Hipocresía y represión en la frontera sur

La situación es muy clara: México gestiona, abre sus puertas y da refugio a migrantes cuando el beneficio político es evidente.

Pero si se trata de haitianos, africanos y centroamericanos que Estados Unidos no quiere en su frontera sur, el tratamiento es muy diferente.

Este domingo, la represión desplegada en Chiapas contra una enorme caravana migrante puso en evidencia la contradicción -o, dicho de otro modo, la hipocresía- en la política migratoria del gobierno mexicano.

Alrededor de mil personas, en su mayoría ciudadanos de Haití con solicitudes de asilo en trámite, de acuerdo con decenas de organizaciones de Derechos Humanos, se organizaron para trasladarse en grupo hacia el norte ante la inacción de las autoridades migratorias mexicanas, e incluso ante la deportación de personas que cuentan con documentos que respaldan su estancia regular en México.

Pero elementos de la Guardia Nacional y otras dependencias federales como el Instituto Nacional de Migración intentaron frenarlos y se desató el caos, exhibiendo la brutalidad, con la cual operan algunos funcionarios de migración.

Desesperados y sin sustento, los migrantes buscan ejercer su derecho humano a solicitar asilo y encontrar un destino seguro donde puedan trabajar, ya sea en México o en Estados Unidos.

Sin embargo, señaló Enrique Vidal, del Centro de Derechos Humanos Fray Matías de Córdova, a Aristegui Noticias, el sistema migratorio mexicano en la frontera sur está colapsado, sin presupuesto y sin personal para atender las solicitudes de las miles de personas que entran al país regularmente.

“Hay una llegada histórica de personas migrantes a México, producto de las crisis sistémica que viven sus países de origen, y el gobierno mexicano no ha fortalecido al sistema migratorio en presupuesto y personal para dar respuesta a las solicitudes de las personas migrantes”, dijo Vidal.

Contención para Estados Unidos

El problema resurge en un contexto donde el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, se ha comprometido a frenar el flujo migratorio hacia la frontera norte con Estados Unidos, donde el gobierno demócrata de Joe Biden, luego de prometer en campaña un giro en su política migratoria, igualmente ha fracasado en albergar, procesar y otorgar asilo al creciente número de personas que huyen de la violencia sistémica en sus lugares de origen y llegan a su frontera sur.

La semana pasada, la Suprema Corte del país vecino determinó que la Casa Blanca debía reinstaurar la llamada Política Permanece en México, bajo la cual los solicitantes de asilo deben esperar sus audiencias en suelo Mexicano. Esto, aunado a la política Título 42, bajo la cual las las autoridades estadounidenses se han escudado para expulsar a México a más de un millón de ciudadanos extranjeros -sin concederles siquiera el derecho a solicitar asilo- bajo argumentos sanitarios.

Ahora, con un sistema migratorio rebasado, evidentemente no preparado, y sin esperanzas de ser robustecido, el compromiso que el gobierno mexicano ha hecho con Estados Unidos difícilmente podrá sostenerse sin recurrir a la represión.

Mientras tanto, el canciller Marcelo Ebrard, responsable de conducir la política exterior de México, aprovecha el momento para manifestar apertura, tomarse la foto con los recién llegados refugiados de Afganistán, y recibir los aplausos.