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21 de diciembre 2018

Política

¿Hacia dónde va la política migratoria?

Mientras el Gobierno niega que el programa Quédate en México sobre migración lo convierta en “Tercer País Seguro”, organizaciones de la sociedad civil aseguran que la figura del asilo es peor

Por Lourdes González

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México no será “Tercer País Seguro” por recibir a ciertos  migrantes que hayan sido devueltos por Estados Unidos y que estén en espera de tramitar su asilo en ese país, afirmó el canciller Marcelo Ebrard.

El gobierno mexicano aceptó que los migrantes que soliciten asilo en Estados Unidos tendrán que esperar en el país mientras se revisa su caso, bajo el programa Quédate en México, lo cual fue criticado por organismos porque lo convierte en agente migratorio estadounidense.

El canciller mexicano detalló que la autorización del ingreso de ciertos extranjeros provenientes de Estados Unidos será por razones humanitarias y de manera temporal.

“Cuando hay un Tercer País Seguro, es un tratado entre dos países (…) México tendrá que definir si aceptamos o deportamos a esas personas que están en territorio mexicano”, sostuvo.

Ante eso, el Observatorio de Legislación y Política Migratoria del Colegio de la Frontera Norte explicó en un reporte, la distinción entre Tercer País Seguro y el programa Quédate en México.

El gobierno estadounidense impuso ya en los hechos, la primera parte del plan Quédate en México, y por eso hay listas de espera, por ejemplo, en el puerto de San Ysidro, colindante con Tijuana, hay en espera cerca de cinco mil personas, reveló el informe.

Por su parte, el Instituto para las Mujeres en Migración (IMUMI) acusó a México de ser cómplice de Estados Unidos, en el cierre de la frontera para personas solicitantes de asilo que huyen de la violencia.

La medida tiene implicaciones enormes, si se toma en cuenta que en 2018, más de 93 mil personas pidieron asilo en la frontera norte con Estados Unidos, y bajo la nueva política, estas personas se tendrían que quedar en el país, y sus casos podrían tardar de cuatro meses a seis años.  

“No es claro aún cómo la nueva política podría ser implementada, pero si surgen muchas preguntas”, precisó.

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