Huachicol fiscal, negocio de la 4T

Si quiere dimensionar el drama del gobierno de la Cuarta Transformación, asómese al cada día más floreciente negocio del contrabando de las gasolinas y del diésel, que es la sangre que mueve a la Nación.

En 2021, uno de cada cuatro litros que se vendieron de combustibles en México ingresaron de contrabando. El 25 por ciento.

Y en ese mismo año, uno de cada dos litros de los combustibles que se importaron, entraron ilegalmente por las aduanas fronterizas y los puertos, sin pagar impuestos. El 50 por ciento.

Las cifras son 123 por ciento superiores a las que se reportaron en el último año de gobierno de Enrique Peña Nieto.

Eso significa que, en sólo tres años, el contrabando de combustibles, el llamado “huachicol fiscal”, se duplicó aún más en el gobierno de la Cuarta Transformación.

Ese es el dramático reporte que acaba de ser revelado por el Sistema de Administración  Tributaria -el SAT- sobre el comercio de combustibles.

Las cifras del contrabando de gasolinas y diésel son para alarmar a cualquiera y obligaba cuestionar.

¿Cómo pueden pasar por las aduanas y puertos mexicanos 102 millones de barriles de combustibles -sí, millones de barriles- sin pagar impuestos y sin que alguien detecte las miles y miles de pipas que exige una operación así?

¿Quién o quiénes son los poderosos que pueden comprar en Texas esos millones de barriles de combustibles refinados?

¿Quiénes fueron instalados como administradores de las aduanas y los puertos con el propósito de fomentar ese llamado “huachicoleo fiscal” que deja multimillonarias ganancias sin riesgo alguno?

¿Quién tiene el poder y el apoyo de los más altos mandos nacionales para colocar a incondicionales en puertos y aduanas, que les garanticen el hacerse “de la vista gorda” frente a las miles de pipas o decenas de barcos que son utilizados para ese contrabando?

¿En dónde está la vigilancia del Ejército o de la Marina Armada de México en las carreteras que conducen a las ciudades fronterizas y a los puertos, desde donde se despacha tan descomunal contrabando?

¿Qué hacen los gobernadores fronterizos o los de estados con grandes puertos para frenar que sus territorios sean utilizados como tierra de nadie para el “huachicoleo fiscal”?

¿Qué hacen Pemex y el SAT para detectar las gasolineras que compran esas cantidades de combustibles que son difíciles de ocultar en las auditorías de ventas?

Y la pregunta más relevante de todas… ¿es ése monstruoso y muy lucrativo contrabando de gasolina y diésel casual, o es todo un sistema montado y operado desde el aparato oficial, con un cabecilla que lo coordina todo y que al final recolecta los beneficios para destinarlos a campañas políticas y para el enriquecimiento de unos cuantos?

Los cuestionamientos no son menores. El mismo SAT en su reporte recién liberado advierte que la Secretaría de Hacienda vio, en 2021, disminuidos sus ingresos por impuestos a la importación de combustibles, de 332 mil millones a 223 mil millones de pesos. Más de un 36 por ciento menos en solo 12 meses.

Eso significa que alguien se está embolsando 112 mil millones de pesos al año por el contrabando de combustibles. Esos son más de 300 millones de pesos diarios, todos y cada uno de los 365 días del año.

Una operación así, de las dimensiones de logística y financieras, jamás opera en el vacío. Ni siquiera de la tolerancia.

Existe detrás todo un gran montaje de complicidades. Y en Palacio Nacional saben muy bien el nombre del principal regenerador de ese negocio.

Cuando se estrenó el gobierno la Cuarta Transformación, el golpe mediático que se dio fue el del combate al huachicoleo en los ductos de Pemex.

Se anunció su combate frontal y, aunque está lejos de eliminarse, algunas acciones disuadieron a quienes lo hacían.

Pero ese “huachicoleo de ductos” ya fue reemplazado por el más profesional y bien montado “huachicoleo fiscal”. Ese sí se puede operar como una corporación con enormes beneficios financieros y políticos.

Y si de verdad la Secretaría de Hacienda quiere ponerle freno a ese contrabando, que comience por exigir el esclarecimiento del asesinato del empresario Sergio Carmona Ángulo, ultimado a mansalva en una barbería de San Pedro Garza García, en Nuevo León.

Él ya está muerto, pero su hermano César, quien habría pagado dos millones de dólares para despachar como administrador de la aduana de Reynosa, y quien ya se entregó como testigo protegido en Estados Unidos, puede dar la pista.

A menos que se quiera esconder la mano que mece a ese “huachicol fiscal” hasta que pasen las elecciones presidenciales del 2024.