Hay de fiscales a fiscales

Bastaron unos meses para que el fiscal especial para investigar el Rusiagate de Donald Trump colocara a dos colaboradores cercanísimos al ahora presidente norteamericano bajo arresto domiciliario.

Pero lo mas sorprendente es que siete personajes mas, incluyendo el ex fiscal norteamericano Jeff Sessions; el ex consejero de Seguridad Nacional, Michael Flynn; el hijo del presidente, Donald Trump Jr.; su yerno, Jared Kushner y el abogado personal de Trump, Michael Cohen, están contra la pared.

Las investigaciones que encara Robert Muller generan  nuevos resultados por horas y el sistema político norteamericano se sacude hasta las entrañas, sin poder pronosticar el alcance del desenlace final.

Una película diametralmente opuesta a la que protagonizamos en México en donde los perseguidores, que son los fiscales, acaban siendo los perseguidos.

Raúl Cervantes y Santiago Nieto ya no despachan en sus fiscalías. El ex procurador prefirió renunciar, antes que servir de tapadera en el caso Odebrecht. Y el ex fiscal de delitos electorales denunció presiones de uno de los inculpados del caso y fue removido.

El castigo en México va para aquellos que desde la ley tienen la osadía de desafiar al sistema de corrupción e impunidad creado desde las mas altas cúpulas políticas y empresariales.

Ningún interrogatorio vale ni para los Emilio Lozoya o los Juan Armando Hinojosa, mucho menos para los extranjeros de OHL o Aldesa, que sobrefacturan y subejercen sus presupuestos, sin que nadie les exija responsabilidades.

La rendición de cuentas está en su punto mas bajo en la historia de nuestro país. Y todos los intentos por crear un sistema judicial anti-corrupción se congelan frente a la parálisis y el partidismo cómplice de un Congreso que no avanza.

Quizás porque esas cámaras son presididas por los maestros  de la corrupción, aquellos que desde hace mas de 30 años brincan de la cámara de Diputados a la de Senadores, observando la crisis desde la comodidad que les da un helicóptero oficial o el verdor de un campo de golf.

Lejos estamos en México de designar a un Rober Muller, quien en apenas cinco meses y con reservadas evidencias, fue capaz de obligar a un Paul Manafort a entegrarse para cooperar con la investigación del Rusiagate.

En México sabemos desde diciembre del 2016 que un alto funcionario de Pemex recibió 10.5 millones de dólares en sobornos de la constructora brasileña Odebrecht.

Vamos a cumplir ya un año con el caso a cuestas, con docenas de inculpados de alto nivel, incluyendo presidentes, purgando condenas en media docena de países latinoamericanos que encaran denuncias similares. En todos, menos en México.

Y el mensaje que el gobierno hecho sistema -y el sistema hecho gobierno- va dejando a su paso es que todo aquel que se atreva a exhibir a sus cómplices enfrentará las consecuencias con su renuncia o con su cese.

Nadie pagará jamás los platos rotos de una Línea 12 del Metro pobremente construida rodando sobre una aberrante red de corrupción; tampoco veremos a nadie en la cárcel por el Socavón del Paso Exprés de Cuernavaca o por las negligencias mortales del Colegio Rabsamén tras los pasados sismos de septiembre.

Si Robert Muller, el fiscal del Rusiagete, despachara en México, sería él quien estaría hoy bajo arresto domiciliario, con un grillete electrónico, lamentando ser el perseguidor perseguido.