INAI y Cofece intentan que el presidente cumpla la ley

¿Qué pasó?

Blindar las obras prioritarias de infraestructura a través del acuerdo de seguridad nacional propuesto por Ejecutivo Federal inhibe la competencia y la libre concurrencia, advirtió la Comisión Federal de Competencia (Cofece).

¿Por qué importa?

• En los hechos, el acuerdo del presidente Andrés Manuel López Obrador representa la eliminación de controles democráticos y constitucionales para su administración en obras como el Tren Maya, la refinería de Dos Bocas o el aeropuerto de Santa Lucía.

• Potenciado por el hecho que las obras están a cargo de la Secretaría de la Defensa Nacional, los críticos de la Cuarta Transformación acusan que se trata del mayor salto al autoritarismo en lo que va del sexenio.  

El contexto:

El lunes, AMLO decretó como “de interés público y de seguridad nacional” la realización de todas las obras de infraestructura de la 4T. Así, el Ejecutivo ‘blindará’ la información relacionada con su desarrollo y permitirá expedir permisos o licencias provisionales en menos de cinco días para acelerar su construcción.

Los detalles:

• A través de un comunicado, la Cofece denunció que el acuerdo podría generar un régimen regulatorio asimétrico, en función de quién realiza los proyectos y obras que sean consideradas de interés público y seguridad nacional, provocando tratos preferenciales en detrimento de la competencia.

• Lo anterior, debido a que instruye a las dependencias y entidades del gobierno federal -de manera inconsistente con las leyes aplicables en diversas materias- a expedir una autorización provisional de un año con relación a los dictámenes, permisos o licencias necesarios para su realización en un plazo máximo de cinco días hábiles.

• “Y en caso de no ser emitida, establece como consecuencia la afirmativa ficta, sin que ello en todos los casos esté plenamente justificado en consideraciones de riesgo a la seguridad nacional o el interés público.

• “Esto podría otorgar trato asimétrico y preferente respecto de proyectos públicos y privados, a propósito del cumplimiento de trámites y requisitos establecidos en función de riesgos”, refirió la dependencia en el documento dado a conocer en su página de Internet.

• Además, la Cofece hizo especial hincapié en que el incluir tales proyectos en el acuerdo, bajo la justificante de ser de seguridad nacional no debe interpretarse como una excepción a la licitación pública como lo marca la normativa de adquisiciones y obra pública, sino todo lo contrario.

• “En todo caso, debería privilegiarse el uso de la licitación pública a fin de que el Estado esté en posibilidad de conseguir las mejores condiciones de contratación. Las excepciones deben responder a casos específicos y delimitados, donde exista una racionalidad clara de peligro, riesgo o alteración a la seguridad pública conforme a la normatividad aplicable”, agregó.

• Días antes, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) afirmó que están en vías de presentar una controversia constitucional derivado del análisis de los alcances del acuerdo.

• “Las áreas especializadas del Instituto estudian los alcances del acuerdo y, de ser necesario, exploran las distintas vías legales a emprender para asegurar que el derecho de acceso a la información de la sociedad sea garantizado, sin restricción alguna”, afirmó el organismo autónomo.

• Pese a los señalamientos, el presidente Andrés Manuel López Obrador se ha dedicado a defender su propuesta al argumentar que de lo que se trata es de evitar que se frenen las obras y nada tiene que ver con la transparencia.

• “Ya lo expliqué ayer (martes), es un acuerdo para que nuestros adversarios, que están empeñados en ponernos obstáculos, no puedan detener las obras. No tiene nada que ver con la transparencia, nosotros tenemos que rendir cuentas, lo hacemos todos los días aquí y lo vamos a seguir haciendo”, refirió esta semana.