizadas por el gobierno para construir el informe de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa.

• El contenido, que en gran medida reveló la intervención del Ejército en la desaparición de los 43 normalistas, no ha podido ser verificado en su totalidad.

• “Hay problemas con la metadata, hay problemas de consistencia, hay problemas de ambiente de WhatsApp. Si son creados o no, no lo sabemos porque no tenemos la evidencia científica”, declaró Francisco Cox, miembro del GIEI.

• Esta conclusión ha significado el quiebre del GIEI, un grupo que ha acompañado y asesorado a los padres de los 43 normalistas durante la investigación.

• Dos de los cuatro miembros del grupo han terminado su participación por considerar que no existen condiciones para que la investigación llegue a buen puerto. El resto, Ángela Buitrago y Carlos Beristain, permanecerán en el GIEI, pero únicamente realizando actividades de “seguimiento”.

¿Por qué importa?

• La revelación del GIEI pone en tela de juicio un elemento crucial de la narrativa del gobierno federal, particularmente de la oficina de Alejandro Encinas: que un alto mando del Ejército, el general brigadier José Rodríguez Pérez, ordenó el asesinato de seis estudiantes.

• La defensa del general, cuyo cliente se encuentra preso bajo proceso abierto en una prisión militar, ha sugerido que se fabricaron pruebas para incriminar a miembros de las Fuerzas Armadas.

• Los abogados aprovecharon la coyuntura mediática: la semana pasada, Encinas admitió al periódico The New York Times que algunas de las capturas de pantalla no habían sido verificadas.

• A pesar de ello, el GIEI ha sido enfático en que esta información no fue utilizada como prueba de los casos abiertos contra cinco miembros del Ejército. Las carpetas se han construido con base en declaraciones de testigos protegidos, entre otros elementos.

• El GIEI agregó que aún no hay una explicación satisfactoria de por qué la Fiscalía General de la República (FGR) canceló 21 de las 83 órdenes de aprehensión solicitadas por la Unidad Especial de Investigación y Litigio del Caso Ayotzinapa (UEILCA).

• Una fuente de la FGR le dijo al periódico El País que la debacle de la investigación obedeció a la instrucción del presidente Andrés Manuel López Obrador de acelerar las pesquisas.

El contexto:

• La balcanización del GIEI sucede a la renuncia de Omar Gómez Trejo, antiguo secretario técnico del grupo interdisciplinario, como fiscal especial del caso Ayotzinapa.

• La salida de Gómez Trejo fue una reacción a la decisión de la oficina del fiscal General, Alejandro Gertz Manero, de cancelar las órdenes de aprehensión contra miembros de las Fuerzas Armadas.

Los detalles:

• El presidente Andrés Manuel López Obrador declaró que las órdenes de aprehensión fueron desechadas porque se separaban de la narrativa del informe de la comisión presidencial del caso y porque buscaban confrontar a su gobierno con el Ejército.

• Previo a la renuncia de Gómez Trejo, la unidad de asuntos internos de la fiscalía desplazó al equipo de la UEILCA en la investigación del caso.

• El cambio de estafeta empezó con la acusación contra el ex procurador Jesús Murillo Karam, que ocurrió un día después de la presentación del informe de la comisión presidencial. La detención, a la que Gómez Trejo se oponía, se realizó en condiciones irregulares.

• La renuncia de Gómez Trejo coincidió también con la filtración del informe sin testar de la comisión presidencial del caso Ayotzinapa, un documento que contenía las capturas de pantalla sin verificar.

• La publicación del informe representó la primera diferencia pública entre el GIEI y la comisión que encabeza el subsecretario de Gobernación, Alejandro Encinas.

• El grupo reclamó desde una primera instancia que había material que no había sido sujeto a un peritaje y que no se había consensado con los padres de los 43 normalistas.

• Las declaraciones del GIEI suponen un fuerte golpe a la credibilidad de la investigación que ahora está, oficialmente, en manos de un nuevo fiscal especial, y, extraoficialmente, en manos de Alejandro Encinas y Alejandro Gertz Manero.

• Sin embargo, como ha reportado el periodista del diario El País, Pablo Ferri, la cooperación entre el GIEI y la comisión presidencial consiguió logros relevantes para la investigación:

• Se encontraron los restos de dos estudiantes en lugares que no habían sido referidos por la investigación de la PGR en tiempos de Jesús Murillo Karam, se desmontó la versión oficial de que los cuerpos fueron quemados en el basurero de Cocula y se obtuvieron escuchas de la DEA sobre Guerreros Unidos que revelan nexos con miembros del Ejército.