11 de agosto 2025
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¿Invasión inminente?
Donald Trump, presidente de Estados Unidos, firmó en secreto una orden ejecutiva que expandió las facultades de las Fuerzas Armadas para realizar incursiones miliares contra los cárteles en territorio extranjera.
Por Redacción Magenta
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Esta política no es necesariamente una reacción al estado actual de la negociación bilateral en materia de seguridad entre Washington y México. En realidad, se trata de una medida consistente con una secuencia de acciones que ha tomado el equipo de seguridad nacional de la administración de Donald Trump desde hace años. El combate frontal, militar, contra las organizaciones criminales mexicanos siempre ha estado en los planes del ala más a la derecha del Partido Republicano.
Los trazos de esta estrategia se pueden seguir con nitidez desde 2022. Aquel año, la Center for Renewing America (think tank dirigido por funcionarios de la administración Trump) publicó un plan programático para “librar la guerra” contra los cárteles, que proponía nuevas categorías legales, operaciones especiales y el uso combinado de capacidades militares, de inteligencia y sanciones financieras. La propuesta fue difundida en la prensa política de Washington como la hoja de ruta de un eventual segundo gobierno de Trump.
Ese trazo saltó del papel a la política pública el 20 de enero de 2025, cuando Trump firmó la Orden Ejecutiva 14157, que abrió un cauce inédito: facultó al gobierno para designar cárteles como Organizaciones Terroristas Extranjeras (FTO) y como Terroristas Globales Especialmente Designados (SDGT), un andamiaje que amplía el uso de herramientas antiterroristas y de sanciones sobre redes criminales y sus facilitadores. Poco después, el 20 de febrero de 2025, el Departamento de Estado aplicó esas designaciones a ocho organizaciones, entre ellas el Cártel de Sinaloa, el CJNG, el Cártel del Noreste y el Cártel del Golfo.
El viraje no se quedó en la tipificación. El 5 de febrero de 2025, la procuradora general Pam Bondi circuló un memorándum interno que relajó controles y aceleró el uso de cargos de terrorismo, IEEPA y RICO contra integrantes y facilitadores de cárteles; reorientó recursos (por ejemplo, disolviendo el programa contra la corrupción corporativa para reasignar personal) y elevó las prioridades de los equipos del Departamento de Justicia contra las organizaciones criminales transnacionales. En términos operativos, fue una señal para desplegar con rapidez el arsenal jurídico disponible.
A la par, la arquitectura de inteligencia se reestructuró. Con la autorización de la Sección 702 de FISA en 2024, el Congreso incluyó el programa contra narcóticos en la definición de “inteligencia extranjera”, ampliando los supuestos para recolectar comunicaciones de no estadounidenses en el extranjero cuando la finalidad sea combatir cadenas internacionales de drogas y sus precursores. Ese cambio ensancha el acceso a técnicas de intercepción y análisis que antes orbitaban sobre terrorismo y contrainteligencia.
En el frente político, Trump elevó el tono desde marzo: ante el Congreso dijo que “Estados Unidos debe librar la guerra a los cárteles”, y su Departamento de Justicia anunció nuevos equipos y prioridades para ese objetivo. La lectura de fondo, compartida por agencias de seguridad, es que Sinaloa y CJNG siguen siendo los actores centrales de la cadena del fentanilo (con China como proveedor de precursores), lo que ubica a México en el corazón del problema.
El salto cualitativo se produjo este agosto: medios de referencia reportaron que Trump firmó una directiva secreta para que el Pentágono prepare y/o emplee fuerza militar contra cárteles designados como terroristas, incluso con operaciones en alta mar o en territorio extranjero. Funcionarios filtraron que se contemplan drones, fuerzas especiales y un incremento del ISR (vigilancia aérea) para inteligencia táctica. La Casa Blanca y los departamentos involucrados han evitado detalles; por ahora, es un marco de preparación.
La respuesta mexicana fue inmediata: la presidenta Claudia Sheinbaum reiteró que “no habrá invasión” y que México no aceptará tropas estadounidenses en su territorio, aunque subrayó la continuidad de la cooperación bilateral en seguridad. La retórica coincide con episodios previos en que Washington aumentó presión con tarifas y otras palancas de negociación, y con análisis en la prensa especializada que anticipan que México enfrentará costos si se niega a ampliar la cooperación operativa.
El conjunto de cambios legales crea, por diseño, condiciones habilitantes: más herramientas legales, más inteligencia disponible y menos fricción burocrática para mover fichas con rapidez. La orden ejecutiva inserta al Departamento de Defensa en la ecuación: no cambia, de golpe, el derecho internacional ni la política mexicana, pero expande el menú operativo de Washington y eleva el costo político de decir “no”.
Para México, el vector no es solo militar. En Washington se argumenta que, si la cooperación no despega, Estados Unidos “podría actuar” (o, mínimo, presionar por otras vías: comercio, reglas de origen, inspecciones, certificaciones). La lectura de POLITICO es que “México quizá tenga que aceptar operaciones” si quiere evitar un choque mayor. No hay acciones militares anunciadas sobre el terreno, pero sí preparativos, señales y nuevos mecanismos operativos.
Código Magenta advirtió a inicios de marzo que la administración Trump pavimentaba el terreno político, legal y mediático para acciones militares contra cárteles. Cinco meses después, el mapa está claro: marco jurídico antiterrorista, inteligencia ampliada, fiscalías aceleradas y Pentágono en modo planificación. No es una orden de invasión; es la antesala en reglas, recursos y narrativa para un uso selectivo de la fuerza.