García Luna: el espía

El juicio de Genaro García Luna en la Corte del Distrito Este de Nueva York inicia este martes 17 de enero de 2023.

El ex secretario de Seguridad Pública de la administración de Felipe Calderón enfrenta tres cargos de narcotráfico y es acusado de haber dado protección al Cártel de Sinaloa a cambio de sobornos multimillonarios.

Sin embargo, en México, el escrutinio de García Luna está centrado en sus negocios con el gobierno y con figuras de la élite empresarial.

Este fin de semana, Santiago Nieto, ex titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, declaró que el gobierno mexicano aportó a los fiscales estadounidenses documentos de los contratos públicos de las empresas de García Luna.

En diciembre de 2019, días después de la detención de García Luna en Dallas, Código Magenta publicó esta radiografía de los servicios de inteligencia privada que conectan al ex secretario de Seguridad Pública con una red de clientes y socios de alto nivel: Carlos Slim, Mauricio Weinberg, la familia Gil White, entre otros:

Proteger al Cártel de Sinaloa no es el único negocio de Genaro García Luna. 

El secretario de Seguridad Pública de Felipe Calderón se convirtió en la figura central de un ecosistema de espionaje privado que se ha vendido al mejor postor y que le da servicio a los empresarios y políticos más influyentes de la élite mexicana. El más notable: Carlos Slim. 

Esto es clave para entender por qué la fiscalía del Distrito Este de Nueva York considera que García Luna ha construido una fortuna personal de millones de dólares. El dinero detrás del penthouse de 2.5 millones de dólares en Aventura, Florida y de la mansión de 3.3 millones de dólares con embarcadero propio en Golden Beach se explica por una red de servicios de inteligencia que opera de manera activa en México. 

El primer nodo de la red de García Luna es la familia Slim. En el 2008, Telmex ganó la licitación para operar la Plataforma México. Esto marcó un punto de partida para una largo historial de cooperación entre el secretario estrella del gobierno de Felipe Calderón y el grupo económico del monopolio de telecomunicaciones más importante del país. 

El operador central de esta relación fue Samuel Weinberg, un empresario de origen israelí que ha sido contratista del CISEN desde la década de los ochenta. De hecho, ese fue el primer contacto con García Luna, que llegó a ser subdirector de inteligencia del CISEN en el gobierno de Carlos Salinas de Gortari. 

Fast forward al sexenio de Calderón: en el 2010, Weinberg se presentó a una licitación de seguridad nacional en asociación con José Kuri Harfush, consejero de Telmex y uno de los hombres más cercanos a Carlos Slim. 

A partir de ese punto, Teletron, ICIT y Gull de México, empresas controladas por Weinberg, se convirtieron en algo más que contratistas favoritas: una investigación de Univisión Noticias reveló que agentes activos de la Secretaría de Seguridad Pública filtraron información de manera sistemática y operaron a favor de estas compañías privadas, incluso meses después de que Genaro García Luna dejó el gobierno. 

La relación de García Luna con Weinberg quedó en evidencia cuando se publicó que la mansión de Miami en la que vivía el ex secretario de Seguridad Pública es propiedad del empresario de origen israelí. 

Pero eso no es todo. GL & Associates Consulting, la empresa que fundó García Luna cuando se mudó a Miami días después de dejar el gobierno, fue registrada por el mismo operador inmobiliario de las compañías de Weinberg: un contador de nombre Gabriel Díaz Sarmiento. Se trata del mismo administrador que gestiona las propiedades en Miami de Guillermo Cañedo White, sobrino del ex secretario de Hacienda, Francisco Gil Díaz, y socio directivo de Axis Capital Management, el holding que controla a la empresa petrolera Oro Negro. 

Esto es relevante porque el litigio que enfrenta Oro Negro es un caso representativo de cómo la élite político empresarial mexicana recurre de manera sistemática a servicios de espionaje privado para resolver sus disputas. A través del despacho Quinn Emmanuel Urquhart & Sullivan, Oro Negro contrató a Black Cube, una firma de inteligencia privada fundada por ex agentes del Mossad para espiar a directivos de Pemex. Es la misma agencia que fue utilizada por el productor de Hollywood, Harvey Weinstein, para espiar y silenciar a sus demandantes. 

La influencia de García Luna en el mercado mexicano de los servicios de inteligencia privada se extiende más allá del círculo de sus socios directos. Luis Cárdenas Palomino fue uno de sus colaboradores más relevantes a lo largo de su carrera policial: acompañó a García Luna en el CISEN, en la AFI y en la Secretaría de Seguridad Pública. Cárdenas Palomino es mejor conocido como el operador más notable del caso de Florence Cassez. En el 2012, cuando se retiró de la vida pública, fundó su compañía de servicios de seguridad, Adamantium, y fue contratado por un prominente grupo de medios de comunicación para ser el jefe de seguridad. 

Versiones periodísticas sugieren que en el sexenio de Enrique Peña Nieto se construyó un dossier de inteligencia militar con el que se pretendía abrir una investigación contra Cárdenas Palomino por abuso de autoridad y uso indebido del servicio público. Humberto Castillejos, el poderoso consejero jurídico de la Presidencia, habría frenado la investigación. Castillejos es cuñado de Cárdenas Palomino y, de acuerdo a fuentes cercanas al asunto, mantiene una cercana amistad con Genaro García Luna. 

Hoy, el ex consejero jurídico de la presidencia es, junto con Alberto Bazbaz, ex titular del CISEN y de la Unidad de Inteligencia Financiera, un sujeto de interés en una investigación federal sobre la operación del software de espionaje Pegasus, comprado a la empresa israelí NSO Group.También se les acusa de filtrar información privilegiada a grupos de la delincuencia organizada.

Es decir, el caso de Genaro García Luna podría ser la punta del iceberg de una trama de complicidades, tráfico de influencias y asociaciones criminales en las altas esferas del poder en México. 

El juicio contra el secretario de Seguridad Pública del sexenio de Felipe Calderón promete revelar nuevos nombres. Sin embargo, hasta ahora, la estrategia legal de García Luna ha sido el silencio: no se acogió a ningún programa de inmunidad o cooperación durante su primer aparición en la corte. 

No obstante, documentos del Distrito Este de Nueva York refieren que los fiscales americanos lo ubican como la pieza central de un ecosistema clandestino: “el acusado privilegió su ambición personal sobre sus deberes jurados como servidor público y aseguró el éxito continuo y la seguridad de una de las organizaciones criminales más notorias en todo el mundo”.